Menosprecio a la autoridad

Los hechos de violencia y diversas fechorías cometidas recientemente por delincuentes de todas las pelambres en diferentes partes de nuestra geografía nos muestran que, lamentablemente, el país ‘perdió el año’ en el tema de seguridad, concepto vital que incorpora las bases fundamentales para mantener la paz, el orden y las libertades.

El respeto a las instituciones legítimas del Estado es imperativo para que la sociedad pueda convivir en armonía y para que el Gobierno cumpla adecuadamente la tarea para la cual fue elegido. No obstante, las recientes asonadas contra el Ejército Nacional nos muestran que hay provocación y menosprecio de la autoridad por parte de algunas comunidades.

La justicia debe ser oportuna para castigar a quienes han agredido a los miembros de la Fuerza Pública, y el Estado debe cumplir su tarea de mantener a la sociedad totalmente protegida de cualquier agresión y no impedir que los militares y policías cumplan con su tarea constitucional de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, así como hacer respetar por todos los ciudadanos a este instrumento de fuerza legal del Estado.

La seguridad es transversal a todas las actividades de una sociedad y se constituye en el motor de desarrollo, de inversión, de progreso y, por consiguiente, de la prosperidad de un país. Sin embargo, desde hace algún tiempo, se ha patrocinado el ultraje e irrespeto a la autoridad. Integrantes de la izquierda han apoyado a quienes subvierten el orden, haciendo aparecer falsamente la perturbación de la paz como un ‘estallido social’.

Paradójicamente, se premia la corrupción y a los que violan las leyes, así como se considera que quienes transgreden las normas y las disposiciones legales son los líderes; se han perdido los principios y valores en la familia y en la sociedad. La mala interpretación del precepto constitucional del libre desarrollo de la personalidad ha hecho que se pierda el control y la guía sobre los hijos, así como el respeto por los padres, la autoridad y los símbolos patrios.

Sin seguridad, siempre se llegará al caos, a la anarquía, a la pobreza y al subdesarrollo; esto es posiblemente el cambio prometido por el gobierno de izquierda en funciones, pues, al analizar los últimos 18 meses de ejecutorias de esta administración, se comprueba con tristeza cómo ha crecido la violencia en el campo y en las ciudades, cómo se han incrementado los cultivos de coca, cómo se ha encarecido la canasta familiar y cómo se afecta la economía.

Pero también la polarización de la población crece día a día, se deteriora la imagen del país en el exterior, se promueve un enfrentamiento violento por ideologías políticas, se busca afectar la economía con la suspensión de la exploración, explotación y comercialización de combustibles fósiles bajo el sofisma de la descarbonización del mundo; se puede decir que el balance del Gobierno está en números rojos.

Dentro de una estrategia equivocada en búsqueda de la ‘paz total’, el Gobierno se ha colocado al mismo nivel de los grupos delincuenciales. Así, el ELN seguramente aprovechará nuevamente las negociaciones para fortalecerse y continuar su carrera delictiva. Otras organizaciones fuera de la ley seguirán el mismo camino para obtener beneficios a costillas del Estado y seguiremos en la misma incertidumbre que genera la falta de seguridad.

La paz no llegará caída del cielo; se requiere que el Gobierno sea consciente de su papel frente a la sociedad y negocie sin entregar el país a los bandidos, sin afectar la democracia, sin ofender la grandeza y majestad del Estado y sin buscar beneficios para su ideología política.

Se debe recordar que la Fuerza Pública no tiene vedado el acceso a ninguna parte del territorio; probablemente, la acción violenta de las comunidades está motivada por la protección de actividades ilícitas que no pueden ser protegidas por las autoridades, como el cultivo de coca y la producción de narcóticos.

No se escuchan las voces del jefe de Gobierno ni del ministro de defensa condenando la asonada contra el Ejército ni defendiendo los derechos humanos de nuestros soldados. Quien impida la aplicación de la ley frente al ataque a la Fuerza Pública es cómplice del delito.