Ministerio de Agricultura o de la Expropiación: desafíos para la democracia y la propiedad privada

Después de revisar este artículo, resulta claro que nos encontramos frente a una serie de cuestionamientos cruciales sobre las políticas implementadas por el gobierno del cambio, las cuales plantean amenazas tanto a la propiedad privada como a la estabilidad democrática en Colombia.

Mi firme convicción de que “la democracia solo existe donde se garantiza la propiedad” me motiva a investigar y asegurar cómo la propiedad privada constituye un pilar esencial para el desarrollo económico, la libertad individual y la salvaguardia de los derechos humanos en una sociedad democrática.

Asimismo, la propiedad privada posibilita que los individuos ejerzan su autonomía y libertad al otorgarles el derecho de poseer, controlar y disponer legalmente de sus bienes. Esto implica que cada persona tiene el derecho de utilizar sus recursos conforme a sus preferencias e intereses, fomentando así la iniciativa individual y la responsabilidad.

Sin embargo, con las políticas actuales del Gobierno, queda patente que este no es su objetivo primordial, y los recursos para la adquisición de tierras provendrán del Estado y sus presupuestos. Esta determinación se estableció desde la misma campaña, cuando el gobierno del cambio colocó la propiedad en el centro de sus políticas, cumpliendo así las promesas del entonces candidato Gustavo Petro.

A lo largo de su carrera, Petro ha abogado por abordar la presunta concentración de tierras, aunque persiste la incertidumbre sobre quién será el beneficiario final de esta redistribución. Es importante recordar que en un momento tuvo que recurrir a una notaría, comprometiéndose bajo la figura de la autenticación notarial a no expropiar la tierra. Sin embargo, es evidente y categórico que esta situación no se ha cumplido ni se cumplirá.

Surge una inquietud significativa al examinar la aparente contradicción entre la adquisición voluntaria de tierras acordada con Fedegán y las indicaciones de una eventual expropiación, evidenciadas en el artículo 61 del plan de desarrollo y su correspondiente decreto reglamentario. Este cambio de perspectiva genera incertidumbre acerca de la auténtica voluntariedad en las transacciones de tierras.

1. ¿Quién determina a qué comunidades campesinas se les entregarán las tierras compradas a particulares y cuál es el mecanismo para garantizar que se convertirán en proyectos productivos?
2. ¿Implica la priorización de compras tierras en el Caribe y el Magdalena Medio para comunidades indígenas y negras un traslado desde el sur del país, y con qué objetivo?
3. ¿Cómo se asegura que estas comunidades no tienen afiliaciones políticas específicas relacionadas con partidos afines al Pacto Histórico?
4. ¿Se garantiza que una vez estas tierras cambien de manos no se verán involucradas en acuerdos con grupos al margen de la ley, ya sean guerrilleros o delincuencia común?
5. ¿Por qué estas políticas no se aplican en el sur del país y en la Orinoquía, donde hay tierras suficientes y altamente productivas?
6. ¿Es posible que Fedegán y los propietarios de tierras condicionen la venta a respuestas claras sobre la estrategia del Gobierno, para evitar convertirse en “tontos útiles” de políticas del foro de São Paulo, similares a las aplicadas en Venezuela?
7. ¿Será posible que el Gobierno condicione la no entrega de la propiedad de la tierra y solo busque un mecanismo jurídico de comodato y usufructo y así evitar la pérdida del patrimonio de los colombianos?

La falta de respuestas a estas preguntas cruciales destaca la necesidad apremiante de comprender no solo la realidad de la tierra en Colombia, sino también la verdad subyacente tras políticas que podrían transformar de manera irreversible la propiedad y la democracia.

En este contexto, es crucial dirigir un llamado específico a la ministra Mojica y a los líderes del Ministerio de Agricultura, señalando su papel en la estrategia gubernamental. Dada su posición al frente de una cartera tan relevante en este ámbito, se espera que respondan a estas preguntas y proporcionen claridad sobre las intenciones detrás de estas políticas. Su influencia y conocimiento en la legislación de tierras los sitúan como actores fundamentales en la toma de decisiones en este ámbito.

El llamado a la unidad y la vigilancia se presenta como imperativo. Los colombianos deben unirse para comprender y cuestionar no solo la verdad sobre la tierra en Colombia, sino también las reales intenciones detrás de las políticas que podrían tener un impacto profundo en la propiedad y la democracia. La acción colectiva se vuelve esencial para salvaguardar los fundamentos que sustentan la estabilidad y la libertad en nuestro país.

Creo que existe incertidumbre sobre lo que está sucediendo con la tierra, y es por eso que cada pregunta plantea la necesidad de obtener respuestas y comprender las posibles repercusiones para los colombianos.

En mi opinión, los partidos políticos y las altas cortes deberían examinar minuciosamente cada proyecto de ley presentado por el gobierno del cambio, evaluando cuál es la verdadera intención que subyace en estas leyes y cómo afectan la configuración de una política alineada con las ideologías de la izquierda radical, poniendo en riesgo la democracia colombiana que, de una u otra manera, ha perdurado en los últimos 200 años.

Es crucial que los ciudadanos colombianos tomen conciencia, ya que no estamos bajo el liderazgo de un gobierno que esté priorizando el bienestar de la población, sino más bien enfocado en la implementación de su propia agenda política. Por lo tanto, el llamado unánime que se escucha en todo Colombia no parece exagerado: ¡FUERA PETRO! ¡FUERA PETRO!