La oposición política es válida y necesaria, pues no solo ayuda a corregir posibles errores u omisiones del gobierno, sino que puede impulsar iniciativas de gran impacto e influir en decisiones del Poder Legislativo; las minorías no pueden imponer su capricho ideológico para que se gobierne el país a su antojo y las mayorías deben emplear los caminos legítimos para que la sociedad siempre se vea beneficiada, pues se gobierna para todos los ciudadanos, no solo para un reducido grupo de seguidores a los cuales se engaña con mentiras y falsas promesas, como lo hizo el desastroso gobierno ‘progresista’.
Las minorías han interpretado erróneamente que son las encargadas de entorpecer los avances e iniciativas del Gobierno, como lo está haciendo actualmente la desprestigiada izquierda que no supo ni pudo gobernar; estamos saturados de escuchar lo que hacen Petro y sus alfiles, pero no se puede dejar de mencionar el cinismo de las declaraciones de estos frustrados seudopolíticos que ni estaban preparados para gobernar, ni tampoco llegaron con ánimo para dirigir, sino que se presentaron llenos de odio hacia la sociedad a la que decían representar y con la meta de llenar sus bolsillos con los recursos del Estado a través de una corrupción rampante, muy probablemente consentida desde lo más alto del poder ejecutivo.
Las críticas permanentes que hacen los zurdos a las actuaciones del Gobierno mediante la guerra mediática, propagando falsas imputaciones y mentiras, tratando de generar un ambiente adverso para buscar adeptos a su ideología, solo logra profundizar la barrera creada por Petro durante los años de su desgobierno, donde la lucha de clases y el rechazo hacia quienes generan empleo fueron su ‘caballito de batalla’ para dominar a una parte cautiva de la sociedad; la libertad de expresión es válida, pero es inmoral lo que hace Petro en México acusando de ilícita la elección del presidente, buscando generar una atmósfera hostil hacia el país, lo cual debe ser castigado por la ley.
Nos encontramos en un mundo bizarro donde la izquierda logró consolidar la idea de que lo malo es bueno y lo bueno es malo, de que matar es bueno si lo hace un delincuente, pero es reprochable si el que dispara es un miembro de la Fuerza Pública en cumplimiento de su deber, de que no se puede atacar a un grupo de bandidos si estos tienen entre sus miembros a un menor de edad, pero que un menor de edad puede asesinar y su crimen quedar impune porque el jefe de Gobierno del momento ordenó protegerlo, o de que los bandidos salgan de la cárcel para asistir a manifestaciones políticas en apoyo al jefe de Gobierno de la época.
Sin lugar a duda, la separación de poderes es una de las mayores fortalezas de una democracia, pero debe existir un freno legal a decisiones incoherentes de algunos representantes del poder judicial que desconocen la realidad del conflicto en que nos ha mentido la izquierda mundial durante los últimos 60 años, cuando con apoyo de gobiernos comunistas los subversivos decidieron atacar a la sociedad colombiana para lograr el poder por el uso de las armas, esgrimiendo argumentos baladíes como las gallinas del siniestro Tirofijo; si se sigue apoyando el accionar delictivo de los narcoterroristas, nunca habrá paz en el país.
La historia nos muestra muchos ejemplos donde los delincuentes han logrado influir en decisiones que buscaron favorecer su actuar criminal, como es el caso de quitar la cárcel de Gorgona, ya que de allí no se podían evadir; lo mismo ocurrió con uno de los grandes carteles de la droga cuando impidieron la construcción de una escuela y un dispensario en Juanchaco (Valle del Cauca), porque temían que el gobierno de los EE. UU. apoyara las operaciones contra el narcotráfico y más recientemente, cuando el exministro Velásquez, hoy embajador ante el Vaticano, les dio ‘la llave de oro’ para protegerlos, decidiendo que donde hay menores de edad la Fuerza Pública no puede actuar.
Es increíble que un juez ordene suspender las operaciones legítimas de la Fuerza Pública aduciendo la presencia de menores de edad que han sido reclutados, entrenados y armados por los narcoterroristas, quienes los colocan en primera fila como ‘frente de batalla’, cuando las fuerzas del Estado actúan para proteger a la sociedad del accionar de los bandidos que asesinan, secuestran, extorsionan y cometen innumerables delitos. Claro que duele que un joven muera, así como cualquier otra persona, pero lo que el juez no entiende es que las balas de los bandidos también matan, no importa quién las dispare; un juez no puede impedir que se actúe para proteger a los colombianos, debería impedir que se reclute a los menores por parte de los criminales.
La inteligencia de la Fuerza Pública es excelente antes de cada operación, pero es imposible visitar los campamentos terroristas previamente a las operaciones para comprobar si hay o no menores de edad; estamos frente a una estrategia de los bandidos para maniatar a la fuerza pública y mantenerse protegidos, mientras que siguen aplicando la presión de las armas sobre los campesinos, explotando la minería ilegal y afectando el medioambiente, cultivando la coca y sacando del país la cocaína que les permite mantener la corrupción, continuar la guerra contra los colombianos y apoyar algunos candidatos en diferentes campañas electorales.
En síntesis, se puede asegurar que la Fuerza Pública no bombardea niños o jóvenes, sino que adelanta operaciones legítimas contra blancos legítimos, protegiendo a la mayoría de los colombianos. Que los delincuentes están reclutando menores de edad, como una estratagema que busca impedir la acción del Estado en su contra. Que la izquierda está empeñada en una campaña de desprestigio del actual Gobierno, la cual debe ser judicializada. Que las declaraciones públicas desvergonzadas de Petro, quien asegura que su ‘heredero’ Cepeda fue quien quedó elegido presidente, y de la congresista Zuleta del Pacto Histórico, quien asegura procazmente que Petro sigue siendo el presidente, deben ser llevadas ante las Cortes; qué desfachatez la de estos dos personajes.