NO CEDER

Que pensar de un país que en menos de un mes asesina la risa y le vuela los sesos a la
inteligencia? ¿Qué decir de una Nación que masacra a sangre fría a sus más insignes y auténticos
pacificadores? ¿Qué hacer en un lugar donde el régimen del miedo se convierte en un modo de vida y la
incertidumbre en una cruel certeza cotidiana? Para quienes ven su futuro y el de sus hijos en Colom-bia, una
cosa: no rendirse. Porque si alguna lección nos dejaron Jaime Garzón y Jesús A. Bejarano, y muchos otros
mártires anónimos de esta guerra fratricida, es que los colombianos no podemos dejarnos arrodillar por la
sevicia y cobardía de unas minorías violentas _de derecha o de izquierda_ que aprietan el gatillo pero no se
atreven a dar la cara.
Los colombianos de bien, en cambio, están en el deber moral de levantar la frente y reaccionar ante el
cañón inquisidor de los violentos si aspiran a vivir en un mejor mañana. Mientras la sociedad esté dispuesta a
no dejarse intimidar por las balas, nuestros gobernantes están en la obligación de no ceder ante quienes
empuñan las armas. Sobre todo en los temas fundamentales del conflicto armado.
Desde hace unas semanas, uno de estos temas tiene enfrentados al gobierno y a las Farc: la ley de canje.
Tema que ha sido propuesto, impulsado y liderado por el propio 'Tirofijo'. A simple vista, el canje parece una
ingeniosa figura humanitaria que permite el intercambio de los soldados y policías secuestrados por las
Farc por guerrilleros presos en las cárceles. Sin embargo, tal intercambio tiene hondas repercusiones
políticas, jurídicas y éticas para la estabilidad de la democracia. Y aquí ni el gobierno, ni el Congreso, ni el
país _si se llegase a una improbable consulta popular_ pueden ceder.
La obsesiva insistencia de 'Tirofijo' en lograr un 'intercambio de prisioneros' tiene sus explicaciones. Según la
legislación internacional este intercambio sólo puede ser posible de Estado a Estado y, por lo tanto, con ese
acto se le estaría aceptando a las Farc su carácter de fuerza beligerante. Que, dicho sea de paso, le permitiría
a las Farc realizar empréstitos con otros países, abrir sedes diplomáticas y hasta firmar tratados
internacionales.
De otro lado, cualquier tipo de intercambio de prisioneros le enviaría nefastos mensajes tanto a quienes están
en las trincheras de la guerra como a quienes se encuentran en la búsqueda de la paz: ¿con qué moral va a
combatir un soldado si sabe de antemano que le va mejor rindiéndose? O en caso contrario, ¿qué destino
diferente al fusilamiento puede tener un prisionero de guerra _sea del bando que sea_ si sus captores saben
que puede ser liberado? El gobierno, con el Presidente a la cabeza, no puede permitir que en la apresurada
búsqueda de la paz se legitime el secuestro como un instrumento de extorsión político.
El debate del canje, que va al corazón de la democracia, es esencial para que el gobierno (en el que recae el
manejo del orden público) le deje muy claro al país hasta dónde llegan los linderos del Estado de derecho y
cuál es la frontera que divide lo jurídicamente posible de lo éticamente viable. Un canje _aun si se incluye a
todos los civiles_ transgrediría los principios del Estado de derecho al equiparar el estatus de los guerrilleros
capturados con el de los soldados secuestrados. En estos casos no pueden primar las razones emotivas y
humanitarias de coyuntura, ni los perversos chantajes sicológicos, sino que deben prevalecer las razones de
Estado que garanticen la seguridad de todos los colombianos en el largo plazo.
Tiene que encontrarse entonces alguna otra fórmula para liberar a todos los soldados y policías y los casi
500 civiles secuestrados por las Farc. La 'Comisión del Canje' del Congreso ha hablado de una
"excarcelación de guerrilleros que no tendría efectos jurídicos sobre sus procesos" que, a fin de cuentas,
no es sino un eufemismo jurídico ya que esa figura tiene casi los mismos efectos éticos, políticos y
sicológicos de un canje.
En este sentido, es muy posible que en cuanto a lo jurídico se logre una fórmula. Sólo basta con
moldear la plastilina del inciso. Pero falta ver qué lectura puede tener esto en la comunidad internacional,
donde ya hay ciertos delitos de lesa humanidad que no son amnistiables, como el genocidio y las
masacres. Y donde el secuestro se encuentra todavía en la penumbra del derecho penal internacional ya que
hasta ahora no ha habido pronunciamientos definitivos de unas cortes que están recién creadas.
Es absolutamente imperativo buscar la forma de que las Farc liberen a todos los secuestrados que tienen en
el territorio. Y que acabemos de una vez por todas con el dolor y el sufrimiento de tantas familias que han
sido víctimas de esta guerra. Pero no puede ser mediante la presión del secuestro, la extorsión o
cualquier otro acto de barbarie que se llegue a un acuerdo. Ante estas contorsiones del terror, el
Estado y la sociedad sólo pueden tener una respuesta: ni un paso atrás.