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Enrique Gómez Martínez Columna Semana

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No entreguemos las estufas a Maduro

Mientras se frena la exploración gasifica y petrolera en el país, des estimulada por la tributaria, los costos sociales y ambientales y la rampante inseguridad, se avanza a marchas forzadas en la negociación de la compra de gas venezolano.

15 de abril de 2024

En el vertiginoso despliegue de iniciativas gubernamentales enfocadas a financiar el populismo barato y peligroso con el que Petro pretende quedarse en el poder, no cabe duda que después de la toma de la salud y la entrega del territorio a la guerrilla, el manejo del sector energético representa uno de los más severos riesgos para el futuro de la democracia colombiana.

La pretensión del Gobierno de adoptar el control tarifario, frenadas por el momento por el Consejo de Estado, apuntan a generar, en el momento adecuado, sin criterios técnicos o financieros, una rebaja de las tarifas del servicio eléctrico en la costa y otros mercados electorales críticos para el Pacto Histórico.

Sin mucho margen de maniobra fiscal, los pagos diferidos y subsidios de gobiernos anteriores no parecen una posibilidad.

Por eso, acudir al ahogamiento financiero, emulando la ruta de las EPS, parece una ruta viable para los operadores del petrismo. El objetivo es tomar posición en la cadena de valor eléctrico. En asocio con oscuros empresarios del petrismo, tomar control de comercializadoras que han anunciado ya su incapacidad de pagar a los generadores la energía que compran.

¿Por qué empezar por aquí? El contacto directo con el cliente, las bases de datos y la factura son herramientas valiosas de mercadeo político en caso de una reducción a la brava de tarifas. Por otra parte, a pesar de ser un sector fuertemente regulado, no quedaría claro que una descabezada Creg pueda impedir a una comercializadora bajar unilateralmente sus tarifas al público.

¿Cómo se financiaría esta iniciativa? Las comercializadoras del “gobierno”, cuyo control tomaría vía ejecutiva, recibirían cuantiosos créditos puente del Findeter y otras entidades del nivel central, así no los puedan pagar, mientras se impacta el ánimo del votante enervado por los costos de su factura de electricidad.

En esta ruta poco importa si posteriormente es viable el funcionamiento del mercado. En un segundo gobierno del Pacto Histórico, la estatización de la cadena de valor de energía eléctrica sería inevitable y el presupuesto nacional encajaría los sobrecostos mediante “madurazos” y con el respaldo jurídico del mandato popular constituyente.

Lo importante para Petro es lograr el raponazo electoral con medidas populistas de corte peronista que tan bien le sirvieron al dictador argentino, con el cual Petro tiene tantas afinidades.

Convencido Petro que, así como en el sector de hidrocarburos, solo basta enchufar una motobomba para extraer petróleo o en el sector cafetero solamente basta arrimar al árbol para tener el fruto, hará creer que la energía se produce sola esperando a que llueva o haga sol.

Lo grave de esta ruta es que para la enorme mayoría de los usuarios de cualquier estrato, sobre todo en la costa Atlántica, los efectos de esta apuesta populista les trae sin cuidado. Apostar a la reducción arbitraria de tarifas, desde Perón al Petro alcalde, es eficaz y altamente efectivo. Petro puede contar con la lealtad de mucho usuario si le mete dinero cada mes en el bolsillo. Si el sistema se revienta en 2027 o después, a los usuarios no les interesa.

Sabemos que ahuyentar a la inversión extranjera y quitarles sus activos no es visto por el gobierno como un efecto colateral. Es uno de los objetivos y herramientas determinantes del petrismo. ¡Que se larguen de una vez por todas, que no hacen, sino robar, dicen a toda hora!

Mientras se frena la exploración gasifica y petrolera en el país, des estimulada por la tributaria, los costos sociales y ambientales y la rampante inseguridad, se avanza a marchas forzadas en la negociación de la compra de gas venezolano.

Esta operación, realizada en desmedro del aumento de la producción nacional, representa un riesgo significativo para el futuro geopolítico del país y para la democracia.

Aquí no solo asaltan las dudas morales en cuanto a un eventual negociado de corrupción en donde Petro se esforzó colocando en su momento a Benedetti como alter ego de los corruptos operadores de PDVSA.

El negociado será que parte de los pagos, o anticipos incluso, que llegue a realizar Colombia se transformen en un chorro de efectivo para comprar votos y conciencias en nuestro país de cara a los procesos electorales de 2026.

Además, las divisas colombianas entrarían a soportar la dictadura de Maduro en medio de la reimposición de sanciones y de cara al proceso electoral venezolano.

El tirano y su alumno lograrían así servirse recíprocamente de pie de amigo, apoyándose en los retos venideros para mantenerse en el poder.

Hacia el futuro, el derrumbe de la producción nacional de gas entregaría un poder enorme a Venezuela sobre aspectos críticos de nuestra economía, en la generación eléctrica y en el uso domiciliario.

Con cerca de 11 millones de hogares beneficiados y 35 millones de colombianos dependiendo del gas para la operación de su cocina y sus calentadores, entregarle una porción de la oferta, así sea marginal, a Maduro sin una capacidad propia y local de suplirla con nuestra propia producción, le permitirá al socialismo bolivariano sojuzgar al próximo gobernante de Colombia, sea o no de la izquierda.

Este sometimiento energético, como lo padece de manera dramática Europa en la actualidad, en su versión tropical y con interlocutores perversos y violentos como Maduro, puede generar el caos que le permita a la guerrilla y a Petro consolidar su permanencia en 2026 o su retorno al poder en 2023. Por eso el 21 abril ¡GAS VENEZOLANO NO!

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