Fue un acierto sacar del Palacio de Nariño el sombrero de Pizarro y la sotana del cura que traicionó sus ideales cristianos. Con más razón aún, era necesario retirar la propaganda electoral del líder del M-19 y de Jaramillo del Museo Nacional, así como el recuadro con las banderas de las Farc, el ELN y el M-19 encabezando un mensaje que hace apología del terrorismo.
Justifican la expansión de esas tres bandas criminales (ellos mismos las igualan, aunque existen diferencias) por “los gobiernos represivos del Frente Nacional y subsiguientes presidentes” que no se ocuparon de los “sectores menos favorecidos” y, por tanto, provocaron “la radicalización y el crecimiento de las guerrillas durante la década de 1980”.
Como era previsible, la ultraizquierda reaccionó lanzando improperios. Si tuvieran un sincero anhelo de que las futuras generaciones vivan algún día en paz, dejarían de ensalzar la violencia como medio de imponer ideas. No pueden seguir empeñados en trastocar los principios, en amparar a los criminales y legitimar el recurso a las armas.
Si las hermanas Pizarro y demás miembros del Pacto Histórico fuesen valientes y se comprometieran con la verdad, antes que ensalzar a los armados, lamentarían las muertes y el sufrimiento que causó el M-19, y admitirían su responsabilidad en el sanguinario asalto al Palacio de Justicia. Que reconozcan que la guerrilla no entró agitando banderas blancas y entonando cánticos de hermanamiento, sino con gritos de muerte, disparando fusiles de manera indiscriminada y asesinando inocentes.
Y la ultraizquierda no ocultaría las orgías de sangre y terror que protagonizó el otro Pizarro, Hernando, con su frente Ricardo Franco, disidencia de Farc y M-19. Torturaron y masacraron a 164 jóvenes que soportaron en Tacueyó unos abominables horrores.
Lo minimizaron tanto que, en uno de mis viajes a dicho corregimiento de Toribío, norte del Cauca, en marzo de 2016, encontré el esqueleto, en perfecto estado, de una adolescente de aquellos años terribles. Colgaba del techo de un salón de la “Institución Educativa Quintín Lame” y lo estudiaban en las clases de anatomía. Guardaban el de plástico, dañado, en un armario. “Ese resiste mejor”, me explicaron con absoluta normalidad. A nadie se le ocurrió llevarlo a Medicina Legal para identificar su identidad y aliviar el inconsolable dolor de la familia de una desaparecida del Ricardo Franco.
Ahora voces del Pacto Histórico califican a Carlos Pizarro de “héroe de la paz” y tildan de fascistas, de asesinos, a quienes mandaron a los sótanos del Museo unas fotografías. Supongo que las mismas invectivas dedicarán a los millones de ciudadanos que aplauden la medida.
Algún día existirá un museo del eterno conflicto armado, en el que deberán dejar espacio para ampliarlo porque no ha terminado. Será la ocasión para mostrar lo ahora retirado, pero en salas donde las víctimas sean las protagonistas absolutas y no sus victimarios, por mucho que muriesen asesinados. Porque en la pared del Museo Nacional que quedó desnuda, cabría decirle a la exsenadora María José Pizarro que no “proscribieron” a su papá, como afirmó indignada en un trino, sino a los colombianos que padecieron las injustificables violencias de los tres grupos glorificados.
Además de que no exhiben arrepentimiento alguno. Lo demostraron con las recientes protestas, con el expresidente que alardeaba de haber participado en la lucha armada y con el grupo de marchantes que el miércoles portaba una enorme pancarta con el lema: “M-19, más que un movimiento político, una esperanza para Colombia”. No contentos con la frase ignominiosa, tuvieron el descaro de pasearla ante el Palacio de Justicia que sus admirados guerrilleros arrasaron.
Y puestos a suprimir símbolos, cabe sugerir borrar el grafiti con la cara de Camilo Torres, que trocó la sotana por un fusil para matar policías y militares, pintado frente a la empresa Ecaaas de Saravena. La entidad, que los lugareños asocian al ELN, no contenta con exaltar su figura con su rostro pintado, le rindió un sentido y polémico homenaje en febrero de 2025, un pésimo ejemplo para los menores de edad en un pueblo que padece el yugo de esa banda criminal.
Nada de eso existiría si Colombia contara con una ley que castigara “la apología del terrorismo” y eliminaran del Código Penal el exabrupto llamado delito de rebelión, delito político en lugar de terrorismo. No tiene sentido mantenerlo cuando a las Farc les regalaron absoluciones y los demás tuvieron sus oportunidades de conseguir lo mismo.
Llegará el momento en que Colombia comprenda que no nos libraremos de la violencia si continuamos por la senda de enaltecer a los bandidos y desdibujar los valores y principios. Y de acusar de “buitres de la guerra” a los críticos de un proceso de paz mal planteado mientras alaban a los autores de crímenes de lesa humanidad.
Es hora de cambiar la narrativa y erradicar la perversa simbología para empezar a enderezar el rumbo.