Comunidad y Desarrollo

Para los inicios del 2015 le espera al presidente Santos un año bastante agitado en cuanto a la educación pública superior, es apenas lógico que tan delicada situación se aborde con verdadero sentido de responsabilidad, puesto que la actual crisis universitaria está tocando a miles y miles de jóvenes que estando ad portas de terminar sus estudios, se enteran de que la universidad de la cual están próximos a egresar no está reconocida, o era aprobada sólo parcialmente, en muchas casos  con varias facultades suspendidas.

Tal situación es considerada de marca mayor, es apenas lógico que la angustia cunda en todas las sociedades y comunidades a las cuales pertenecen los jóvenes universitarios: sus progenitores que ven frustradas las esperanzas de ver a su hijo profesional; los colegios de bachillerato de donde egresaron muchas veces con calificaciones de alta calidad, y su entorno familiar y social, que se ven totalmente afectados.

Pero ¿por qué semejante debacle en la universidad pública? Hay que trasladar esta pregunta al Ministerio de Educación Nacional, especialmente en el cuatrienio anterior, cuando se desempeñó como ministra de Educación Maria Fernanda Campo; es imposible que no se hubiera percatado de semejante elefante que muy horondamente se paseaba por todo el país vendiendo ilusiones académicas, en desmedro de nuestras juventudes estudiosas.  

Menos mal que la actual ministra de educación, doctora Gina Parody, anda con las pilas puestas, buscando soluciones que permitan a los estudiantes no perder el semestre, ni mucho menos las carreras profesionales que con tanto sacrificio han adelantado en las 37 universidades públicas dispersas por todo el país, que hoy en día se encuentran seriamente cuestionadas por la mala calidad de su pénsum académico, deficiencias administrativas y escaso presupuesto.   

El campanazo de alerta sobre esta crisis lo dio la universidad San Martín, cuando un grupo de jóvenes empezó a ver que su situación académica distaba mucho de su formación profesional y que sus directivos no les ponían la cara para atender sus inquietudes, derivadas de la mala calidad administrativa y asistencial que recibían, con el deficiente deterioro de sus instalaciones, hasta llegar al colmo de que varias veces los servicios básicos de agua y luz han sido suspendidos por falta de pago.

Los 37.000 universitarios de la San Martín y los 4.000 funcionarios dispersos en las 17 sedes que existen en las diferentes ciudades del país –muchas de ellas cerradas– están pidiendo a gritos al Gobierno, que por favor les solucione tan grave situación, puesto que sus directivos, con excepción de unos pocos, irresponsablemente le están sacando el cuerpo a semejante embrollo donde hay: robos, peculados, desviación de fondos destinados al pago de nóminas y gastos de funcionamiento, entre otras anomalías.

Pero a medida que se ha venido avanzando sobre la problemática universitaria, se llega a conclusión que la crisis abarca tanto a la universidad pública como a la privada, es decir, que el futuro de muchos de nuestros jóvenes profesionales en Colombia es aún más incierto.

Con las nuevas reformas educativas las 32 universidades públicas pasaron de tener 200.000 a 500.000 universitarios, con el grave inconveniente de que no estaban preparadas para enfrentar el aumento poblacional que se triplicó sin ninguna medición a futuro, parecería que los directivos, por ganarse los beneficios del Estado, midieron su capacidad en cantidad, mas no en calidad profesional y de presupuesto.

Haciendo una evaluación de las universidades que actualmente se encuentran en el ojo del huracán por malos manejos académicos y presupuestales, se llega a la conclusión de que son más de un millón los jóvenes que en estos momentos ven frustradas las ilusiones de culminar sus estudios superiores, por culpa de las improvisaciones del mismo Gobierno, que no ha optado por una vigilancia especial para meter en cintura a una serie de instituciones pirata que han hecho de la educación todo un negocio, sin sentido alguno de responsabilidad profesional, social y académica, robando el sueño de miles de jóvenes que han confiado su futuro profesional en ellas.    

La deficiencia en la calidad de  la educación superior en nuestro país se evidencia en la inmensa cantidad de profesionales que anualmente egresan y no encuentran una oportunidad laboral para poder despegar, se ha llegado al colmo de que varias empresas le exigen al recién egresado experiencia laboral, cuando la verdad es que apenas empieza a ofrecer sus servicios.

Hace falta que el Congreso de la República legisle sobre asunto tan delicado; la responsabilidad profesional no solamente depende del recién egresado sino de las empresas privadas, que por ley deben abrir espacios justos y reales para su despegue a la vida profesional.  

De otra parte, la oferta y la demanda laboral profesional en Colombia debe ser tema obligado del Ministerio de Educación, para que evalúe si el centro académico próximo a abrirse además de reunir todos los requisitos de ley, tiene la viabilidad de ofrecer carreras que le permitan al futuro profesional no tener tropiezos en el desempeño de su vida laboral.

Toda universidad, antes de aventurarse a abrir nuevas facultades, debe presentar para su aprobación un estudio lo suficientemente sustentado sobre la oferta y la demanda laboral de los profesionales que van a egresar y en lo que sea posible hacer convenios con las empresas públicas y privadas para que sus pasantías sean dentro del mismo roll profesional.

El Ministerio de Educación y el Icfes deben estar a la vanguardia de todos estos temas, para que los futuros profesionales no tengan que empezar a padecer el viacrucis de un empleo, que muchas veces se les convierte en el peor fiasco de su vida, puesto que finalmente tienen que aceptar uno que no corresponde a su nivel profesional y académico; es muy común ver profesionales de la medicina, abogados, economistas o de otras profesiones, desempeñándose en actividades  que no corresponden a su formación académica.
  
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