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O el que paga por pecar

En su declaración, Yidis recuerda que después de votar por la reelección, ‘‘el presidente me llamó a agradecerme y a decirme que lo pactado sería cumplido’’

Daniel Coronell
19 de abril de 2008

El delito se llama cohecho. Lo comete el servidor público que recibe dádivas, o la promesa de que le serán otorgadas, a cambio de ejecutar acto propio de su cargo o de incumplir un deber. También incurre en cohecho quien da o quien ofrece esos beneficios a un servidor público. La ley establece que es tan grave dar como ofrecer y que la sola aceptación de la promesa configura el ilícito.

Pues bien, la ex representante a la Cámara Yidis Medina reveló -el 8 de agosto de 2004 y frente a una cámara de Noticias Uno- que decidió votar a favor del acto legislativo que permite la reelección presidencial a cambio de tres puestos específicos en el Magdalena Medio: el Seguro Social, el Sena y la Red de Solidaridad. Además, según ella, el gobierno le ofreció un consulado para un miembro de su grupo político.

Yidis involucra en estos ofrecimientos a Sabas Pretelt, ministro del Interior en ese momento; al entonces secretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez; al ministro de Protección, Diego Palacio, y al propio Presidente de la República.

En su relato -grabado dos meses después del decisivo voto 18 en la comisión primera-, Yidis cuenta que los ofrecimientos empezaron en el despacho del secretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez: "Cuando llegué a la oficina, me dijo: no doctora, pida lo que necesite que nosotros le vamos a cumplir, nosotros necesitamos que este proyecto de acto legislativo pase".

La conversación, en la que estuvo presente el principal de la lista de Yidis, Iván Díaz, fue interrumpida por la llegada del presidente Uribe: "Entonces ellos se fueron y yo me quedé con el Presidente. Entonces el Presidente me dijo que por favor lo ayudara, que mire que eso era hacer patria, que lo que se hablara con Alberto Velásquez y los compromisos y lo que yo pidiera, lo hablado y lo pactado sería cumplido, que él era un hombre de palabra, que era un hombre responsable".

Asegura la ex congresista que la negociación quedó en manos de dos altos funcionarios: "La orden fue dada por el Presidente y quien lo dijo fue el secretario general y el doctor Sabas que dijo que por encima de su cadáver se tenían que cumplir los compromisos de gobierno". Además de los tres cargos mencionados, según ella, el mandatario le hizo otra oferta: "Un consulado ofreció el Presidente, pero más para después".

Yidis añade que también habló de su voto con el ministro Diego Palacio: "Claro, con el Ministro de Protección Social hablamos, él pidió también colaboración. Él habló más con Teodolindo que conmigo. Pero sí, también intervino en esa decisión".

En su declaración, la ex parlamentaria recuerda que recibió una llamada importante, después de votar a favor de la reelección: "El Presidente me llamó al siguiente día, después de que votamos, a agradecerme y a decirme que todo lo hablado y lo pactado sería cumplido".

Al comenzar la grabación que contiene estos detalles -y algunos más- acordamos que el video se haría público si algo le sucedía a Yidis Medina. Sin embargo, cuando finalizaba la conversación, le pregunté nuevamente por las circunstancias que permitirían la publicación, ella, sorpresivamente, añadió otra: "En el evento que el gobierno no sea serio con sus compromisos"

Yidis públicamente ha declarado que no le cumplieron. Está surtida la condición puesta por ella misma. Aceptó, además, en reuniones que sostuvimos el 3 y el 6 de abril, que rompió el pacto. Sin embargo, el jueves pasado me mandó un mensaje buscando evitar la publicación.

Por el compromiso con la fuente mantuve inédito el video por tres años, ocho meses y 12 días. Pero ahora nada debe impedir que el país conozca esa verdad.

No disculpo a Yidis, pero entiendo su angustia. Es la más débil de todos los involucrados en la compra-venta de su voto. A ella la procesaría la Corte Suprema de Justicia, mientras que la suerte de Sabas Pretelt la decidirá su antiguo viceministro Mario Iguarán, coautor del proyecto de reelección, y al Presidente lo investigará la comisión de acusación de la Cámara, compuesta por 15 miembros, 10 de los cuales hacen parte de la coalición de gobierno.

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