Opinión
Petro, mejor extradición de Antonio García que bombazos
Pese al caudal de evidencias, la UNP y el Gobierno siguen respondiendo a su evidente peligro con humillante indiferencia.
Lo repetiré las veces que haga falta así caiga en saco roto: a Luis Naranjo lo quiere asesinar el ELN y lo ha intentado en cuatro ocasiones. En la última –30 de octubre pasado– hirieron de gravedad a dos de sus escoltas y él salió ileso de milagro.
Cuando tres días después el ministro de Defensa ofreció 1.000 millones de pesos de recompensa por información que ayudara a evitar atentados contra líderes políticos y sociales, parecía que obedecía alcitado intento de asesinato. Pero la propuesta se debía a la acalorada denuncia de su compañero Benedetti por unos supuestos drones sobrevolando su casa. Un fuerte contraste entre la atención brindada al responsable de Interior y la nula que recibió Naranjo.
Vino a reforzar la inevitable conclusión de que la vida de un colombiano que denuncia de manera abierta y valiente los crímenes del ELN en Arauca no vale tanto como los temores, fundados o infundados, del íntimo del presidente. ¿O será que rige la máxima de que a la guerrilla socia de Maduro ni con el pétalo de una rosa?
Ha transcurrido un mes desde el ataque a Naranjo con guerrilleros armados de fusil, a plena luz del día y en un barrio tranquilo de Saravena, y la única solución que le brindan es que no vuelva a su pueblo. Ni haga campaña por De la Espriella o el Centro Democrático en ese departamento de absoluto dominio del ELN.
La Policía y el Ejército tienen pleno conocimiento de que la mencionada banda criminal, dedicada en Arauca al narcotráfico, el contrabando, la extorsión, el sicariato, el lavado de activos, la política armada y el secuestro, quiere matar a toda costa a Naranjo. Le siguen los pasos desde hace rato y están dispuestos a mandarle al cementerio con francotirador, explosivos o cualquier modalidad terrorista, según informe de inteligencia.
Dicho organismo calificaba en agosto de “riesgo inminente, grave y concreto” la situación de Naranjo. Un mes más tarde lo atacaban en Saravena. Pese al caudal de evidencias, la UNP y el Gobierno siguen respondiendo a su evidente peligro con humillante indiferencia. Omiten su obligación de garantizar a un político opositor el derecho a hacer proselitismo de cara a unos comicios.
Ante la desidia estatal, el objetivo militar del ELN radicó una solicitud para que refuercen su esquema de seguridad a fin de retornar a su tierra. Lo lógico sería que atendieran su petición de inmediato. Y, aunque algunos consideren robusto el sistema asignado –dos camionetas y seis escoltas–, los hechos demuestran que resulta insuficiente para una región donde el Estado, a pesar del despliegue de batallones, se ve superado por los terroristas del ELN.
Por eso sorprende que propusieran como solución llevar su caso ante el Cormpe, entidad que estudia el riesgo de los políticos que participan en las elecciones del año próximo. Es decir, no les bastó que aparecieran de la nada una partida de guerrilleros disparando a Naranjo y sus guardaespaldas e hirieran a dos de gravedad para tener la absoluta certeza de que la protección asignada era insuficiente.
De pronto es otro ejemplo de la inequidad a la que se refiere Petro. Mientras que a su privilegiado primogénito le acompaña una caravana de camionetas blindadas, cuando solo recibe amenazas tuiteras intrascendentes y debería estar preso, Naranjo no cuenta con vehículos de máximo blindaje.
Más de un lector podría pensar que no merece la pena salvaguardar a un político sin el renombre de un cachaco, que mejor salga de Arauca o del país, para ahorrar gastos. Es decir que no solo regalemos a los autores de crímenes de lesa humanidad falsas negociaciones de paz, tribunales inocuos, curules y condenas de pacotilla, sino que les entreguemos otro Caguán, fronterizo con Venezuela, donde silencien las voces críticas.
Llevo lustros denunciando la falta de democracia en Arauca, el control social y político del ELN y sus aliados civiles. Las Farc mantuvieron una cuota de poder hasta hace unos meses, pero en su última guerra con el ELN fueron derrotados y Antonio Medina terminó cediendo casi todos sus feudos. Ya antes de esa postrera confrontación, Maduro los había expulsado de su santuario y luego los diezmó el Gobierno de Iván Duque en suelo colombiano al dar de baja a 27 de ellos, incluido su jefe máximo, Arturo.
Fue cuando Medina quedó al mando y guerreó con el ELN. Pero después de decenas de civiles asesinados por ambas guerrillas y de sangrientos combates, vencieron los esbirros de Antonio García y Pablo Beltrán, capos que residen entre Cuba y Venezuela, bajo el amparo de las tiranías castrista y chavista.
De ahí que resulte sospechoso que el Gobierno de Gustavo Petro, que bombardea a las Farc de Mordisco para demostrar a los gringos que no merecen figurar en la Lista Clinton, no pida a sus amigos Díaz-Canel y Maduro la extradición de esos dos matones del ELN. Sería un paso sencillo y no conllevaría aniquilar la vida de guerrilleros adolescentes a bombazos.
