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Didier Alberto Tavera Amado.
Director de Fededepartamentos
Didier Alberto Tavera Amado. Director de Fededepartamentos - Foto: SEMANA

Plan de Desarrollo, un esfuerzo integrador

¿Cuáles serán las condiciones para sustituir un programa de anualidades por uno cuyos ejes sean los programas?

Por: Didier Tavera

La construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo plantea enormes desafíos, pero al mismo tiempo abre espacio a fórmulas imaginativas que ya comenzaron a ser discutidas en los escenarios de los diálogos regionales convocados por el Gobierno Nacional para que la concertación se convierta en faro y guía de ese trascendental proceso.

Las primeras cartas las puso sobre la mesa el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, partidario de integrar tres instrumentos clave, el Presupuesto Nacional, el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías para concebir un modelo de programas por presupuesto que corresponda a las prioridades del país y de aquellas regiones donde es urgente cerrar enormes brechas en el ámbito del desarrollo social y económico.

Discutible, pero de insoslayable interés, esa propuesta apunta -desde la perspectiva de su autor- a corregir las perniciosas fallas que trae consigo un presupuesto definido por anualidades, en el que proliferan los gastos de destinación específica y en el que se generan siempre enormes asimetrías entre el gasto y la inversión social.

La discusión tendrá en breve un escenario privilegiado: la Cumbre Nacional de Gobernadores que sesionará el primer fin de semana de octubre en Florencia, Caquetá, compuerta de entrada a la región amazónica y territorio que ha venido abogando por el impulso a procesos de integración a través de esquemas asociativos y de las sinergias entre la Nación y la Región, indispensables para edificar el nuevo PND.

Es positivo que el Gobierno Nacional busque reivindicar el enfoque regional del Plan y es valioso también que lo haga al señalar metas claras e impostergables como el fortalecimiento de la capacidad fiscal de las entidades territoriales a través de la integración de dinámicas regionales y nacionales para potenciar, por ejemplo, el recaudo del impuesto predial, especialmente en zonas rurales, y los cobros por congestión en proyectos de infraestructura en los que participe el sector privado.

Con base en esos criterios, el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo en ciernes ha definido ya sus primeras líneas para facilitar la integración propuesta. Una de ellas se relaciona con el impulso a procesos de ordenamiento territorial para armonizar los POT y para lograr que la evolución del catastro supere el rezago histórico que lo ubica apenas en un 40 por ciento de avance, en detrimento de la capacidad fiscal de las regiones.

La segunda línea es la que el gobierno denomina la seguridad humana, que trasciende el uso de los recursos militares y de policía e incorpora el desarrollo, la educación y la salud.

La seguridad alimentaria tendrá un lugar privilegiado, pues los actores que participan en la concertación están de acuerdo en que el sector agrario debe ser revitalizado porque no coincide con sus realidades el hecho de que el país esté importando cerca de 15 millones de toneladas de alimentos anualmente. El presupuesto proyectado inicialmente para 2023 reserva un monto de $1,3 billones para la modernización del sector agropecuario que, en ese contexto, luce insuficiente.

Otro punto focal será la transformación de la matriz energética, un aspecto sensible que requerirá mucho más que fórmulas de equilibrismo entre la productividad y preservación del medioambiente. En la transformación tendrán mucho que decir las regiones como el Magdalena Medio, donde es cierto que la producción petrolera contrasta con niveles de pobreza y marginamiento que han de ser atacados a fondo.

¿Cuáles serán las condiciones para sustituir un programa de anualidades por uno cuyos ejes sean los programas? ¿Cuáles serían las medidas concretas para conseguir la integración propuesta? ¿Cuáles serán las estrategias para darle nueva sustancia y dinámica a la ley de ordenamiento territorial en ese contexto? ¿Cuáles deben ser las decisiones específicas para darle vigor a la capacidad fiscal de los departamentos y municipios? Las regiones tienen mucho que aportar para resolver esos interrogantes.

Esperamos entonces que sean tenidas en cuenta las propuestas construidas desde las regiones para consolidar el enfoque diferencial y territorial de la carta de navegación del desarrollo nacional.