Dios, protégenos de los laboratorios farmacéuticos

El gobierno le acaba de imponer a la industria farmacéutica la obligación de reportar y registrar en un sitio web sus invitaciones y regalos a médicos y otros profesionales de la salud, investigadores, sociedades científicas, etc.

Es una buena medida para conjurar la mala influencia de los laboratorios sobre los principales actores del sector, en particular los médicos, el “yo te invito, tú me recetas” y otras prácticas que generan pérdidas multimillonarias al Estado y a los particulares. Positivo, pero aún insignificante para meter en cintura a esa industria, un oligopolio en el cual 25 empresas dominan 50 por ciento del mercado mundial, cuestionado porque trafica abiertamente con la vida, con la ley y con la muerte.

Para entender de lo que son capaces los laboratorios para impulsar ventas a través de la estrategia de influenciar médicos y asociaciones basta citar la crisis que vive Estados Unidos por la sobredosis de heroína, que ocasionó 64 mil muertes tan solo en 2016, más que todas las víctimas de ese país en Vietnam y Afganistán.

Para ampliar negocios y disparar utilidades varios laboratorios -Purdue Pharma, Teva, Cephalon, Johnson & Johnson, Janssen- fomentaron en los últimos años la venta masiva de analgésicos opioides. Desde el comienzo saltaron voces desde la comunidad médica que alertaron acerca de la naturaleza adictiva de esos fármacos. Una investigación reciente del Washington Post denunció que los laboratorios manipularon médicos y organizaciones como la Fundación contra el Dolor, para eludir los señalamientos y hacer creer que sus opioides eran “seguros y eficaces”. Y lograron lo que no habían podido los actores tradicionales del narcotráfico: manipular al Congreso de Estados Unidos para paralizar acciones de la DEA sobre el tema. Con base en esas maniobras, en 25 años multiplicaron exponencialmente sus utilidades –llegaron a más de 300 millones de recetas/año- al incalificable costo de popularizar la heroína entre personas del común, de todas las edades, que se volvieron adictas, vía los analgésicos.

Una investigación publicada en el American JournalofPublicHealth indica que entre agosto de 2013 y diciembre de 2015, ParduePharma y otras farmacéuticas pagaron más de 46 millones de dólares a más de 68 mil médicos en Estados Unidos a través de comidas, viajes y honorarios para incitarlos a recetar opioides.

En Colombia no impulsaron ese negocio pero desde el año 2003, cuando lograron del gobierno Uribe la insólita liberación total de precios y de controles, desataron un asalto de grandes proporciones a los dineros de la salud, que hasta ahora ha sido imposible de detener. Los recobros al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) por servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), pasaron de 4.244 millones de pesos en 2003 a 2,2 billones en 2010, 70 por ciento por medicamentos que se recobran a precios astronómicos, una rapiña en la cual participan individuos, EPS, intermediarios y políticos, siempre en beneficio de los laboratorios.

Nada es improvisado ni casual con la industria farmacéutica. Son especialistas en desplegar su inmenso poder económico para lograr normas y leyes a la medida de sus intereses, sin considerar los daños que ocasionan a la salud y la vida de millones de personas. En Colombia, a través de su asociación, Afidro, combinan todas las formas de lucha para evitar reducciones de los astronómicos precios que cobran por algunos medicamentos. Aquí también contratan a los mejores abogados y lobistas para contrarrestar medidas que afecten sus ingresos, para aplastar adversarios o para eludir y evadir los controles.

El récord de los últimos años es impresionante. Demandaron la regulación de precios que inició el Ministerio de Protección Social en 2012. Demandaron el decreto 1782 que garantiza la apertura de competencia con biotecnológicos, que revolucionaría la realidad económica del sector en favor de los pacientes. Demandaron el artículo 72 del Plan de Desarrollo que crea un nuevo marco de control de precios basado en la eficacia terapéutica de los fármacos. Demandaron la declaratoria de interés público -para bajar el precio- del famoso y ultra costoso Glivec del laboratorio Novartis, para la leucemia, que realizó el Ministro de salud Alejandro Gaviria. Ganan unas y cuando pierden controvierten y reacomodan la interpretación de los fallos. En lo de Glivec el gobierno dio vía a la decisión del ministro pero al mismo tiempo los laboratorios lograron que expidiera el decreto 670 de 2017 para impedir que esa iniciativa se pueda aplicar a otros productos.

Entre tanto el sistema de salud sigue recibiendo facturas multimillonarias que lo siguen hundiendo en la crisis. En el año 2013 se expidió una regulación basada en precios de referencia internacional (PRI), que a través de cinco circulares logró regular y disminuir considerablemente los precios de más de 800 medicamentos. Diferentes factores, entre ellos la presión de los laboratorios, han impedido incluir nuevos fármacos en la lista -seguimos con los de 2013 con incrementos anuales por inflación-. En pocos días y después de un tortuoso proceso entrarán 222 medicamentos más a control de precios como parte de la política de estímulos a la competencia, compras centralizadas y transparencia con las que el gobierno sigue su lucha desigual para controlar los excesos de las farmacéuticas.

No será fácil. No se enfrentan con cualquiera. Por ejemplo los Sackler, dueños de Purdue Pharma, el laboratorio del OxyContin que impulsó los opioides, están entre las familias más ricas de Estados Unidos con una fortuna de US$13.000 millones de dólares. Son filántropos, mecenas de arte, influyentes, “gente bien” como los demás dueños de laboratorios -el Afidro del mundo- así sus decisiones, su captura del Estado y su desaforado afán por el dinero, se construya sobre la muere de millones de personas en todo el planeta.

@germanmanga