Presidente, respeto por las víctimas del M-19

El 6 y 7 de noviembre de 1985 la barbarie se hizo carne en el Palacio de Justicia. Ese miércoles 6, cuando el reloj marcaba las 11:30 a. m., el M-19 entró a sangre y fuego por el parqueadero del edificio. Unos minutos antes, Alfonso Reyes Echandía se reunía con el mayor Eliseo Naranjo, encargado de la seguridad del Palacio. Le inquietaba saber por qué habían retirado 22 hombres de Policía del edificio, si semanas antes se había descubierto un plan del M-19 para atentar contra el Palacio.

El magistrado Carlos Medellín, de la Sala Constitucional, se despidió esa mañana de su esposa Susana y de sus hijos. Llevaban meses pidiéndole que renunciara a la Corte, desde que empezaron las amenazas de Pablo Escobar. “Nadie se va a retirar”, había dejado claro Medellín. Era la misma actitud valiente que había mantenido el magistrado Fabio Calderón Botero, de la Sala Penal, ante el ruego de su familia de que renunciara tras las amenazas de los extraditables. “Si renunciara, dejaría de ser yo”, les dijo Calderón.

Era una Corte amenazada por haber autorizado las primeras extradiciones contra los narcotraficantes.

Ese 6 de noviembre, además, sobre las 11:00 a. m., la Sala Constitucional definiría el futuro de la extradición, con una ponencia de Manuel Gaona Cruz. El domingo antes de la toma, Gaona reunió a sus hijos y les dijo: “A mí me van a matar. Quieren obligarme a hacer algo indebido, pero no lo voy a hacer”.

A las 11:30 de ese miércoles se abrió paso la muerte en el Palacio.

Los magistrados quedaron atrapados ante el asalto de los guerrilleros del M-19. Al despacho de Alfonso Reyes Echandía llegó el comandante Luis Otero, que le exigía que el presidente Belisario Betancur se hiciera presente para adelantarle un juicio político.

A los pocos minutos, el Ejército llegó también a repeler el ataque del M-19. Magistrados y funcionarios quedaron atrapados en sus oficinas ante el fuego cruzado.

Sobre las 3:00 p. m. el país escuchó la voz de Reyes Echandía en la radio: “¡Cese al fuego, por favor! ¡Que cesen los disparos! Aquí hay civiles inocentes, magistrados, mujeres... por favor, cesen el fuego”. Reyes pidió hablar con el presidente Belisario Betancur, pero jamás le pasó al teléfono.

En la oficina 414, Fanny González, la primera mujer magistrada de la Corte, hablaba por teléfono con su hermano Otoniel y le narraba los horrores que se vivían. Hacia las 4:30 p. m. golpearon su puerta. “Somos guerrilleros del M-19”. González le dijo a su hermano: “Muero defendiendo la justicia”.

Estos magistrados fueron mártires, al igual que decenas de funcionarios y civiles que cayeron junto a ellos. Algunos de sus cuerpos quedaron reducidos a cenizas, tras el voraz incendio que inició sobre las nueve de la noche. Otros fueron llevados por los guerrilleros como rehenes al baño del tercer piso, en lo que se convirtió en el último recodo con vida en Palacio.

Ya es 7 de noviembre. Cerca de 60 rehenes y 10 guerrilleros al mando de Andrés Almarales tratan de sobrevivir. A las 2:30 el Ejército detona la pared del baño. Todos vuelan hacia un costado. Almarales ordena ejecutar a los últimos magistrados. Solo unos pocos logran escapar. Algunos de los que escapan desaparecieron a manos del Ejército.

El saldo total de muertos del holocausto no se sabe con certeza. Se habla de 40 guerrilleros, 11 militares y policías, 15 civiles y 50 funcionarios, entre ellos los 11 magistrados. 12 personas jamás aparecieron.

La verdad de lo que pasó en esas horas de muerte quedó enterrada en un pacto de silencio histórico. Es como si el afán de mantener la paz firmada con el M-19 y de avanzar en la reconciliación que buscó la Constitución de 1991 hubiera hecho que todos se callaran. El expresidente Belisario Betancur murió sin contar la verdad de esas horas en las que se dice hubo vacío de poder. Jamás se investigó el rastro de las manos asesinas de Pablo Escobar. Los militares no contaron de dónde vinieron las órdenes de pasar por encima de los civiles ni qué hicieron con los desaparecidos. El M-19 nunca habló de cómo se gestó la toma ni quién la financió, y resulta que ahora ninguno de sus excombatientes participó en la toma o supo de ella. Al menos eso dicen.

Pero lo más aberrante 40 años después es la actitud asumida por el presidente Petro como exmiembro de esta guerrilla. No le bastó ondear la bandera del M-19 frente al Palacio de Justicia a la par de la bandera tricolor. Ahora ha decidido negar la responsabilidad de esta guerrilla en la muerte de los magistrados. “El informe científico forense hecho por la justicia colombiana sobre los cadáveres de los magistrados asesinados en el Palacio de Justicia o fuera de él… determinó que ninguna bala proveniente de armas del M-19 se encontró en los cuerpos de los magistrados asesinados…”, escribió. Incluso repitió incansablemente que su teoría era ratificada por el hijo de Manuel Gaona Cruz.

¿Cuál informe forense, si los cuerpos de los magistrados del cuarto piso quedaron reducidos a cenizas? ¡Ni siquiera hubo cuerpos!

El mismo Manuel Gaona Becerra le contestó: “Lo invito y conmino entonces a que no se equivoque conmigo, y haga de su indemnidad e inexorable culpa delictiva un bacanal más! La verdad histórica y la memoria colectiva de la nación… es un indeleble y perenne recordatorio de su ignominia y la de sus secuaces, la cual indefectiblemente se avallasará sobre usted”.

El presidente Petro no respeta el dolor de las víctimas del Palacio, que son también sus víctimas. ¿A dónde quiere ir con este negacionismo y estas ansias constantes de hurgar en las heridas del país y verlo arder?

“No se pueden reivindicar actos de violencia que generaron tanto dolor”, dice Helena Urán, hija del abogado Carlos Horacio Urán.

Presidente, ya que no tiene la gallardía de reconocer responsabilidades, al menos guarde silencio por la memoria de las víctimas.