¿Proceso con las Farc frenaría Justicia y Paz?

En los pasillos de las unidades de fiscalías de Justicia y Paz hay rumores de que la negociación del Gobierno Nacional con la guerrilla de las Farc podría, inicialmente, disminuir y hasta paralizarse la intensidad de las audiencias de versiones libres, escenario donde los exparamilitares postulados a la Ley 975 deben confesar todos sus delitos. La razón es sencilla: están pendientes de lo que vaya a ocurrir en materia de beneficios jurídicos y políticos con los insurgentes.
 
Prestigiosos abogados de exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) recluidos en las cárceles del país y de Estados Unidos ya están revisando normas, procesos, leyes y todo lo que sea significativo para el interés de sus defendidos con el fin de comenzar a poner el debate cuando sea el momento oportuno y exigir simetría en el tratamiento que podría dársele a los guerrilleros de las Farc.
 
Por el momento, los juristas, junto con sus clientes, están en jornadas de estudio y observando el devenir de las discusiones para estar preparados cuando, desde el próximo 8 de octubre en Oslo, Noruega, se comiencen a dar pasos, ojalá definitivos, hacia la terminación del conflicto armado con la guerrilla de las Farc.
 
¿Qué puede pasar si hay inconformidad entre los exparamilitares con los acuerdos que se vayan alcanzando en la mesa de negociaciones a la que se sentarán Gobierno y guerrilla? Que se dilate aún más el proceso de verdad que se inició ya hace ya siete años y lo que se ha venido contando se modere aún más, y la información sobre lo ocurrido en diversas regiones del país en desarrollo del proyecto paramilitar se reduzca a una confesión a cuenta gotas, que no responde de ninguna manera a un proceso de justicia transicional.
 
Si bien hay evidencias claras que han servido para desentramar parcialmente el proyecto contrainsurgente e involucrar a empresarios, políticos y miembros de la Fuerza Pública en ese desangre nacional, aun falta mucho por contar. Así por lo menos lo dejó establecido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el concepto emitido el pasado 14 de agosto, que avaló la extradición a Estados Unidos de José del Carmen Gelves Albarracín, alias ‘El Canoso’, exintegrante del Bloque Norte de las AUC: “después de siete años de instrumentalizarse el proceso de justicia y paz, quienes se han acogido a dicho trámite no han contribuido en forma real, eficaz y transparente al esclarecimiento de la verdad, como tampoco con la finalidad de reparar a las víctimas”.
 
Y si en un escenario sin proceso de paz con la guerrilla de las Farc no se ha contado todo, mucho menos se avanzará cuando las negociaciones vayan originando acuerdos que sean en extremo generosos en materia de participación política y beneficios jurídicos con los insurgentes. Por lo menos así lo vienen planteado en voz baja algunos abogados y exparamilitares.
 
Pero así como la expectativa por la verdad no se ha cumplido a cabalidad, tal como se propuso al comienzo del proceso, tampoco se lograron concretar algunas propuestas planteadas por los jefes de las AUC cuando decidieron sentarse a una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. Basta recordar el discurso de Salvatore Mancuso Gómez pronunciado el 1 de julio de 2004, durante la instalación oficial del “Proceso de Negociación entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia” para determinar que, desde esa orilla, fue también un proceso fallido.
 
Mancuso Gómez afirmó en esa ocasión: “para eliminar toda posibilidad que conduzca a un nuevo resurgimiento de la opción armada antisubversiva, nosotros como Autodefensas Campesinas avanzaremos, no hacia la desaparición como organización, sino hacia la transformación en un movimiento político de masas a través del cual la retaguardia social de las Autodefensas pueda constituirse en una alternativa democrática que defienda, custodie y proteja los intereses, derechos y demandas de nuestras comunidades ante los poderes del Estado”.
 
¿Dónde quedó esa idea y muchas otras más? El proceso de negociación con las AUC ha sido un camino pedregoso, lleno de baches, con rutas improvisadas y rodeado de traiciones de lado y lado: los poderosos jefes paramilitares no dejaron sus actividades delictivas, entre ellas la más rentable, el narcotráfico; y en respuesta a eso, y pese a existir soluciones jurídicas en la Ley 975, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez decidió extraditarlos a Estados Unidos en mayo del 2008.
 
Hace un par de días, el diario El Espectador reveló apartes de un documento titulado “La paz con grandeza, de todos y para todos”, en el que varios jefes paramilitares, recluidos en cárceles colombianas y estadounidenses, expresaron su satisfacción por el inicio de los diálogos con la guerrilla de las Farc, pero según el diario, reclamaron que se cuente con ellos “para seguir construyendo entre todos la paz sin exclusiones”.
 
El temor que tienen los otrora comandantes de distintos bloques y frentes articulados a las AUC es que se privilegie a la insurgencia en aspectos que a ellos se les negó: “esto no sería justo, no contemplaría la igualdad de derechos entre combatientes que fuimos de lado y lado, y sembraría la duda sobre la naturaleza de los marcos jurídicos y políticos acordados entre Gobierno y guerrillas; además dejaría en miles de desmovilizados y millones de compatriotas el sabor amargo del distinto rasero utilizado”.
 
Hay pues un ambiente esperanzador en las próximas conversaciones entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, pero algunos exparamilitares de las AUC están a la expectativa, con reservas, y pensando en callarse y esperar, en las frías celdas, noticias de los avances del proceso de negociación. Si no los satisfacen los acuerdos que se vayan dando y no ven equilibrio con su proceso, es muy probable que la verdad del proyecto paramilitar se silencie definitivamente, jamás sepamos quiénes fueron los verdaderos responsables de tanta barbarie, se oculten a quienes desde diversas instancias del Estado incitaron la solución contrainsurgente y a miles de víctimas se les niegue el derecho a saber qué pasó con sus muertos y sus propiedades.
 
* Periodista e investigador.