Seguridad, elecciones y democracia

Recientemente la Defensoría del Pueblo presentó la ‘Alerta Temprana Electoral 2025-2026′, que busca orientar a las entidades estatales en la implementación de acciones para garantizar los derechos y libertades políticas en la próxima contienda electoral. El documento establece que hay 649 municipios en alerta electoral y requieren especial atención, (62 acción inmediata, 162 acción urgente y 425 acción prioritaria) que podrían llegar a 865 si se suman las 216 que requieren una acción preventiva. Esto representa más del 70 % de los municipios del país y coincide con lo manifestado por la misma defensoría, en su informe del 16 de febrero de 2025, donde indica que “el 73 % de los municipios del país están bajo la influencia de grupos armados ilegales”. Por su parte, el Gobierno nacional establece que, al menos, 104 municipios presentan grandes riesgos para las elecciones.

Es evidente que la situación de seguridad en Colombia plantea hoy un desafío crítico para la estabilidad democrática. El debilitamiento de las Fuerzas Armadas, sumado a coyunturas en la dinámica operacional, afecta la capacidad del Estado para garantizar el orden público, la defensa de la soberanía y la protección de los derechos ciudadanos. Este escenario genera incertidumbre frente al proceso electoral de 2026 y exige condiciones de seguridad plenas, que eviten cualquier forma de intimidación o presión por parte de grupos armados ilegales.

Entre las principales causas de este debilitamiento se encuentra la reducción progresiva del pie de fuerza, la disminución real de los presupuestos, y las limitaciones en equipamiento, movilidad, adquisición de nuevas tecnologías y apoyo logístico. A ello se suma la falta de seguridad jurídica, derivada del restringido Fuero Penal Militar y de las dificultades de comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que ha impactado la moral y la confianza de las tropas.

Adicionalmente, la política exterior del actual gobierno ha incidido en el deterioro de alianzas estratégicas con socios históricos como Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, reduciendo el margen de cooperación en materia de defensa. Por su parte, la ambigüedad de la llamada Paz Total ha generado confusión en la Fuerza Pública, dificultando su accionar frente a la multiplicidad de grupos armados ilegales y evidenciando la incapacidad del Estado para ejercer control institucional en amplias regiones del territorio nacional.

Este panorama se complica aún más con la “descertificación” de Colombia por parte del Gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Aunque se mantiene la cooperación institucional, por interés nacional, este hecho representa un riesgo reputacional y mayores controles sobre los recursos de cooperación. Lo más preocupante, sin embargo, es el desconcierto en las unidades militares, derivado de la falta de claridad en el direccionamiento estratégico y de una genuina voluntad política, debilitando así la cohesión institucional y la capacidad de respuesta frente a los crecientes desafíos de seguridad.

La democracia colombiana depende, en buena medida, del compromiso y transparencia en la realización de las elecciones de 2026. El Estado en su conjunto —Fuerzas Militares y de Policía, Poder Judicial, entes de control, Registraduría y Consejo Nacional Electoral— debe garantizar a los ciudadanos el derecho a acudir a las urnas de manera segura, libre de presiones y amenazas. La presencia de veedores internacionales imparciales, junto con el desempeño íntegro de jurados y testigos electorales, será determinante para preservar el Estado de Derecho.

Hoy más que nunca, el pueblo colombiano debe respaldar a la Fuerza Pública en su tarea de proteger las elecciones y asegurar la estabilidad democrática. La defensa de la democracia no es solo un deber de las instituciones: es una responsabilidad colectiva que requiere compromiso, unidad y vigilancia permanente.