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Alejandra Carvajal, columnista
Alejandra Carvajal, columnista - Foto: Foto suministrada por la columnista a SEMANA

Senador Barreras, la libertad de prensa es un derecho y debe respetarse

Los ataques que ha recibido SEMANA por parte del senador Barreras son inaceptables. Los colombianos debemos condenar estos hechos.

Por: Alejandra Carvajal

El gobierno de Gustavo Petro está dando pasos agigantados para convertirse en una dictadura o régimen, muy similar a lo que ya hemos visto en Venezuela o Nicaragua. Justamente su alianza con estos países, así cómo con Rusia e Irán, muestra el giro que está dando la política exterior de nuestro país.

Un sello indiscutible de estas dictaduras es el amedrentamiento a la prensa. Los señalamientos de Roy Barreras, presidente del Congreso de la República, a la Revista Semana y a su directora son inaceptables. El hecho ha sido tan grave que la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) hace pocas horas calificó sus actuaciones como “un ataque al ejercicio periodístico” que “va en contravía de sus obligaciones como funcionario público”.

Las declaraciones de Barreras fueron inmediatamente respaldadas por el presidente Petro y por buena parte de su gabinete. Están completamente alineados, y detrás de ellos las bodeguitas y la primera línea.

Pero si queremos saber qué tan lejos puede llegar este Gobierno en materia de libertades, de restricción a los medios y debilitamiento de la democracia, con el fin de ser lo más objetiva posible, quiero reproducir un texto de José Luis Chea Urruela, excandidato presidencial y exministro en Guatemala, publicado hace pocos días en el diario El Periódico de ese país y titulado “Cigig, la penúltima batalla de una guerra sin final”.

Este texto es de gran relevancia, pues muestra lo que fue para muchos sectores la estancia de Iván Velásquez, nuestro ministro de Defensa, en ese país.

Dice el exministro Chea: “La Cigig se instaló en Guatemala durante 13 años (2006-2019), de los cuales su tercer y último comisionado Iván Velásquez estuvo a cargo 6 años, del 2013 al 2019. En el 2015, el Presidente Pérez Molina, presionado por el embajador de Estados Unidos en Guatemala le renovó el mandato. Meses después, Pérez y su vicepresidenta fueron encarcelados y llevados a juicio, mediante un golpe blando orquestado por la Embajada y la Cigig”.

Continúa el relato diciendo que Velásquez, durante su gestión en la Cigig “engolosinado, comenzó a confundir los tiempos jurídicos con los tiempos políticos, se alejó de su mandato para politizar la Cigig, propiciando la candidatura de la entonces Fiscal General para la presidencia de la república, proponiendo para ello reformar la ley electoral…”.

Las persecuciones, detenciones que muchos califican ilegales y actuaciones con un alto sesgo ideológico, fueron características durante la estancia de nuestro actual ministro de Defensa en la Cigig. Solo me resta decir que, como consecuencia del ambiente polarizado y el excesivo poder de Velásquez en un país que no era el suyo, fue declarado persona no grata y hasta el día de hoy no puede ingresar al territorio guatemalteco.

¿Por qué esperar entonces algo distinto de Velásquez en Colombia, siendo claro que continúa con el mismo sesgo ideológico? Ahora su poder es superior al que tenía en Guatemala, tiene en sus manos a toda la fuerza pública, así como el dominio de las centrales de inteligencia. Su reunión con Vladimir Padrino, ministro de Defensa venezolano, y la urgencia que este país ha demandado en restablecer primero relaciones en materia militar que en el área diplomática con Colombia son, para mí, hechos aterradores.

A estas alturas, los colombianos debemos estar más que preocupados. Esto no es un chiste. No es un juego. La democracia está realmente en peligro.

Muy sabiamente la Flip, a propósito de los trinos del senador Barreras, advirtió que cuando este “infiere que un contenido puede ser un delito, sin aportar pruebas, como lo hizo en su cuenta de Twitter, busca deslegitimar el trabajo de un medio y pone en riesgo a las y los periodistas que ahí trabajan”.

Luego de ver que se hacen señalamientos a SEMANA desde el poder ejecutivo y el legislativo, debo decir a título personal que la revista no tiene garantías, así cómo varios de sus miembros, empezando por su directora. Si algo llegara a pasar a algún miembro de SEMANA, inmediatamente apuntaré hacia el Gobierno y al Ministerio de Defensa por no dar la protección debida a ellos y a sus familiares.

Quiero dejar constancia de estos hechos, pues espero que esta columna sirva de testimonio para los organismos nacionales e internacionales sobre lo que pudiera llegar a pasar. Insisto, la libertad de prensa, de expresión y la democracia están en juego. Solo me resta decir al senador Barreras, que es un hombre tan poderoso, que respete la democracia, que utilice su poder para el bien de todos los colombianos por encima de sus intereses partidistas o personales. Que por favor dé ejemplo.