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¿Señor procurador, señor contralor, qué pasa con la validación de títulos en el exterior?

El trámite no puede convertirse en sinónimo de negación o incluso, de inercia total, pues como lo hemos aquí señalado, son muchísimos los casos de personas que nunca han obtenido siquiera una respuesta de parte de la administración.

Marco Tulio Gutiérrez Morad, Marco Tulio Gutiérrez Morad
14 de octubre de 2019

Resulta muy triste tener que acudir nuevamente a esta columna de opinión para abogar por los profesionales de distintas ramas del conocimiento que en forma implorante acuden a nuestra pluma para abogar por su dolorosa situación frente a la total desidia de la ministra de Educación y del Gobierno nacional, a la hora de implementar un tramite simplificado y eficiente para la homologación de un titulo obtenido fuera del país.

En reiteradas oportunidades hemos propugnado por esta inverosímil situación, en una de esas ocasiones hablamos de un profesional que fue galardonado con la distinción del mejor médico del mundo en cirugía cerebral -Noticias Uno se ocupó igualmente del tema- y casi por arte de magia, o mejor, ante el bullicio levantado por el caso, el doctor Sergio Torres fue llamado al despacho de la ministra y su validación fue resuelta en forma favorable. 

Pero cientos de profesionales no han corrido con la misma suerte, varios de ellos tuvieron que viajar a otros países para ejercer en su especialidad. Alemania, por ejemplo le permitió a Carlos José Ramírez Hanke lo que Colombia le negó, cirujano plástico con seis años de especialización con posibilidades de ocupación en prestigiosos centros médicos no pudieron validar por el capricho de algún burócrata de cuarta categoría o el desprecio directo de la ministra o del viceministro de Educación y los pares del Ministerio de Salud. Tuve oportunidad de sentir el dolor de este joven y escuchar su rabia e impotencia, perdimos el más preparado de los cirujanos plásticos por cuenta, reitero, de la indolencia de nuestros ministros y burócratas ineficientes.

Me cuentan de tragedias de tipo personal muy agudas incluso hasta de casos de intento de suicidios frente a esta terrible paradoja, una profesora de una Universidad de Medellín que enseña su materia, pero no puede ejercer la práctica por carecer de validación que lleva tres años de trámite en el ministerio. Otro caso de una médica viuda, que presentó su validación hace diez meses, madre de un menor con discapacidad, y que a la fecha no le han respondido siquiera al primer requerimiento documental que no debe demorar más de un mes.

Podría seguir contando casos, incluso, algunos que rayan con lo absurdo, un neurólogo oriundo de los Llanos Orientales, que después de prepararse en el exterior quiere ejercer su profesión en aras de otorgarle sus conocimientos a su región pero no lo puede hacer porque no tuvo respuesta a su validación, óigase bien, nunca, recibió respuesta alguna de la administración. Asimismo, el caso de un profesional que en vista de la total inercia del ministerio a la hora de validar su título de especialista, vive en el exterior y debe trabajar en una ambulancia a fin de poderse ganar la vida dignamente y lograr socorrer a su padre que padece una gravísima enfermedad.

¿Qué ocurre? es la respuesta que pido a nuestros jefes de los órganos de control disciplinario y de control fiscal determinen para poder contarle a más de 500 profesionales sin trámite de su homologación como profesional en Colombia después de endeudar a sus padres y ellos mismos sin opción ni futuro en nuestra patria.

De antemano pido excusas a mis lectores por ser reiterativo en este asunto particular, sin embargo es menester advertir una y otra vez que estamos ad portas de una bomba procesal que está en cualquier momento a punto de estallar, configurando un daño inconmensurable para las arcas estatales, pues son cientos, casi miles los ciudadanos que han sido vulnerados y han sido victimizados en un obrar antijurídico por parte de la administración, en particular por el Ministerio de Educación,  que de manera irresponsable ha omitido sus obligaciones legales y ha tornado el trámite de validación u homologación de títulos en un periplo imposible, plagado de inconsistencias y arbitrariedades. 

Por ejemplo, conocí el caso de un profesional que en el exterior estudió con otros colombianos, al graduarse y regresar todos al país, iniciaron el mismo trámite de validación, y curiosamente  solo a uno le convalidaron el título y a los otros, que incluso contaban con mejores calificaciones se les negó por causas que nada tenían que ver con alguna prohibición legal o técnica, sino por un inexplicable juicio de valor de un funcionario.

Es claro que la función del Ministerio de Educación es la de velar por la calidad de la educación en nuestro país, y es absolutamente natural que esta entidad, abogue por los mejores estándares e indicadores al momento de realizar las homologaciones de los títulos obtenidos fuera del país, pues es apenas obvio que el ministerio carece de facultades directas para vigilar o controlar a las instituciones universitarias foráneas. Sin embargo, el trámite no puede convertirse en sinónimo de negación o incluso, de inercia total, pues como lo hemos aquí señalado, son muchísimos los casos de personas que nunca han obtenido siquiera una respuesta de parte de la administración.

Es claro que ante las irregularidades que se han presentado particularmente con las especializaciones en cirugías estéticas en otros países, el ministerio sea sigiloso y cuidadoso a la hora de revisar las universidades extranjeras, pero lo que no puede suceder es que adoptemos una normatividad totalmente restrictiva que va en detrimento de los derechos fundamentales de miles de ciudadanos, que gracias a monumentales esfuerzos personales, económicos y familiares han logrado obtener un título en una universidad en el exterior, titulo que ha trascendido las propias dificultades de idiomas extranjeros, climas adversos, culturas abruptas, para llegar a Colombia a enfrentar el más ridículo de los obstáculos; el de la homologación estatal.

Conozco bien al señor procurador y al señor contralor general de la nación y los insto a realizar una convocatoria pública de estos profesionales para que en audiencia pública oigan de primera mano todas las irregularidades y vicisitudes que han de enfrentar las personas que deben convalidar un título en Colombia, estoy seguro de que quedarán perplejos y aterrados ante la dimensión de este problema. Queda en manos de ustedes resolver estas súplicas.

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