Home

Opinión

Artículo

OPINIÓN

Sindicatos de fachada

Son más de medio centenar de sedes sindicales de fachada las que han sido identificadas por las autoridades, solo una docena han podido ser intervenidas y temporalmente selladas (entre tres y diez días). Hasta ese punto llegan las competencias policiales, que vale la pena resaltar NO tienen ningún apoyo del Ministerio del Trabajo para poner orden y sentar medidas que contengan esta criminalidad disfrazada de sindicalismo.

Daniel Mauricio Rico, Daniel Mauricio Rico
9 de diciembre de 2019

Este artículo habla de la vinculación de sindicatos en delitos serios que están afectando la seguridad en Bogotá, pero antes de contar la historia de cómo unos hampones encontraron en la protección al régimen sindical la manera de delinquir con plena impunidad, es necesario aclarar que esta práctica no vincula (por lo menos hasta ahora) a ninguna de las centrales obreras ni a los sindicatos más reconocidos de alcance nacional. 

El modus operandi lo descubrieron las autoridades por accidente, ocurrió durante el levantamiento de un cadáver a principios de este año, era un procedimiento judicial que parecía de rutina, un caso de sobredosis dentro de un amanecedero es algo trágico pero no inusual, lo raro apareció cuando al reseñar el lugar este aparecía registrado como “sede sindical”. 

Las sedes sindicales empezaron a proliferar en las zonas de rumba con la entrada en vigencia del código de policía, esta ley buscaba acabarles el embuste de simular ser clubes sociales o centros culturales para burlarse los horarios y los controles. Cuando veían cerrarse esa ventana legal con el código de policía, los abogados de los malandrines encontraron la forma jurídica de abrir otra, y por eso se le midieron a registrar prostíbulos, ollas, sopladeros y amanecederos como sedes sindicales, evadiendo las normas y blindándose frente a las inspecciones policiales.  

En medio del hiper-garantismo judicial que nos caracteriza, resulta más fácil descifrar el genoma humano que lograr una orden de allanamiento para una sede sindical. Un policía o un inspector queda inerme frente a la puerta de un rumbeadero disfrazado de sindicato, no importa que de puertas para adentro en la “sede sindical” se expenda 2C-B (la mal llamada cocaína rosada), se venda trago adulterado, se promueva la prostitución infantil o se monten casinos ilegales, tal y como lo han demostrado las investigaciones de la Policía y la Secretaría de Seguridad del Distrito. 

En la localidad de Engativá opera las 24 horas del día y los 365 días del año el prostíbulo Mora-Mora en un segundo piso con vidrios polarizados, esta “sede sindical” tiene su casa matriz registrada en los Llanos Orientales, esta distancia territorial le agrega un elemento adicional al acertijo operativo porque implica la coordinación de autoridades judiciales de diferentes jurisdicciones. En la zona rosa opera otra “sede sindical” especializada en fiestas swingers, el establecimiento tiene dos puertas, por la de la izquierda se anuncia que es un sindicato y quienes ingresan por primera vez deben firmar el libro del sindicato, por la puerta de la derecha entran y salen clientes de otro rumbeadero que internamente se conecta con el primero.

Son más de medio centenar de sedes sindicales de fachada las que han sido identificadas por las autoridades, solo una docena han podido ser intervenidas y temporalmente selladas (entre tres y diez días), solo hasta ese punto llegan las competencias policiales, que vale la pena resaltar NO tienen ningún apoyo del Ministerio del Trabajo para poner orden y sentar medidas que contengan esta criminalidad disfrazada de sindicalismo. Lo que sí sobran son las demandas y acciones judiciales de los abogadas pillos contra los policías, demandantes que sin agüero les ponen tutelas para proteger su derecho al trabajo y han subido más de una queja a la OIT, alegando que la Policía viola las convenciones laborales a la libertad sindical y protección del derecho de sindicación. Lo perverso ha sido que la OIT sin entender o preocuparse por entender la situación, le responde a las autoridades en tono amenazante. 

Al igual que el Ministerio del Trabajo, las centrales obreras y los sindicatos se han mantenido al margen de este asunto, sin reconocer que sus organizaciones también tienen mucho en riesgo en cuanto a reputación o los efectos de improvisados cambios normativos. Ambos lados de la mesa de concertación laboral deberían tener claro que a nadie le favorece que un derecho constitucional esté siendo usado como barrera protectora de la ilegalidad y de paso comprender que la única solución de fondo depende de ellos, y no de las acciones tan limitadas que pueden hacer los policías. 

¿Cuántos más muertos necesitan los sindicatos y el Ministerio del Trabajo para reaccionar?

Noticias Destacadas