Por naturaleza, soy optimista y positivo en mi vida particular, producto de muchas situaciones que he padecido y que seguramente el normal de una persona tomaría como un hecho difícil de superar; pero, en mi caso, siempre lo tomo como una estación más en el camino de llegar a resultados positivos y así me ha ocurrido en mi vida personal y profesional.
Se preguntarán por qué comienzo esta columna con un comentario de este tipo. Lo hago porque, no sé si a ustedes les está pasando lo mismo, tengo una percepción no muy buena del estado de la cosa pública, y las cosas que están padeciendo la mayoría de los colombianos como consecuencia de, en mayor medida, situaciones atribuibles al Gobierno colombiano.
Todas esas actuaciones gubernamentales, al contrario de lo que muchos piensan, son producto no de una intención de que nos vaya mal, sino de que sus principios ideológicos, sumados a la inexperiencia para gobernar, son la combinación perfecta para la catástrofe que estamos viviendo.
Les menciono esto anterior para hacer énfasis en una idea que se ha fortalecido dentro de mí entre más la pienso, y es que nunca en la historia del país la división de poderes ha estado más presente que hoy en día. Permítanme hago un análisis del porqué de esta afirmación, y el porqué nuestra democracia está más fortalecida que nunca gracias a esto.
El Ejecutivo, desde el inicio de su mandato, quiso fijar una línea ideológica que fuera y se convirtiera en la base única de sus proposiciones e ideas para gobernar. Esto lo han hecho todos los gobiernos anteriores y se basa, principalmente, en iniciar un periodo presidencial con un Congreso mayoritariamente de coalición con las ideas del presidente de turno. De esta manera, lo convierte en un Congreso vocero, ponente y ejecutor, en un Congreso aliado.
No obstante, esta coalición sólo ha funcionado con la reforma tributaria, pues las demás reformas han tenido una muerte súbita, como ocurrirá con la de la salud y seguramente con la pensional, la laboral y con la solicitud de facultades extraordinarias al Gobierno, las cuales ya fueron excluidas del Plan de Desarrollo.
Con este hecho se está demostrando, por el bien de la democracia, que si las bancadas políticas se mantienen en esta independencia, avalando lo bueno que presente el Gobierno y rechazando lo que sea contrario al interés nacional, el Legislativo con sus órganos lograrán fortalecer una rama altamente cuestionada de favorecer sus intereses personales por encima de los intereses de la nación.
Pero, de igual forma, viene actuando la rama judicial desde su cabeza, la Corte Constitucional, cuando tomó la decisión de suspender la aplicación de las leyes en casos excepcionales con posibles daños irreversibles y posibles elusiones de control de constitucionalidad. Con esto y con decisiones históricas de muchos jueces de la República que, en materia de revisión de tutelas, se han evitado muchos abusos jurídicos en el Ejecutivo y en el Legislativo.
De esta manera, la rama judicial está poniendo en jaque una costumbre de que, en los distintos gobiernos, el Ejecutivo y el Legislativo, han tenido un comportamiento normalizado de expedir normativas bastante distantes tanto de la legalidad como de las necesidades del país, puesto que, en casos excepcionales, podrá dejar sin efecto una norma que, de entrada, se evidenciaría que fuera absolutamente alejada de la Constitución y la ley.
Con estos análisis podemos pensar que nuestra democracia se está descomponiendo por las actuaciones del Ejecutivo de tratar de imponer sus principios ideológicos por encima de todo; sí, así sólo hubiera ganado las anteriores elecciones por un ligero margen de votos.
Sin embargo, lejos de la realidad, esta afirmación en un país tan dividido le va a ser difícil imponer sus programas, salvo que haya un consenso y unos acuerdos de gobernabilidad con quienes piensen distinto a ellos; de lo contrario, sus aspiraciones siempre se verán truncadas por una oposición que, si bien no tiene líder porque desconocemos los motivos por los cuales el señor Hernández decidió no liderarla, está al tanto de los intereses del país y quiere velar por ellos.
Lo que nunca pensó el presidente Petro fue que, por responsabilidad y por actuaciones de sus familiares y personas más cercanas, sus niveles de reconocimiento y favorabilidad iban a ser tan bajos. Familiares inmiscuidos en situaciones ilegales, sus ministros y funcionarios pensando más en su ego y en sus intereses personales, han sido los causantes de un fortalecimiento de la oposición, lo que significa, per se, un fortalecimiento de la democracia.
A esto hay que adicionarle que los grupos al margen de la ley, llámese guerrillas o bandas con distintos apellidos, en vez de aprovechar las oportunidades que le ha dado el Gobierno en el marco de la ‘paz total’, han, incluso, incrementado su accionar delictivo, situación que también le está saliendo mal al Gobierno Petro en tanto su intención más grande era lograr la rendición de estos grupos.
Grupos que, descaradamente, han querido legitimar sus actuaciones y equipararlas al uso de la fuerza legal que tienen las Fuerzas Militares, como por ejemplo lo expresó el delincuente Antonio García, quien últimamente hasta ha amenazado periodistas, cuando dijo que “el ELN puede realizar acciones militares, así como las hace el Ejército y la Policía”, con la diferencia de que ellos están actuando y aprovechando el cese al fuego de nuestras fuerzas.
Cuando una democracia se fortalece y su división de poderes logra ser autónoma, tal y como está ocurriendo actualmente en nuestro país, permite al pueblo tener una democracia justa e imparcial y ninguno de los poderes se convierte en supremo.
Por eso soy optimista, porque tenemos democracia.