“Un campesino minado de interrogantes”

Un campesino desplazado en Antioquia, de los que ya saben navegar en internet, me llamó desde Medellín muy preocupado, porque se enteró que ya estaban haciendo los trabajos de desminado en algunos municipios de ese departamento como principio del desescalamiento del conflicto armado interno acordado entre el gobierno y las FARC, en La Habana, Cuba.
 
Entre los interrogantes que me hizo, los cuales surgen de la absoluta desconfianza que siente hacia las FARC después del incumplimiento del cese unilateral con el ataque en el Cauca, hay uno que tiene el carácter de una denuncia: “Doctor, quién garantiza que los guerrilleros no estén desminando lo que acaban de minar?”, “porque doctor, las minas que sembraron hace 10 o más años, quién las va a identificar geográficamente si los que las enterraron ya murieron?”
 
Mi amigo campesino está muy animado porque le van a restituir su tierra, pero a la vez afligido porque el propio gobierno ha señalado que el desminado es fundamental para el propósito de restitución de tierras a las víctimas de despojo, sin embargo, en muchas regiones ese proceso está suspendido porque las fincas para entregar a los beneficiarios están minadas.
 
Si en tiempos de paz el desminado requiere mucho tiempo para que las tierras puedan ser retomadas con seguridad a su uso normal, cuánto durará esa exhaustiva tarea sin cese al fuego? Según los estudios relacionados con el tema, un desminado al ciento por ciento es utópico, y en principios, podría llevar a un aumento de bajas civiles por las minas, debido a que por su ansiedad de volver a su arraigo, nuestros campesinos se relajarían y volverían a ocupar sus tierras pensando erradamente que ya son seguras.
 
Otras inquietudes tienen relación con la permanencia en actividad de las minas que no puedan ser extraídas, hecho que oscila entre 45 y 55 años después del fin del conflicto, y la dificultad para su ubicación, pues no existen mapas que las identifique, como tampoco a su localizador, es decir, al guerrillero que cumplió la misión de enterrar la mina.
 
Algo que va en contra de los campesinos colombianos en las zonas “rojas” del conflicto, es que son ellos mismos quienes las accionan ante el desconocimiento de su ubicación, es decir, son armas accionadas por las propias víctimas. Como también, pueden mutilar a un niño que juega desprevenidamente en los campos restituidos sin un desminado perfecto.
 
Entre tantas cosas negativas, mi contertulio me expresó, en su innata ingenuidad, algo que le sonaba positivo: “Doctor, menos mal que Estados Unidos respalda el proceso de paz, está comprometido con el presidente Santos y designó un agente garante del proceso. Esto puede ser el principio para que ese país haga parte de la Convención de Ottawa, aunque lo dudo porque está entre los primeros países productores de minas antipersonal.”
 
Quedé perplejo ante el conocimiento que tenía de la Convención de 1997 sobre prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, que se basa en normas del derecho internacional humanitario aplicables a los Estados y que prohíben el empleo de armas que no distinguen entre personas civiles y combatientes.
 
A pesar de su ambigua esperanza, mi amigo campesino de Antioquia, antes de colgar el teléfono me dijo: “Doctor, no quiero confundirlo más, al fin y al cabo, me siento debilitado, sigo minado.”
 
(*) Abogado Constitucionalista.