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Opinión

  • | 2004/08/29 00:00

    Un fallo (mal) discutido

    El objeto del derecho es la justicia y no la protección de las finanzas públicas, como reclaman los economistas cada vez que la Corte interfiere

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Podría ser la gota que riegue el vaso: por no dañar la pensión de 136.000 afortunados, la Corte Constitucional abrió un boquete de cinco billones más en el barril sin fondo del Seguro Social. Los economistas in por supuesto clamaron contra esta decisión "irresponsable y ruinosa" del alto tribunal. Pero en la sustentación del fallo y en la crítica de los yuppies hay dos cues-

tiones aún más delicadas que el gran hueco fiscal:

- Está la cuestión de los derechos adquiridos, cuyo respeto es la base del orden social. Trato es trato, dice el dicho, y una vez que usted toma un seguro no le pueden subir los aportes ni bajar la pensión, como mandaba la ley que se cayó.

- Y está la cuestión de si los jueces deben fallar a la luz de las leyes o de las consecuencias que tengan sus sentencias.

Ni mi escaso conocimiento del derecho ni el espacio de una columna permiten decir mucho sobre asuntos tan sumamente delicados. Pero en vista de que pasaron de agache y de que estamos ante temas gordos, arriesgo un minicomentario sobre cada una de las dos cuestiones.

Veamos la primera. El artículo que tumbó la Corte modificaba un texto anterior (la célebre Ley 100 de 1993) que a su vez había cambiado las condiciones de jubilación para personas que en ese entonces fueran menores de cierta edad o hubieran cotizado menos de cierto tiempo. Por tanto, la Ley 100 ya había violado los derechos adquiridos por muchos trabajadores y sin embargo fue declarada exequible. Eso, honorables magistrados, es una inconsistencia que atenta contra la seguridad jurídica que su fallo pretende asegurar.

Pero, señores yuppies, su argumento es igual o peor de inconsistente. Dicen ustedes que un derecho no se adquiere si no se cumplen los supuestos bajo los cuales vio la luz -incluida la solvencia del Estado-. Pero entonces deberían oponerse a las pensiones y a los bonos pensionales que hoy se pagan sin cumplir los supuestos iniciales: ni lo asegurados cotizaron lo debido ni el fisco tiene modo de pagar.

Más breve: si la Corte está en lo correcto se contradice y si los yuppies están en lo correcto también se contradicen. Es el fruto del casuismo nacional y de salirle al toro de medio lado.

Lo directo y lo claro habría sido proteger, sí, los derechos adquiridos, decir que para adquirirlos tiene uno que haber cumplido con su parte, y permitir que el otro incumpla si 'demuestra' que hacerlo es imposible. Con aplicar estos principios básicos y clásicos saldríamos del lío pensional sin tanta inequidad ni tanto recoveco: el asegurado, más joven o más viejo, tiene derecho en proporción a lo que ha cotizado y la quiebra del fisco se reparte entre todos.

La segunda cuestión lleva más lejos. Hay un buen argumento para que los jueces fallen a la luz de la ley y hay un buen argumento para que fallen según las consecuencias. De hecho existen dos grandes escuelas en derecho: la 'deontológica', que se fija en las normas, y la 'consecuencialista', que mira a los efectos.

En el sistema latino, que es el nuestro, el juez se limita a interpretar las leyes, pero en el sistema sajón su obligación es buscar 'el mejor remedio'. Cierto que la Constitución del 91 trajo elementos del derecho gringo, y cierto que el 'santanderismo' que denuncian los yuppies ha sido muy dañino para Colombia. Pero si optamos por cambiar de escuela, tendríamos que hacerlo en forma coherente:

Primero, el juez tendría que medir las consecuencias, no sólo cuando el pleito es millonario, sino cuando se trate de asuntos cotidianos. Y esto de entrada implica un cambio cultural enorme, porque supone jueces con menos libros pero más experiencia, con menos escritorios y más comunidad.

Segundo y más al punto, las 'consecuencias' del caso no consisten en que se quiebre o no se quiebre el fisco, sino en restablecer el equilibrio justo entre las partes. El objeto del derecho es la justicia y no la protección de las finanzas públicas, como reclaman los economistas cada vez que la Corte interfiere en 'sus' asuntos. Solo que la justicia es para todos, y los jueces deberían medir las consecuencias para todos, no apenas para el grupito que demanda.

Lástima pues que un fallo como este no solo enrede más el lío pensional sino que no se use para pensar un poco en nuestro lío de fondo.
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