Un gobierno pro ricos

Hace un par de semanas, el DANE y Planeación Nacional presentaron un reporte sobre las cifras de pobreza y desigualdad en Colombia para 2008. A pesar de que el gobierno sacó pecho por la reducción de casi ocho puntos porcentuales de la pobreza (pasó de 53,7 por ciento en 2002 a 46 por ciento en 2008, mientras que la indigencia bajó del 19,8 por ciento al 17,8 por ciento), una mirada más detenida a las cifras debería causar preocupación.
 
Ante todo, la desigualdad sigue siendo una de las más altas del mundo, con un coeficiente Gini de 0,59 (estándar internacional que mide la desigualdad en el ingreso, donde 0 equivale a una equidad perfecta y 1 a una desigualdad perfecta); la desigualdad en el ingreso en Colombia se mantuvo igual a la registrada en 2002 y aumentó con respecto a 2003, 2004 y 2005. La situación en el campo es más grave: el porcentaje de pobreza fue del 65 por ciento en 2008, tan sólo tres puntos menos que en 2002, y la indigencia fue del 32,6 por ciento, incluso algo peor que en 2002, cuando era del 32,5 por ciento.

Los índices de pobreza y desigualdad de Colombia son mayores que los de varios países latinoamericanos y están muy por encima del promedio de la región (según la Cepal, en 2007 la pobreza afectó al 34,1 por ciento de la población latinoamericana y la indigencia al 12,6 por ciento; el promedio del coeficiente Gini en la región fue del 0,515). Estas cifras se hacen aun más desalentadoras si se tiene en cuenta que, en este período, la economía colombiana creció a un promedio del 4,4 por ciento, uno de los más altos de las últimas décadas. Así, la política económica del gobierno no ha beneficiado a la mayoría de la población sino a unos pocos; en términos de economista, el crecimiento económico de Colombia en los últimos siete años ha sido “pro rico”.

El diagnóstico anterior debería llevar a los políticos de la coalición gobernante y de la oposición, así como a la opinión pública, a discutir estos problemas y cómo resolverlos. Pero parece que lo importante debe ceder paso a lo urgente, y lo único que ocupa la atención de todos es el tema de la reelección del Presidente. Con Uribe o sin Uribe, ya es hora de que el Legislativo y el Ejecutivo aúnen esfuerzos y trabajen con seriedad para enfrentar las necesidades más apremiantes de casi la mitad de los colombianos, que no tiene acceso al trabajo, la educación, la salud y los servicios públicos más básicos.

La seguridad democrática puede ser eficaz para combatir a la guerrilla y propiciar la confianza inversionista para traer grandes capitales al país, pero no son suficientes para lograr lo que Uribe denomina vagamente “cohesión social”. Los inaceptables índices de pobreza y desigualdad que caracterizan a la sociedad colombiana constituyen, cuando menos, uno de los ingredientes básicos que generan la violencia y la criminalidad que tanto le gusta combatir al gobierno.
 
No debe olvidarse que, a pesar de que las tasas de homicidios hayan bajado notablemente en los últimos siete años, siguen siendo de las más altas del mundo; ni que por décadas más de la mitad de los delitos que registran las cifras oficiales son aquéllos cometidos contra el patrimonio y la vida de las personas; no todos ellos pueden considerarse consecuencia del terrorismo y el narcotráfico, como pretende el gobierno.
 
Tampoco es casualidad que la inmensa mayoría de los delincuentes que terminan en las prisiones colombianas sean hombres jóvenes, de escasos recursos económicos, con poca educación formal, desempleados o con empleos informales y precarios. Desconocer el contexto social y económico en que se produce el delito equivale a afirmar que los pobres y excluidos tienen fuertes inclinaciones criminales, algo que riñe con el sentido común.

Los elevadísimos índices de pobreza y desigualdad, junto con los altos niveles de violencia y criminalidad, reflejan una sociedad en conflicto consigo misma, no por las acciones perversas de unos pocos, sino por las tensiones y enfrentamientos que genera su estructura injusta y excluyente. Aunque hoy haya caído en desuso, el análisis de la relación entre estos factores desestabilizadores debería ser tomado en cuenta para enfrentarlos de manera integral.
 
Recientes estudios académicos han demostrado que aquellos países con mayores niveles de igualdad e inclusión y que invierten importantes recursos en políticas de bienestar social, tienen menores niveles de delincuencia, así como sistemas penales menos represivos, que aquellos países que, como Colombia, son más inequitativos y punitivos. Políticos y electores deberían comenzar a atar cabos y tener en cuenta esta perspectiva de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales.
 
*Manuel Iturralde es profesor e investigador del Grupo de Interés Público de la Universidad de los Andes.