Un verdadero cambio tributario

La aguda crisis fiscal por la que atraviesa el país nos debe convocar a la prudencia y a la sensatez, y más en los actuales momentos en que de nuestras decisiones depende en buena parte el futuro del país. Un mal paso en la política económica terminaría con nuestras buenas intenciones, con el agravante de que traería consigo la frustración de millones de colombianos.

Y lo digo porque si bien entiendo la urgente necesidad del gobierno nacional de conseguir los recursos para equilibrar las finanzas públicas, considero que no pude ser a costa de la tan golpeada economía familiar. Pretender establecer un IVA del 5 por ciento para los productos de la canasta familiar, como el arroz, el trigo, la avena, las frutas y las verduras es una mala señal y se podría interpretar como una medida simplista, motivada más por el afán y el nerviosismo que por razones técnicamente justificadas.

Hay que mirar atrás para no cometer las mismas equivocaciones. En la década del noventa se aprobó una verdadera cascada tributaria, casi una reforma por año, que no tuvo los efectos esperados en el aumento de los recaudos, a pesar de que la fórmula estuvo montada sobre la elevación de tasas, ampliación de bases y creación de nuevas cargas impositivas, como el denominado "3 por mil".

Considero que el error estuvo en dirigir el mayor esfuerzo hacia el IVA, impuesto a todas luces regresivo, que por su esencia grava más a los estratos bajos y que recae sobre el consumo y la demanda. Por eso, cuando se presentó la desaceleración de la economía al final de la década, se fueron al traste todas las proyecciones de ingreso gubernamentales, ampliándose la brecha entre los ingresos y los gastos corrientes de la Nación.

Hoy para tratar de corregir tal desequilibrio, el Gobierno nos quiere aplicar la misma dosis, desaprovechando la oportunidad de corregir todas las distorsiones que por años se le han generado a nuestro sistema tributario, en gran parte producto de "lobby". Por eso, estoy liderando una propuesta tendiente a eliminar este tipo de privilegios, que, según nuestras estimaciones, en términos brutos cuestan en la actualidad alrededor de 6 billones de pesos anuales.

De tal manera, que en vez de gravar la canasta básica familiar con el IVA, se desmonten los beneficios en renta, a través de un proceso de marchitamiento gradual, que solo en el año entrante podría generar más de 770 mil millones.

El país debe tener claridad en que el Congreso está comprometido con el proceso de ajuste, por eso, lo que precisamente queremos es garantizarle al gobierno los 2.25 billones de pesos que solicita para el 2003, pero con fuentes distintas, que no implique continuar sacrificando la inversión, como lo produciría la sobretasa al impuesto de renta en los sectores que ya están gravados.

También se está planteando la necesidad de realizar un mayor esfuerzo en la lucha contra la evasión, valorada en términos brutos en más de 9 billones, pues ante tal magnitud es irrisoria la suma presentada por el Gobierno de 320 mil millones.

Hay que cambiar el esquema, por uno que se compadezca con la realidad económica y social de la población y el precario crecimiento de la economía nacional. Insisto en que no podemos desaprovechar esta oportunidad para hacer una verdadera reingeniería tributaria dentro del marco de la equidad, igualdad y transparencia; que incorpore a quienes no están siendo solidarios con el país, pues de casi ocho millones de potenciales contribuyentes, solo lo hacen 450 mil.

Está demostrando que la ampliación de las bases, unida a la disminución de las tasas, genera un efecto positivo en el recaudo, haciendo más eficiente y productivo el sistema tributario; a la vez que genera en el largo plazo confianza en los mercados, atrayendo la inversión y estimulando el empleo, que es lo que realmente necesitamos en este momento.

*Representante a la Cámara