Dirán, dentro de unos meses, que al pobre del señor presidente Gustavo Petro no lo dejaron gobernar. Que la oligarquía colombiana, temerosa de que lograra establecer su potencia mundial de la vida, le saboteó la gestión. Que la aristocracia judicial se empeñó en echar por la borda sus valiosas reformas sociales. Que la prensa, controlada por los grandes grupos económicos, se dedicó a reproducir escándalos para socavar la imagen del redentor.
Lo dirán todo el tiempo y con ese dejo de superioridad moral de quienes explican con suficiencia que el hombre no llegó a la Luna, que las vacunas nos controlan la mente o que la marimonda es Mickey.
Y, claro, nosotros, los que desde el principio advertimos que Petro iba a ser el fracaso que fue, tendremos que escuchar la infumable perorata. Y no van a importar las razones que demos porque, a estas alturas, Petro logró algo digno de admiración: una secta. Un grupo de individuos que depositó su fe ciega en él y al que hace rato dejó de importarle la abrumadora evidencia que demuestra que lo que debía ser un gobierno fue, más bien, un concierto para delinquir a gran escala. Suena duro, pero más dura es la realidad, que apunta a que, a pesar de toda la podredumbre, una buena porción del país está dispuesta a salir a las calles a destrozar todo lo que se encuentre a su paso para defender el supuesto legado del líder. Hágame el favor.
Lo del concierto para delinquir no es hipérbole. Nunca en la historia de Colombia, ni siquiera en el siglo XIX de bárbaras naciones, un presidente de la República había terminado con todo —y, cuando digo todo, es todo— su círculo cercano envuelto en algún vergonzoso escándalo de corrupción.
Y es que, si uno revisa el historial de este Gobierno, todo lo que el presidente tocó terminó corrompido. Petro logró algo digno de un estudio sociológico: hacer que todo el que pasara por su Gobierno saliera con menos prestigio del que tenía cuando entró. Una habilidad única para hundir a los suyos.
Hace cuatro años, por estas mismas fechas, todo era optimismo. Para inaugurar su Gobierno, el presidente se rodeó de algunos funcionarios que podían ser cuestionados por sus ideas políticas, mas no por su honorabilidad: Alejandro Gaviria, Cecilia López, José Antonio Ocampo, Jorge Iván González, entre otros. Pero con Petro lo bueno nunca dura. Los decentes —aunque no por ello menos ingenuos— se le fueron reventando de a poco. Al cabo de un año ya no quedaba ninguno.
Entonces salieron a la luz quienes verdaderamente mandaban la parada. Los que manejaban a su antojo la administración desde sus pequeños espacios de poder. Emergieron Nicolás Petro, Verónica Alcocer y Juan Fernando Petro, personajes que se encargaron de deshonrar la majestad presidencial desde la proximidad familiar. Uno acusado de recibir dinero de personajes oscuros; la otra señalada de haber gastado cantidades ingentes de recursos y ejerciendo influencias indebidas; y el tercero presuntamente negociando votos por prebendas en las cárceles. Todos bajo la lupa de la justicia nacional e, incluso, internacional. Traicionados todos por personas de su círculo más íntimo.
Y de ahí para adelante vino una caída en picada, con nombres, cada uno más vergonzoso que el anterior: Ricardo Roa, Laura Sarabia, Armando Benedetti, Álvaro Leyva, Angie Rodríguez, Juliana Guerrero, Carlos Ramón González, Gabriela Muñoz y un largo etcétera. Ellos son la prueba reina de que, en un país con una clase política ampliamente desacreditada, Petro decidió superarse para demostrar que sí era posible gobernar con lo peor de lo peor. Que siempre era posible reemplazar a uno malo por uno más malo.
Habrá quien quiera buscarle la comba al palo para justificar lo injustificable. Que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, que la justicia debe investigar, que los anteriores también pecaban. Todo eso está muy bien y es cierto. Pero igual de cierto es que la ciudadanía tiene derecho a sospechar, sobre todo cuando los actos de pillaje fueron denunciados en medios por quienes los presenciaron y se sintieron traicionados.
Ahí están las grabaciones de Armando Benedetti recriminándole a Laura Sarabia por los 15.000 millones de pesos de la campaña; las declaraciones de Eva Ferrer sobre el dinero recibido por Verónica Alcócer; los chats entregados por Daysuris Vásquez sobre Nicolás Petro; la investigación periodística que apunta a la existencia del Pacto de la Picota; la recepción de dineros a alias Papa Pitufo; el polígrafo practicado a Marelbys Meza; el escándalo de los títulos de Juliana Guerrero; la presencia de Petro y miembros de su círculo en la lista Clinton. Son demasiados hechos como para creer que todo fue una desafortunada coincidencia. La evidencia apunta, más bien, a una aceitada maquinaria de poder que terminó convertida en una maquinaria de corrupción. Una bandola de saqueadores.
Por eso, cuando dentro de unos meses repitan como loros que a Petro no lo dejaron gobernar, habrá que darles la razón. Pero solo en parte. Porque el sabotaje no vino de la oligarquía, ni de los medios de comunicación, ni de los jueces. El verdadero sabotaje fue la complicidad del presidente con su propio entorno. Nadie le eligió a Petro su séquito de presuntos corruptos. Él los escogió, él los sostuvo y él los defendió.
Será él el que responda por sus deshonras.