‘Vade retro’, Petro

Las acciones gubernamentales, que colocan en grave riesgo la estabilidad de estas instituciones claves de la sociedad civil, tienen un objetivo claro: subordinarlas al Estado. Esa misma estrategia tiene otras dimensiones. Las cajas de compensación familiar y las cámaras de comercio están riesgo; las entidades promotoras de salud han sido sometidas a asfixia financiera y difícilmente podrán sobrevivir.

A ello se añade la configuración de unos grupos de choque integrados por sectores étnicos, marginados sociales, sindicatos estatales, entre otros, todos ellos subvencionados por el Gobierno. Campesinos y estudiantes son dos grupos a los que el Gobierno quiere seducir. Así se va configurando el respaldo popular al caudillo. Él definirá cuándo el momento revolucionario ha llegado...

Tenemos un precedente que vale la pena recordar. Durante el gobierno de Rojas, a mediados de los años cincuenta del pasado siglo, las emisiones del único canal de televisión existente abrían a las 6 de la tarde con una imagen poderosa. Los perfiles del dictador y del Libertador Bolívar, acompañados del lema “Binomio Pueblo-Fuerzas Armadas”. El mensaje era contundente: el estamento armado de la República representaba al pueblo todo, cuyas conveniencias solo el general y jefe supremo, en virtud de una simbiosis perfecta, podía discernir.

Desde hace más de media centuria, los militares regresaron a sus cuarteles. Nadie pronostica que intenten retornar al poder mediante golpes de Estado. Hoy es más eficiente el “caballo de Troya”. Tomarse el poder desde dentro. En nuestro país, además, existe un firme consenso: que los militares jamás buscarán alzarse con el poder político. Y menos todavía en favor de un civil que pretenda desconocer, con subterfugios, tumultos y “jugaditas”, una Constitución que goza de amplio respaldo. El radical marginamiento de las Fuerzas Armadas de la política partidista ha sido reiterado por su comandante general la semana pasada. Su pronunciamiento debe ser entendido como una suerte de mensaje velado al presidente.

Los populistas de hoy suelen ser más sutiles que los generales de antaño: no encarcelan a sus opositores, pero los espían; no imponen mordazas a la prensa, aunque la desacreditan y no cierran los tribunales cuya legitimidad intentan menoscabar. Se asemejan a aquellos generales de tiempos idos en su preocupación por demostrar que ellos son los “verdaderos” representantes del pueblo, al que convocan a las calles para que decida lo que quiera.

Para generar respaldo popular se reparten subsidios con prodigalidad. Como esas gabelas pueden ser insostenibles, hay que procurar nuevos recursos: los de emisión monetaria, el ahorro pensional, la abolición de vigencias futuras y la flexibilización de la regla fiscal. “Si los Kirchner lo lograron, ¿por qué no nosotros?”.

Como para llegar al poder y preservarlo esos líderes, que antes usaban pasamontañas y ahora gorras cuasi castrenses, necesitan una causa ávida de participar en el banquete, hay que dejar que roben, ojalá de modo discreto y con cierta moderación, lo cual no siempre se logra.

La identificación mística entre el pueblo y su caudillo, indispensable para que este pueda realizar, sin obstáculos, la transformación de la sociedad, es incompatible con la existencia de organismos intermedios de agregación de intereses. Por eso abominan de los partidos políticos (salvo del propio), y de los gremios y sindicatos (a menos que los controlen). Les disgusta profundamente la separación de poderes y, en última instancia, la Constitución misma.

La Federación Nacional de Cafeteros fue fundada en 1927, con el propósito de manejar los recursos que los cultivadores de café necesitaban para facilitar la exportación del grano y asegurar el bienestar social de los caficultores, funciones que el pobre Estado de aquella época no era capaz de realizar. Una ley dispuso que esos recursos fueran gerenciados por esa entidad, que es de naturaleza privada, y se invirtieran exclusivamente en beneficio del sector aportante.

Ese origen singular dio comienzo a un largo debate sobre la naturaleza de la contribución cafetera que la Carta del 91 zanjó: esos recursos son “parafiscales”, o sea que son públicos, aunque no estatales. El Gobierno no puede apropiarse de ellos, ni administrarlos. Puede, sí, incidir en su uso participando en los organismos de concertación establecidos para la administración del Fondo Nacional del Café.

Si el Gobierno doblega a la Federación, lo probable es que busque también hacerse al control de los demás fondos parafiscales que son administrados por gremios: arroz, ganado, avicultura, palma, entre otros.

La autonomía universitaria es un principio constitucional que permite a la Nacional, y a todas las demás universidades, establecer los mecanismos para designar sus autoridades. El rector recién designado no le gusta al Gobierno y lo quiere tumbar usando procedimientos arbitrarios y desconociendo de modo flagrante esa autonomía.

Peor aún: en un proyecto de ley sobre educación superior en curso se estipula: “El gobierno y la gestión de la educación deberán ser democráticos, participativos, pluralistas y directos”. De esta manera, se pretende desconocer mecanismos híbridos, como el adoptado por la Nacional para seleccionar su rector: votaciones separadas de los distintos estamentos (estudiantes, profesores, egresados, etc.) entre los cuales el Consejo Superior escoge.

Si la elección directa de los rectores en votación popular pasa a ser el único mecanismo idóneo, lo mismo podría disponerse con relación a los decanos. ¿Y por qué no establecer que pacientes, médicos, enfermeras y “las señoras de los tintos” elijan gerentes de los hospitales? ¿O que ahorradores y deudores nombren a los directores del Banco de la República? Los jueces también podrían ser elegidos mediante votación popular, un mecanismo idóneo para politizar la Justicia.

A lo anterior se añade que “Los establecimientos educativos e instituciones de educación superior garantizarán que la participación sea real y efectiva de los sujetos integrantes de la comunidad educativa para la toma de decisiones” (sic). ¿Cómo se define esa garantía? ¿Qué podría hacer el Ministerio de Educación si considera que no hubo cumplimiento? Las palabras de las leyes nunca son ociosas; a veces se escriben con recónditas intenciones. O, a la inversa, son fáciles de adivinar: someter, subordinar, dominar a la sociedad civil para que el Estado sea, en un sentido aterrador, “soberano”.

Briznas poéticas. Desde el siglo VII a. C. nos llegan fragmentos de Safo: “Aunque seas mi amiga / compañera de viaje / búscate una más joven. / No soportaría vivir contigo / siendo yo más vieja”.