Venezuela entre Colombia y Guyana

El hecho de que un estado no asista a las audiencias convocadas por la Corte Internacional de Justicia en un caso en el que esta se ha declarado competente,no esmuy frecuente.

El proceso continúa y la Corte escucha solamente los argumentos del estado que se encuentra presente, que de conformidad con el artículo 53 del estatuto, puede solicitar que se falle a su favor.  Es similar al caso del reo ausente ante los tribunales ordinarios.

Juan Manuel Santos declaró que seguiría ese camino frente a las nuevas demandas de Nicaragua. Ante la reacción generalizada de medios jurídicos y académicos, afortunadamente cambió de opinión.

Venezuela no se presentó el pasado martes 30 de junio a las audiencias convocadas por la Corte en el caso de la pretensión venezolana de nulidad de la Sentencia del 3 de octubre de 1899, que estableció su frontera terrestre con Guyana.

Dicha actitud era de esperarse, porque las Fuerzas Armadas habían expedido días antes un tajante comunicado en el que exigían que se adoptara esa posición.

Venezuela, a diferencia de Colombia, ha rechazado el arbitraje obligatorio de los tribunales internacionales. La razón es su falsa convicción, de que el laudo español y el laudo suizo, le cercenaron extensos territorios en beneficio de nuestro país.

Sin embargo, en 1939 concertamos un tratado, que aún se encuentra vigente,según el cual las diferencias que no pudieran ser resueltas mediante negociaciones directas, se debían someter a una Comisión Permanente de Conciliación constituida por cinco miembros. Incluso la Corte podría asumir en ciertas condiciones, la competencia para dirimir la controversia.

En mayo de 1987, ante la ocupación militar de facto del Golfo de Venezuela por la marina de guerra de ese país y la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre la delimitación marítima, envié una nota a Venezuela designando a nuestros dos delegados en la Comisión, teniendo en cuenta que los anteriores habían fallecido hacía mucho tiempo.

No se invocó el tratado, pero el solo hecho de cumplir con la obligación de designar a nuestros miembros en la Comisión, fue considerado por el gobierno y el mando militar venezolanos, como una declaración de guerra. Se dispuso la inmediata movilización militar hacia la frontera con Colombia y el incremento del presupuesto para comprar aviones, buques y equipos militares.

Caracas sabía muy bien que la decisión de la Comisión Permanente de Conciliación y naturalmente, de la Corte Internacional de Justicia, favorecerían a nuestro país.

Lo paradójico es que en Colombia algunos consideraron que la nota atentaba contra la amistad con Venezuela.

Ahora las Fuerzas Armadas venezolanas dictan una vez más la política internacional en el caso con Guyana que,ante su debilidad militar, seguramente dirá “Y ahora …¿quién podrá defenderme?”.

(*) Decano de la Facultad de estudios internacionales, políticos y urbanos de la Universidad del Rosario.