Violación de topes y sustitución de la Constitución

Durante la campaña presidencial, Gustavo Petro se comprometió a no reformar la Constitución. Ya en el Gobierno, rota la coalición con otros partidos, propuso una asamblea constituyente para superar la ausencia de mayorías en el Congreso y lograr las reformas propuestas. Más tarde, sugirió acudir al constituyente primario, a cabildos abiertos e indígenas. Luego, mencionó la posibilidad de un referendo constitucional para los temas más importantes. Finalmente, intenta lograr acuerdos “vinculantes” con la insurgencia.

Divaga el presidente. En forma incoherente sostiene que la Constitución dice lo que se necesita, pero no se logra aplicar. Exalta al pueblo constituyente a pronunciarse permanentemente en las calles. Evoca intimidante el mal llamado estallido social. Alega las mayorías que lo eligieron como justo título para ejecutar el cambio.

Mientras tanto, el crecimiento económico se detiene, la alta inflación apenas disminuye, el desempleo aumenta, la inversión desaparece, la criminalidad sube y espanta, los más de doce escándalos de corrupción del Gobierno lo desacreditan.

El Consejo Nacional Electoral avanza en la investigación de los topes de financiación de la campaña presidencial, por gastos no reportados y violación de los límites. En caso de demostrarse la violación mayúscula de los topes, perderían el cargo presidente y vicepresidente.

La Constitución permite los cambios dentro del Estado social de derecho, un régimen democrático con alternancia, separación de poderes, pesos y contra pesos, libertad de expresión y garantías a la oposición. La salud es un servicio público a cargo del Estado y las pensiones bajo la dirección del mismo dependen del régimen que establezca la ley. El cambio sí se puede.

No olvide, presidente, que el Congreso decide y el Gobierno ejecuta, no a la inversa. Si bien ganó las elecciones por escasos 711.575 votos, tan solo un 3,13 % de diferencia, el Congreso obtuvo una votación de más de 18 millones, que representan proporcionalmente las distintas tendencias, sin que el Gobierno tenga las mayorías. En otros términos, los anhelos presidenciales no se imponen sin las decisiones parlamentarias.

Llamar al pueblo, como constituyente primario, a manifestación permanente en las plazas y las calles, por fuera de los cauces constitucionales, es simplemente la mayor violación a la Constitución que juró cumplir, un burdo golpe de Estado. Intentar servirse de los diálogos de paz para reformar la Carta por la puerta trasera será otro giro decepcionante sin éxito.

Los resultados de la gestión gubernamental han sido pobres, marcados por la ineficiencia y la inexperiencia. La ejecución presupuestal baja. Ni hablar de trenes elevados y promesas de campaña desproporcionadas. Inconveniente debilitamiento de la fuerza pública. En cambio, el discurso divisor y provocador abunda cada vez que hay micrófono para buscar culpables externos.

El triunfo electoral, que con frecuencia se evoca, requiere las explicaciones que demuestren el cumplimiento de las reglas de financiación. No se trata de golpes blandos, sino del cumplimiento básico de la competencia democrática. Si se sobrepasó en forma desproporcionada el tope, la elección es inconstitucional e ilegítimo el ejercicio del cargo.

Lo cierto es que todo funcionario, por alta que sea su jerarquía, debe responder a las investigaciones. Puede guardar silencio y abstenerse de declarar contra sí mismo, pero lo que no puede hacer es cambiar las reglas de juego a posteriori o patear el tablero con el pretexto de convocar constituyentes o aún peor fungir de revolucionario desde el Gobierno para cambiar un orden constitucional ampliamente aceptado y apropiado por una gran diversidad de sectores.

Colombia no merece revueltas para la sustitución de la Constitución, ni lo aceptaría, como pretexto para no afrontar una investigación por violación de topes de la campaña electoral.

Cita de la semana: “¿Hay alguien capaz de hacer lo que hace falta?”. En busca de la política, Zygmunt Bauman, 1999.