Además del fracking, ¿cuáles son los retos del gobierno en energía?

El 2020 es un año crucial para el sector energético. El Ministerio del ramo tendrá la difícil tarea de continuar con varios procesos que determinarán la seguridad energética y la transición hacia energías más limpias.

Si bien el año anterior se alcanzaron logros importantes en esta materia, como lo fue la subasta de las renovables, aún quedan varios temas álgidos que tienen que ser atendidos con urgencia. A continuación algunos de ellos:

Gas natural

El país está en alerta por el abastecimiento de este combustible, pues según datos revelados por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), Colombia tan solo cuenta con 8,6 años en reservas de gas natural y nuevos factores en la demanda podrían acentuar la caída en las reservas.

El Gobierno tiene claro el panorama y ha puesto en marcha un plan con el que se propone atajar el problema.

Como primera medida, el Ejecutivo seguirá dando la batalla por el desarrollo de los no convencionales, pues estos le darían un buen margen de maniobra ante un posible déficit.

Se calcula que el desarrollo de los no convencionales puede representar un aumento de entre 35 y 50 años en las reservas.

El Ministerio ha actuado rápido y está próximo a publicar el decreto que reglamentará el desarrollo de los Proyectos Pilotos Integrales de Fracking con los que se espera recabar la información suficiente para ampliar las líneas base de información y garantizar que esta técnica se lleve a cabo de la mejor manera.

Sin embargo, el Gobierno no se puede dar el lujo de esperar a que se le dé vía libre al fracking, ya que la decisión se encuentra en manos del Consejo de Estado.

Es por esto que están barajando otra alternativa: la importación. Al margen de los no convencionales, la Upme advirtió que el país podría verse obligado a importar gas después de 2024, por lo que será necesario desarrollar toda la infraestructura para garantizar el abastecimiento en todo el territorio nacional.

Ya se puso en marcha un ambicioso plan que contempla ocho grandes obras, dentro de las que se encuentra la planta regasificadora de Buenaventura y varias líneas de transporte e interconexión. Los trabajos sumarán más de US$700 millones.

Electricaribe

A finales del año pasado el despacho de María Fernanda Suárez tomó la decisión de aplazar la venta de Electricaribe, alegando cuestiones de carácter tributario. Con la aprobación de la Ley de Crecimiento se espera que el proceso pueda llevarse a cabo en el mes de febrero.

Según indicaron desde este Ministerio, se espera que el próximo 26 de febrero se lleve a cabo la subasta del mercado completo y el 28 el del mercado segmentado –Caribe Sol y Caribe Mar–.

La ministra Suárez explicó que no tienen un plan B, pues “el gobierno nacional ha hecho todos los esfuerzos y ha tomado todas las medidas posibles para atraer a los nuevos operadores”.

Se ha conocido que EPM, Celsia, Alberto Ríos, InkiaEnergy y Electricidad de Portugal pujarán en el proceso.

Con esta subasta se busca superar de una vez por todas, los problemas en el servicio de electricidad que padecen los habitantes de la costa norte del país.

Hidroituango

Al accidentado proyecto de Hidroituango se realizará una auditoría para determinar si podrá entregar energía en 2021.

En el primer semestre del año el Ministerio y la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas) tendrán la tarea de realizar la auditoría del accidentado proyecto que ha pasado por dos graves contingencias.

Dicha auditoría medirá el avance de las obras con el fin de determinar si EPM podrá cumplir con la entrega de energía a la que se comprometió para los años 2021 y 2022.

Indudablemente, esta será una prueba de fuego ya que podrían quedar en evidencia eventuales atrasos.

Otro tema al que se le tendrá que poner la lupa en el frente de Hidroituango es al de los seguros, cuyo valor podría superar los US$2.500 millones.

Renovables

Uno de los mayores logros de la ministra Suárez en el 2019 fue la incorporación de fuentes no convencionales de energías renovables. Gracias a esta labor, el país podrá pasar de menos de 50 a más de 2.200 megavatios de capacidad instalada para el año 2022 –dos años antes de lo previsto en la meta del cuatrienio–.

Los 8 proyectos de energía renovable necesitarán una inversión cercana a $7,5 billones.

En total son cinco proyectos eólicos y tres solares los que tendrán que poner en marcha compañías como Trina Solar, Epsa (de Celsia), AES Chivor y Energía de Portugal (EDP), las cuales invertirán aproximadamente $7,5 billones.

Sin embargo, este cambio en la matriz energética del país deberá superar varios desafíos. Sobre todo en lo que tiene que ver con el montaje de los proyectos, cuya mayor parte se llevará a cabo en la Guajira.

Por ejemplo, se debe desarrollar una línea de transmisión de 400 kilómetros para llevar la nueva energía a las principales redes de abastecimiento y, por lo tanto, será necesario adelantar todos los trámites de certificación de las comunidades y consultas previas en el primer semestre de 2020 para evitar retrasos.

Así mismo, se deben hacer varias obras de adecuación en los puertos y vías con el fin de facilitar el transporte de los equipos, como turbinas y hélices de los proyectos eólicos.

Bajo este contexto, 2020 marcará un punto de inflexión en materia energética, pues se definirán temas trascendentales que marcarán el desarrollo a largo plazo del país.