David Racero, en la mira: el Ministerio de Trabajo le puso la lupa al congresista del Pacto por denuncias en su fruver

Las presuntas irregularidades en las que habría incurrido David Racero, representante a la Cámara, como empleador y propietario de una tienda tipo fruver hicieron que el Ministerio del Trabajo abriera una averiguación preliminar en su contra.

El proceso está siendo tramitado por la sede de inspección de la Dirección Territorial de Bogotá y fue radicado desde finales de mayo de este año como una investigación en primera instancia, de carácter administrativo.

Este se abrió el día 27 de ese mes, exactamente un día después de que se conoció que Racero estuvo ofertando una vacante laboral en la tienda llamada La Cosecha del Campo, ubicada en el sur de la capital. El congresista afirma que el negocio solo estuvo abierto durante cinco meses durante 2020.

Esta se había habilitado para ocupar el cargo de cajero por un sueldo inferior al salario mínimo, de solo un millón de pesos, sin prestaciones sociales, rol en el que la persona elegida también tendría que ocuparse de hacer el aseo del lugar y hasta de preparar la pulpa de las frutas, trabajando en jornadas de 13 horas diarias durante seis días a la semana.

Las pruebas que tienen los inspectores del trabajo y de seguridad social en contra del congresista del Pacto Histórico, uno de los promotores de la reforma laboral del presidente Gustavo Petro, ondeando la bandera de los derechos laborales, están sustentadas en informes periodísticos y audios en los que el mismo Racero ofrecía ese puesto de trabajo.

El proceso contra Racero está a cargo de una dirección territorial de la cartera y no de la administración nacional, que hasta esta semana estará a cargo del ministro Antonio Sanguino, el político vinculado a la Alianza Verde, a quien el Gobierno Petro le pidió la renuncia.

Justamente, los procesos que se han abierto contra figuras cercanas al mandatario han sido encabezadas por los inspectores territoriales, como el caso contra la excanciller Laura Sarabia por la presunta violación a sus obligaciones como empleadora en el pago de las prestaciones sociales de la niñera Marelbys Meza.

Al representante le notificaron de este durante la primera semana de junio, mediante un mensaje enviado a su correo oficial de la Cámara de Representantes. Dentro de la pesquisa también se contempló hacer inspecciones sorpresa al establecimiento comercial, y fuentes enteradas del caso relataron que hubo una orden interna de pausarlo hasta esperar la decisión del Consejo de Estado sobre una investigación de ese mismo asunto que está en manos de ese tribunal.

“La investigación la abrió de oficio el Ministerio y he podido responder cabalmente, sobre todo aclarando un sinnúmero de imprecisiones y desinformación malintencionada que han pretendido generar (...) He estado atento a todo tipo de requerimiento, yo mismo he solicitado que se investigue ante las diferentes instancias”, respondió Racero sobre este caso.

En el caso del Consejo de Estado los magistrados investigan si habría utilizado a uno de los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para ejecutar tareas dentro del fruver que tenía como negocio familiar. En esa diligencia, recientemente fue llamado a declarar el conductor, a quien le habría ordenado transportar víveres hasta el negocio, pese a que se trataba de un funcionario pagado con recursos públicos solo para cuestiones relacionadas con su labor legislativa.

Cuando el escándalo estalló, Racero respondió que solo daría explicaciones ante los entes de control y calificó las denuncias como un “linchamiento político” en su contra por ser uno de los líderes del Pacto Histórico. El fruver fue un emprendimiento familiar que estuvo activo durante 2020 y que el congresista, asegura, fue cerrado por las dificultades económicas que dejó la pandemia durante ese año.

El Ministerio del Trabajo tiene tres años de plazo para proferir una decisión sobre el caso del congresista, es decir, este proceso podría alargarse hasta mayo de 2028 para cuando no está claro si quien esté a cargo de la cartera sea simpatizante del Pacto Histórico. Ante ese escenario, el proceso solo podría destrabarse hasta después de agosto de 2026.