El costo de denunciar: se desató persecución y retención de honorarios tras alerta de irregularidades en la contratación de la Unidad de Víctimas

Los directivos de la Unidad para las Víctimas iniciaron una cacería de brujas para establecer las identidades de las personas que denuncian irregularidades y malos manejos dentro de la entidad. SEMANA revela el infierno que padecen los funcionarios de carrera y los contratistas que rompieron el silencio ante los órganos de control y el comité interno disciplinario para esclarecer la verdad, donde se terminó destapando que el Gobierno Petro le regaló esta dependencia al senador Gustavo Moreno por los votos que le suministró en el Congreso y el favoritismo hacia Santander, la región de Moreno, donde se entregan puestos masivamente en plena época electoral.

Santiago Restrepo, cuyo verdadero nombre fue modificado por petición propia, no recibe sus honorarios desde hace seis meses, cuando levantó la voz de protesta por las inconsistencias que estaban ocurriendo en su oficina y denunció el acoso laboral al que lo someten desde entonces. La ausencia de ingresos generó la exclusión en su EPS y agudizó sus diagnósticos mentales, pues no volvió a recibir medicamentos para tratar su condición ni acceder a citas psiquiátricas. Su hipótesis, que ya la expuso ante la Procuraduría, es que se trataría de un problema personal y retaliaciones por no ocultar las anomalías que estarían ocurriendo con los recursos públicos.

“Por mis quejas y mi orientación sexual me llaman marica, chismoso, me maltratan, y no se activaron las rutas cuando denuncié el acoso. Hay odio hacia mí. Mi supervisora me quitó las tareas, me restringe el acceso a la información y me alejó de todo el trabajo, supuestamente, evitando que se filtren las irregularidades. Están vulnerando mis derechos, mi salud está comprometida y no les interesa”, mencionó el contratista, cuyo testimonio también llegó al Ministerio del Trabajo, pero allí se evitó tomar decisión al respecto; un juez recibió una tutela para amparar sus peticiones, sin un fallo hasta el momento, y la Procuraduría apenas lo escuchó tras insistir por varias semanas.

Su pecado fue ventilar la posible injerencia que tiene el senador Gustavo Moreno en la Unidad para las Víctimas y las órdenes que estaría dando a través de altos directivos que llegaron desde Barrancabermeja, donde está concentrado el clan político que se tomó la entidad. Esa situación también se ha reflejado en amenazas de persecución judicial, pues personas cercanas al congresista lo han intimidado con radicar denuncias en la Fiscalía por falso testimonio y ha sido instado a cambiar su versión. A pesar de este escenario, y con el supuesto abandono de los órganos de control, él está dispuesto a continuar defendiendo los recursos públicos.

El mismo calvario lo vive una mujer que tiene amplia experiencia en las entidades del Estado. En diferentes quejas internas y externas, ella ha alertado por la retención de sus honorarios por no guardar silencio. Al reclamar por el no pago, las justificaciones son que no cumple con tareas para las cuales no fue contratada y que no envía sus reportes laborales con el tipo de letra específico, entre otras cuestionadas razones. La contratista sospecha que el dinero se encontraría retenido por una supuesta venganza de los directivos de la Unidad para las Víctimas en medio del plan que tendrían para presionar a los denunciantes de las eventuales irregularidades.

“Es una evidente persecución porque ellos pensaron que nunca se iban a encontrar a una persona que se opusiera a todas las arbitrariedades que están haciendo. Hay intimidaciones en espacios compartidos. Nadie puede conversar conmigo en la oficina porque no los vuelven a contratar. Esto pasa en el gobierno del cambio y hay un silencio administrativo que asusta”, afirmó la mujer, quien ya alertó a los entes de control y que libra una batalla dentro de la Unidad para que su trabajo sea reconocido con los honorarios establecidos. Ella ha dado cuenta de amenazas e intimidaciones por las denuncias conocidas sobre la entidad y la injerencia de cuestionados políticos.

En testimonios rendidos ante la Procuraduría, ella describió que altos funcionarios de la entidad le han pedido que modifique sus declaraciones para no afectar a nadie y que pueda continuar disfrutando de su contrato en mensajes enviados a través del equipo jurídico, que ahora estaría defendiendo los intereses de particulares y no los de la propia entidad que fue convertida en un botín político del cual sacan provecho y desangran sus finanzas desde Santander: “Me pidió que me retractara de las denuncias que había hecho y que yo iba a salir perjudicada si no hacía lo correcto, que era retractarme de los hechos. Yo le dejé claro que no lo iba a hacer”.

SEMANA accedió a un audio, en poder de la Procuraduría, donde Carlos Arturo Vásquez Aldana, jefe de la Oficina Asesora Jurídica y ordenador del gasto de la Unidad para las Víctimas, en conversación con una de las personas que denuncia inconsistencias dentro de la entidad, la insta a abandonar su lucha a cambio de que su superiora, Alix Aguilar (directora de Asuntos Étnicos), se ponga al día con los honorarios y reconozca las labores que ha desempeñado en los últimos meses. “Quiero pedirte que revisemos internamente la situación. Necesitamos de ti, que esto no genere escenarios de quejas. Es un desgaste al aparato estatal colocar una queja de esas. Vamos a buscar la forma de garantizar tus derechos, como también de salvaguardarla a ella”, se escucha en el audio.

La empleada pública que sostuvo ese diálogo con Vásquez Aldana interpretó el hecho como una presión para desistir de los señalamientos en la entidad, y alarmó que llegaron más acontecimientos similares para intentar revertir los procesos que ha presentado ante la Procuraduría: “Dentro de la Unidad me indican que mis acusaciones pueden terminar en problemas, me cuestionan constantemente que si estoy segura, como pidiendo que me retracte de todas las quejas disciplinarias que estoy instaurando. Es evidente que todos buscan los beneficios para ellos, todos son de la misma colada y nosotros estamos solos, vulnerables”.

Los empleados de la Unidad para las Víctimas no solo enfrentan estos problemas por alertar de las irregularidades y los malos manejos. También se denunciaron ante las autoridades hechos que configurarían violencia sexual en el ámbito laboral, expresada mediante el acoso, actos sexuales no consensuados, intimidación y hostigamientos, ejercidos desde una posición jerárquica de poder en la dirección territorial del Magdalena, hoy en manos de un clan político. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres pidió a la Unidad fortalecer sus protocolos de prevención, atención y sanción frente a las violencias de género.

En el Juzgado Tercero Civil del circuito de ejecución de sentencias de Bogotá también se debate sobre los protocolos que la Unidad ha implementado para proteger a un integrante de la comunidad LGTBI que ha denunciado ser víctima de acoso por alertar irregularidades. Su argumento es que los funcionarios no lo protegieron y el maltrato se incrementó bajo la supuesta mirada de sus superiores: “Yo soy víctima de acoso laboral y llamo a la movilización porque esto no puede pasar en las entidades del Estado. Es un maltrato constante y nunca se han activado los protocolos, no se han hecho acciones por mis denuncias de acoso. Las personas encargadas de revisar el tema, dentro de la Unidad, son amigos de los victimarios. Cualquier acción en contra de mi vida, hago responsable a la Unidad para las Víctimas”.

La entidad enfrenta múltiples denuncias. A pesar de la gravedad de la situación, el Gobierno nacional ha mantenido en el cargo a las personas que son acusadas de múltiples irregularidades. De acuerdo con los testimonios recogidos por SEMANA, en lugar de investigar internamente las quejas, se activó un plan para atemorizar a los denunciantes, congelar sus honorarios y presionar para que cambien sus versiones ante las autoridades.