Exministro de Justicia dice que es hora de flexibilizar el porte legal de armas: “Cuando el Estado no cumple, los ciudadanos se protegen”

SEMANA: Tras los hechos de sicariato y asaltos a mano armada en Bogotá, ¿vale la pena reabrir la discusión por el porte legal de armas en Colombia?

WILSON RUIZ: Hay que tener en cuenta que durante todo el 2022, Colombia arrojó aproximadamente 12.060 muertes violentas, si cogemos el 2023 hemos aumentado en más 600 muertes. Si bien no coincide lo que informa Medicina Legal con la Policía, la primera entidad entrega una cifra mucho más alta. Frente a este panorama tan desolador, tenemos que empezar a pensar que se debería flexibilizar un poco el porte legal de armas. No se pretende legalizarla para todas las situaciones. Imagínese todo el mundo armado en Colombia, eso generaría muchísima más violencia y muertes. Sí me gustaría que se flexibilizara un poco la norma y que no solamente sean miembros de la fuerza pública y gente que acredite una situación especial.

SEMANA: ¿A quiénes cree que debería flexibilizarse la norma?

W.R.: Me parece a mí que a dueños de grandes establecimientos legales, empresarios que puedan, en un momento determinado, por el riesgo que están corriendo, tener armas. Obviamente, previo a análisis psicológico, que no vayan a ocasionar un daño mayor a la sociedad.

SEMANA: ¿Es muy complejo tramitar el permiso para un arma legal?

W.R.: Claro que sí. Recuerde que cuando yo fui Ministro de Justicia nosotros metimos las armas traumáticas con las que andaban delincuentes y con las que amedrentaban a toda la población colombiana. Por eso, las legalizamos y hoy ellos no portan este tipo de armas sino las de fuego convencionales. Ahí es donde la fuerza pública tiene que hacer un gran esfuerzo para poder realizar controles. Hay que darle el concepto de autoridad a nuestra fuerza pública, recordemos que la seguridad es el primer derecho de los ciudadanos y en Colombia no está garantizada. Hay que tener en cuenta la situación de inseguridad que atraviesa el país tanto en los centros urbanos y el campo como consecuencia de esta administración de Gustavo Petro. Si analizan toda la estadística, no se habla de percepción de seguridad, es lo que estamos viviendo. No se puede culpar a la gente por querer defenderse. La incompetencia de este Gobierno en materia de responsable de que hoy prevalezca la ley del más fuerte. Han visto los hechos de violencia, los hechos de sicariato, lo que ocurrió en La 93, en el Suroccidente de Bogotá, la Embajada de Estados Unidos acaba de anunciar restricción para sus ciudadanos para que no salgan prácticamente a comer a la calle. Ahora, cuando no hay seguridad no hay Estado de derecho, tenemos un Estado fallido. Cuando el Estado no cumple, la gente tiene que tomar decisiones para poder protegerse. La culpa- reitero- no es de la gente, es del Gobierno.

SEMANA: ¿Por qué el Congreso no legisla?

W.R.: Infortunadamente tenemos demasiado congresista frente a tantos problemas que tiene el país. Ejemplo: 50 representantes, 50 senadores, que vuelva la circunscripción nacional como tiene que ser para que todos los departamentos estén representados. Actualmente más de la tercera parte no tiene representación en el Senado. Volvamos a lo que había anteriormente. Y con toda esa cantidad de plata que sobra empecemos a pensar en unos temas diferentes. El Congreso tiene que empezar a pensar en estos problemas. Colombia es considerado uno de los países más violentos del mundo y la inseguridad está haciendo de la suya. Estamos arrodillados ante la delincuencia. Es un momento difícil para que el Congreso demuestre independencia. Ahí están los padres de la patria para que empiecen a pensar en la ciudadanía colombiana y que por fin hagan algo por los colombianos.

SEMANA: Aprovecho para preguntarle por la reforma a la justicia de Gustavo Petro. Propone, por ejemplo, la eliminación de la Procuraduría. ¿Qué opina?

W.R.: En mi caso particular seguiré luchando para que se respete la institucionalidad del país y la autonomía de los órganos de control. Para mí, la Procuraduría es una institución que está bien establecida. No sé por qué le dan tanta vuelta al asunto. Ya la Corte habló del tema, si se sanciona a un funcionario de elección popular tiene control automático por parte de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Más bien preguntémonos: si le quitamos facultades a la Procuraduría de investigar disciplinariamente a un funcionario electo popularmente, ¿quién los investigará a ellos? ¿Nos vamos a quedar sin esa facultad disciplinaria? No podemos quitar en absoluto esa posibilidad. Yo considero que la Procuraduría no debe eliminarse. No es destruir sino construir, hay que fortalecerla. Ejemplo: todos los procuradores en juzgados y tribunales deberíamos darles facultades jurisdiccionales, que empiecen a engrosar la rama judicial porque necesitamos más jueces y magistrados.