Antes de que se conociera públicamente la resolución de la Policía Nacional que revive los Escuadrones Móviles Antidisturbios, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, publicó en sus redes sociales una imagen con el mensaje “Esmad Reloaded”.
La imagen hace alusión a una película de Hollywood y contiene el mensaje “Esmad Reloaded”. Fue publicada en una historia de Instagram de la cuenta personal del jefe de Estado.
La publicación se realizó una vez concluidas las marchas convocadas el pasado miércoles por un sector del petrismo.

Incluso, la Policía Nacional también había hecho una publicación en sus redes sociales: “El derecho a manifestarse pacíficamente es una expresión legítima de participación ciudadana”.
“Estaremos presentes para proteger la vida, la integridad y los derechos de quienes se manifiestan y de quienes no. Ejerza sus derechos de manera pacífica y respete los derechos de los demás”, expresó la institución sobre esas movilizaciones que se registraron el miércoles 14 de octubre.
El derecho a manifestarse pacíficamente es una expresión legítima de participación ciudadana.
— Policía de Colombia (@PoliciaColombia) October 14, 2026
Estaremos presentes para proteger la vida, la integridad y los derechos de quienes se manifiestan y de quienes no.
Ejerza sus derechos de manera pacífica y respete los derechos de los… pic.twitter.com/UTSRXvs1lC
Mediante un acto administrativo firmado por el director general de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, la institución reestructuró sus unidades de control de masas y manejo de desórdenes.
La medida está relacionada con la Resolución 03226 de 2026, que establece una nueva estructura institucional y sustituye la antigua Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) por la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI), dependencia adscrita a la Subjefatura Nacional del Servicio de Policía que asumirá la atención de protestas, asonadas, motines y perturbaciones graves a la convivencia ciudadana.

Por último, el documento también hace referencia al cumplimiento de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. Cita el Pacto de San José, el artículo 37 de la Carta Política y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Además, la resolución establece que el personal uniformado encargado de intervenir en el control de hechos violentos deberá certificarse anualmente en el uso legítimo de la fuerza, los derechos humanos y la mediación.
