La 'espina dorsal' de la reforma a la justicia

Un llamado de atención a manera de súplica del presidente Juan Manuel Santos y la permanente presencia de tres ministros del gabinete (Justicia, Interior y Defensa) fueron decisivos para que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes le diera trámite, en tercer debate, a la reforma a la justicia.

En la madrugada de este viernes, y tras una discusión que se extendió durante tres días, los representantes a la Cámara de esta Comisión le salvaron al Gobierno su proyecto bandera de la presente legislatura y mantuvieron vigente las fórmulas diseñadas por el Ejecutivo para descongestionar los despachos judiciales y facilitar el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia.

El Gobierno tenía temores de que, por el poco tiempo con que contaba, la reforma se hundiera en este tercer debate. Más aún cuando el Consejo de Estado decidió apartarse de la discusión del proyecto y cuando otras voces de peso del Estado, como la del procurador general, Alejandro Ordóñez, habían sugerido archivar la iniciativa.

Sin embargo, los ministros Juan Carlos Esguerra y Germán Vargas Lleras consiguieron persuadir a los partidos políticos para que mantuvieran el respaldo del proyecto.

Los funcionarios del gobierno prometieron una discusión más profunda de la reforma en el próximo semestre, pero para ello necesitaban la aprobación en tercer debate.

Este proyecto supera el que se anticipaba como su más duro escollo, y ahora tendrá un nuevo debate, quizá más calmado, en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Aprovechando esta reforma constitucional, que contiene algunas fórmulas para descongestionar la justicia, los parlamentarios decidieron colgarle al proyecto otros ajustes del funcionamiento del Estado.

Por ejemplo, reafirmaron la doble instancia para el juzgamiento de congresistas, mantuvieron en firme la eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, decidieron ampliar los alcances del fuero militar, y hasta extender la sanción de la ‘silla vacía’, que había implantado la reforma política del 2009.

“Debo declararme muy satisfecho por el trabajo juicioso, dedicado, concienzudo que ha realizado la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y debo declararme muy satisfecho por el resultado que se ha obtenido”, dijo un emocionado Juan Carlos Esguerra pasada la media noche de este 2 de diciembre.

Congresistas como el liberal Hugo Velásquez admitieron que para tener una justicia eficaz en Colombia se necesitan de muchas reformas, pero aseguró que en tres arduas jornadas, el proyecto se mejoró a lo que se había aprobado tres semanas atrás en el Senado de la República.

Estos son los puntos clave de la reforma, los que conforman la columna vertebral del proyecto

Abogados y notarios, jueces ocasionales

La Comisión Primera de la Cámara decidió que algunos ciudadanos, como abogados, jueces adjuntos, notarios y centros de arbitraje, podrán tener funciones jurisdiccionales para que puedan contribuir a descongestionar los despachos judiciales.

Esta decisión, según el ministro de Justicia, permite que estas personas “ayuden en la tarea de resolver ciertos asuntos que son de enorme importancia para el ciudadano del común, para la gente que quiere que le resuelvan su problema, que le resuelvan su discrepancia, de manera que rápidamente se pueda construir justicia y eso ayude a descongestionar unos despachos judiciales en los que hoy día se encuentran dos millones y medio de procesos que están pendientes de ser resueltos”.

La propuesta fue polémica. Incluso había sido una de las cuestionadas por el Consejo de Estado, pues al otorgarse funciones jurisdiccionales a particulares, algunos congresistas no ocultaron sus temores porque pudiera privatizarse la justicia.

El ministro Juan Carlos Esguerra dijo que "no se trata con esto de privatizar la justicia. Está perfectamente claro, y así se ha incorporado en el texto, que estos distintos instrumentos van acompañados de los apellidos ‘excepcional y transitorio’. La conciencia constitucional del Gobierno queda tranquila con la redacción de este artículo”.

También se dejó una especie de cláusula en la que se aclaró que a quienes se les otorgue funciones jurisdiccionales no podrán conocer de casos penales y administrativos, ni de tutelas.

Una comisión especial determinará de qué casos conocerán los abogados que sean habilitados para ello.

Heriberto Sanabria (Partido Conservador), uno de los coordinadores ponentes del proyecto, explicó que serán “abogados de altísimas calidades, quienes deberán estar previamente inscritos”.

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, calificó este capítulo como el corazón de la reforma a la justicia

El presupuesto de la justicia

Para las altas cortes, la rama judicial es la “cenincienta” del presupuesto de la Nación. Y por eso han insistido en que una fórmula para resolver los problemas de congestión, pasa por el tema económico.

Aunque la pretensión de la rama judicial era el 5% del presupuesto nacional anual, La Comisión Primera de la Cámara decidió que será del 2% más una adición del mismo porcentaje de la tasa de inflación anual.

Además, se aprobó que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigencia del esta reforma, el Gobierno asignará un fondo de un billón de pesos, que se desembolsará en cuantías de 200.000 millones de pesos en cada año y se destinarán a procesos descongestión judicial. Con este fondo se busca resolver el déficit que trae la rama judicial.

La autonomía del poder judicial
 
Los parlamentarios acogieron la propuesta del Gobierno de eliminar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. En su lugar se crea la llamada Sala de Gobierno, encargada de formular las políticas, la planificación, regulación y control de la Rama Judicial.

Esta tendrá un gerente, designado de forma similar al del Banco de la República, y además harán parte los presidentes de las altas cortes (Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional), además del fiscal general de la Nación, y el ministro de Justicia.

La presencia del ministro de Justicia en esa sala de gobierno había generado malestar. Sin embargo, el proyecto estableció que tendrá voz pero no voto, como fórmula para garantizar la independencia del poder judicial.

Eliminación de la Comisión de Acusaciones

Aunque se advertía que la Cámara de Representantes iba a pelear porque se mantuviera la Comisión de acusaciones, finalmente acogieron la decisión del Senado que ya había aprobado la eliminación de esta cuestionada célula judicial del Congreso.

Muchos parlamentarios reclamaron recursos y mayores herramientas para garantizar la eficacia de esta comisión, pero el consenso general fue el de eliminarla.

En reemplazo se crea una Comisión Especial de Instrucción, integrada por juristas expertos en derecho penal, con las mismas calidades de los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, y que se encargará de investigar al presidente, al vicepresidente, al fiscal, al procurador, al contralor, al defensor del Pueblo y a los magistrados de las altas cortes.

Esta comisión, según lo que aprobado, le rendirá un informe a la Cámara de Representantes, que decidirá si acusa o no a los aforados ante el Senado.

Mayores alcances al fuero militar

La Comisión Primera de la Cámara también mantuvo la decisión del Senado de ampliar los actuales alcances de la norma constitucional del fuero militar.

Según lo aprobado, se presumirá que los procedimientos de militares y policías son actos del servicio y por eso serán juzgados por tribunales castrenses, que estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro.

Sólo si la justicia castrense establece que los actos irregulares constituyen delitos de lesa humanidad, podrán ser conocidos por la justicia ordinaria.

Para la aprobación de este artículo, muy polémico, y que contó con el voto a favor de 28 congresistas, y el negativo de los representantes Guillermo Rivera (Partido Liberal), Germán Navas Talero (Polo) y Alfonso Prada (Partido Verde), el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se comprometió a presentar ante el Congreso proyectos de ley que reformen la Justicia Penal Militar.

Juicios a congresistas, con doble instancia

De aprobarse la reforma a la justicia, los congresistas conseguirán un triunfo al obtener el derecho a tener dos instancias para su juzgamiento. Actualmente son los únicos ciudadanos que no la tienen.

La polémica se ha concentrado en quiénes se encargarán de juzgarlos. Aunque hay cinco debates para encontrar la fórmula adecuada, lo aprobado por la comisión primera de la Cámara es que la primera instancia sea el tribunal Superior de Bogotá, y la segunda, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

Magistrados, procurador y fiscal, dos años inhabilitados

En el tercer debate de la reforma a la justicia se impuso una nueva inhabilidad para los magistrados de las altas cortes. Después de cumplir su período constitucional (que en la actualidad es de ocho años y que el Gobierno propone elevarlo a 12), no podrán aspirar a cargos de elección popular durante los dos años siguientes.

Durante ese mismo período, tampoco podrán ejercer funciones como abogados particulares.

Esta inhabilidad también se impuso a los cargos de procurador general, fiscal general, contralor general y registrador nacional.

Según el gobierno, la propuesta busca que estos altos dignatarios no salgan a “hacer campaña política” basados en sus sentencias. “Para alejar la administración de justicia del mundanal ruido de la política”, en palabras del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

‘Silla vacía’, para todas las causas

Para sancionar a los partidos políticos que hayan dado avales a congresistas vinculados con grupos ilegales, narcotráfico, y hasta comprometidos con delitos de lesa humanidad, la reforma política del 2009 estableció la sanción de la silla vacía. Es decir, si algún congresista fuese capturado por estas causas, el partido político no podría reemplazarlo y sí perdería la curul.

El actual proyecto de reforma a la justicia estableció que esta sanción no sólo se debe concentrar en los delitos antes mencionados, sino que debería ser ampliado a todas las causas penales, entre ellas las de peculado, concusión, cohecho, muy asociadas con conductas de corrupción.

Quedaron excluidos los delitos electorales. El argumento para ello es que esas conductas perjudican a los candidatos que legítimamente aspiraban a obtener una curul.

El trámite

La reforma a la justicia pasará al estudio de la plenaria de la Cámara de Representantes. Si allí supera su cuarto debate, se deberá someter a otras cuatro discusiones, tanto en el Senado como en la Cámara.

Eso sería desde marzo del 2012. En ese momento, con cuatro meses por delante, las discusiones, según la promesa del Gobierno, serán más profundas. En ese momento se aspira a volver a tener consenso con el Consejo de Estado, la única corte que se apartó del tercer debate, pues la Corte Suprema y el Consejo Superior de la Judicatura tuvieron presencia.

La Corte Constitucional, por razones obvias, no hace parte de estas discusiones. Ese tribunal, después de que el proyecto surta su trámite en el Congreso, tendrá que hacer su propio estudio de constitucionalidad.

De momento, y contra todo pronóstico, el gobierno del presidente Santos ha conseguido que la reforma judicial supere tres de ocho debates.