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Plenaria de la Cámara de Representantes. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

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Los reparos del Partido Liberal a la reforma política que hace trámite en el Congreso

La iniciativa está teniendo complicaciones para su trámite y varios partidos han mostrado su molestia por intentar revivir varios temas que habían quedado por fuera de la discusión.

Todo estaba listo para iniciar el cuarto debate de la reforma política en la plenaria de la Cámara de Representantes, pero a última hora se presentó una fuerte polémica por la aparición de unos artículos que habían hundido en la tercera discusión.

A juicio de varios congresistas, debe haber claridad sobre la intención real de revivir esos artículos, ya que fueron archivados en la discusión pasada y por esa razón, se enredó el inicio del debate.

Como pocas veces ocurre en el Congreso, la mayoría de los partidos políticos estuvieron de acuerdo en que no se puede iniciar con el trámite hasta que no esté claro por qué quieren meter de nuevo esos artículos en la ponencia y, por ahora, la discusión está frenada.

Además de esta polémica, ahora el Partido Liberal presentó unas ‘líneas rojas’ para apoyar la reforma política y se presentaron como inamovibles. El representante Octavio Cardona, quien además es ponente de la reforma, envió un extenso documento a sus colegas de colectividad en el que advierte sobre los riesgos de algunos artículos.

Por ejemplo, el representante dice en el documento que los grupos afro e indígenas no están sometidos a la alternancia ni a las listas cerradas que sí aplicarán para los partidos políticos, por lo que advierte que allí hay una irregularidad. Según las ‘líneas rojas’ debe haber claridad sobre el concepto de listas únicas y cerradas porque no está claro en la ponencia.

Así mismo, señaló que para el liberalismo no es una buena idea que los partidos que hayan llegado al Senado en coalición, tengan la posibilidad de solicitar automáticamente la fusión. Además, en una serie de trinos que puso en su cuenta en Twitter dice que la reforma política no debe permitir que los congresistas sean ministros porque no existiría una igualdad con los concejales y diputados del país.

“Se propone que los nuevos representantes a la Cámara estén habilitados desde los 18 años. Es decir, se aseguran con esto que no tengan ninguna experiencia laboral o política y de seguro no tenga más que el bachillerato o ni siquiera este”, dice el congresista.

Agrega que “los requisitos para ser ministro son los mismos que para ser representante a la Cámara. Así las cosas, podría ser ministro una persona de 18 años, con primaria o incluso que no sepa leer ni escribir”.

Cardona cree que el transfuguismo generaría traumatismos porque los elegidos en 2023 podrían dar el salto de una colectividad a otra sin problema alguno, pocos meses después de haber ganado en las elecciones. “Proponen que la Procuraduría no pueda destituir servidores de elección popular. Así las cosas, los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales que cometan faltas disciplinarias gravísimas se quedarán cuatro años por no ser delitos”, señala.

Aunque son varias las bancadas que están molestas, el liberalismo es el primer partido que expone públicamente todas sus dudas frente a la reforma política que está en trámite.

Uno de los asuntos más controversiales que había sido hundido, pero fue revivido ahora para el debate en la Cámara es el que disminuye la edad mínima para ser congresista. Actualmente, la Constitución señala que entre los requisitos para ser congresista está el límite de edad. Para los representantes a la Cámara es a partir de los 25 años y para los senadores desde los 30 años.

Sin embargo, en el texto que entra en discusión en la Comisión Primera de la Cámara, se estableció en 25 años el requisito de edad para ser senador, es decir, cinco años menos de lo que está actualmente, y para ser representante a la Cámara únicamente se exige “ser ciudadano en ejercicio”, es decir, desde los 18 años, que es cuando el ciudadano adquiere la plenitud de derechos y deberes.

Esta es una propuesta que es defendida directamente por el Gobierno. De hecho, hace menos de una semana el ministro del Interior, Alfonso Prada, les advirtió a los congresistas que al dejar por fuera esta propuesta se estaría cercenando el derecho de los jóvenes a participar de los escenarios democráticos.

“El nivel de madurez de los jóvenes es bastante sólido, las causas de los jóvenes están cambiando el planeta entero, en materia ambiental, en materia de reconocimiento sintiente de los animales, las causas en relación con la naturaleza están cambiando el mundo, fueron ellos con una votación masiva quienes eligieron el gobierno del presidente Petro”, apuntó el ministro.

La polémica también correrá por cuenta del artículo que establece el voto obligatorio en Colombia. A pesar de que la propuesta había sido archivada en el anterior debate, los ponentes insistieron en volverla a poner.

Por un lado, hay voces que ven en esta figura una de las maneras de combatir el abstencionismo, el cual puede estar entre el 50 y el 60 % de los ciudadanos, dependiendo del proceso electoral que se cumpla.

Alfonso Prada presentará esta semana la reforma política en el Congreso.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, lidera el trámite de la reforma política en el Congreso. - Foto: SEMANA

No obstante, en la otra orilla, hay quienes piensan que abstenerse de votar también es una posición política válida y que el elector tiene el derecho a acudir a ella si no está conforme con los candidatos que se presentan en las elecciones, ya sean legislativas, presidenciales o locales.

El texto que será radicado en la plenaria también contiene el que es tal vez el asunto más controversial de esta reforma: los congresistas saltar a ser ministros sin tener ninguna restricción. Actualmente, la ley prohíbe esta puerta giratoria.

Esta medida es normal en los sistemas parlamentarios, en los que la elección del Gobierno (Poder Ejecutivo) emana del Parlamento (Poder Legislativo) y es responsable políticamente ante este.

Sin embargo, en Colombia se maneja el sistema presidencialista, en el que hay total independencia entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Desde la oposición han argumentado que este artículo es “un adefesio” y un “despropósito”, pues “se convierte en un instrumento de seducción por parte de los gobiernos a los congresos”.