María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, lanzó nuevos cuestionamientos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los retrasos en el trámite de los macrocasos y advirtió que las demoras podrían comprometer las garantías procesales de los integrantes de la Fuerza Pública que no aceptaron responsabilidad en los hechos investigados.
¿Operación tortuga en la JEP para justificar la ampliación de su periodo y contratar más burocracia?
— Maria Clara Posada (@MaclaPosada) October 16, 2026
Contrario a lo manifestado por la JEP, la Procuraduría desde el año pasado alertó en varias ocasiones que el Tribunal no estaría cumpliendo los términos para adelantar las… pic.twitter.com/WhbppfL0AN
La congresista puso en duda la gestión del tribunal y planteó interrogantes sobre una eventual ampliación de su periodo de funcionamiento. Según sostuvo, los tiempos previstos para avanzar hacia los juicios de los comparecientes que no reconocieron responsabilidad no estarían siendo cumplidos.
Posada señaló que la Procuraduría General de la Nación habría advertido desde 2025 sobre incumplimientos en los términos procesales.
1) En 2023 la JEP creó 36 cargos de magistrados auxiliares itinerantes para acelerar las investigaciones, pero parece que no sirvieron para nada porque los casos no avanzaron y el retraso se mantuvo. La Procuraduría advirtió que fue ineficaz.
— Maria Clara Posada (@MaclaPosada) October 16, 2026
Cada magistrado auxiliar tiene un… pic.twitter.com/65XdU292YG
De acuerdo con su denuncia, los expedientes debían llegar a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), encargada de formular las acusaciones, a más tardar el 15 de septiembre de 2025, para permitir el desarrollo de las investigaciones dentro del plazo legal de 30 meses.
Sin embargo, aseguró que la propia JEP proyectó remitir algunos casos entre 2027 y 2028. Según la senadora, este escenario podría reducir el tiempo disponible para adelantar los juicios y afectar el derecho a la defensa de los militares que decidieron no aceptar responsabilidad.
La legisladora también cuestionó la creación, en 2023, de 36 cargos de magistrados auxiliares itinerantes para acelerar las investigaciones. Sus cálculos revelan que cada funcionario recibe en promedio 40 millones de pesos mensuales, lo que representaría un costo superior a los 17.000 millones de pesos al año. Posada afirmó que la medida no habría logrado superar los retrasos.
Otro de sus reparos apunta a la movilidad de magistrados entre la Sala de Reconocimiento de Verdad y la Sala de Primera Instancia, así como a la posibilidad de que la UIA adelante investigaciones de manera concurrente con la primera sala.
A juicio de la congresista, estas decisiones podrían comprometer la separación de funciones entre investigación y juzgamiento.
A partir de estos cuestionamientos, Posada sugirió que las demoras podrían terminar sirviendo de argumento para extender el funcionamiento de la jurisdicción, aunque no presentó pruebas de que exista una estrategia deliberada con ese propósito.