La senadora del Centro Democrático María Clara Posada denunció que el Estado colombiano podría estar destinando más de $226.000 millones anuales al sostenimiento de los vehículos asignados a los esquemas de protección de antiguos integrantes de las Farc, y cuestionó el gasto en medio de la situación fiscal del país.
Según la congresista, información entregada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2025 da cuenta de 1.272 vehículos destinados a 2.512 miembros de esa antigua guerrilla.
Para calcular el costo, Posada tomó como referencia una cotización que, según indicó, la UNP entregó al Senado para el convenio de protección de 2026.
Los vehículos de los esquemas de protección de las FARC nos estarían costando a los colombianos un estimado de $226.000 millones anuales, a lo cual se debe sumar el valor del número de escoltas -incluidos los viáticos- de cada esquema que no se conoce por ser dato reservado.
— Maria Clara Posada (@MaclaPosada) October 15, 2026
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De acuerdo con esas cifras, las camionetas con blindaje nivel III y IIIA tendrían un costo promedio de $17 millones mensuales, mientras que los vehículos convencionales costarían alrededor de $11 millones al mes.
La senadora advirtió que a esa suma se deben agregar los gastos correspondientes a los escoltas, incluidos sus viáticos. Sin embargo, señaló que no conoce el monto de ese componente porque la información está clasificada como reservada.
Posada sostuvo que el Estado debe garantizar la protección de quienes efectivamente se reincorporaron a la vida civil, pero reclamó transparencia sobre las condiciones otorgadas a los antiguos jefes guerrilleros.
Como argumento, citó cifras de la Contraloría según las cuales las Farc solo entregaron $46.194 millones para reparar a las víctimas y no habrían entregado el 81,8 % de los inmuebles ni el 96,5 % de los bienes muebles comprometidos.
La congresista también cuestionó el cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo de La Habana y recordó una estimación que Forbes hizo en 2014, que situaba la fortuna de las Farc en 600 millones de dólares.
Finalmente, Posada planteó interrogantes sobre el destino de esos recursos y criticó que los contribuyentes asuman los costos de protección mientras persisten, según su denuncia, incumplimientos en la reparación a las víctimas y la entrega de bienes.