El documento de MinHacienda, revelado por SEMANA, que habría causado la salida de José Antonio Ocampo

Durante meses, muchos críticos al gobierno de Gustavo Petro tenían un símbolo de tranquilidad: José Antonio Ocampo. El curtido economista tranquilizaba los mercados y a miles de colombianos que lo veían como el bombero perfecto en medio de tanto incendio. Por eso, el anuncio de su salida en el remezón ministerial causó miedo y decepción.

Muchos le atribuyen a esa decisión del presidente la pelea que levantó el rompimiento de la coalición de gobierno y el haber interpretado a Ocampo como una cuota del liberalismo con el que está de pelea. Pero otros van mucho más allá y aseguran que Ocampo salió por cuenta de sus críticas a la reforma a la salud.

Durante los meses que ha estado ese proyecto en la palestra pública, Ocampo siempre fue una voz sensata que dejó ver el enorme costo que tenía esa reforma y el poco impacto positivo que se anticipa podría generar en la población. De hecho, el fue uno de los que firmó la carta al presidente Gustavo Petro en el que hace unos meses un grupo de ministros, en el que estaba Alejandro Gaviria y Cecilia López, le expresaba al presidente sus reparos.

Pero hubo un documento adicional que generó furia en Palacio de Nariño y que reveló SEMANA cuando la comisión séptima en el Congreso tuvo su debate clave. Se trataba de un derecho de petición que el viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, Gonzalo Hernández, le respondió al senador del Partido Liberal Alejandro Carlos Chacón, donde estaba expuesto el costo fiscal de la reforma al sistema general de salud año tras año.

Las cifras eran preocupantes. Solo en 2024 costaría nueve billones de pesos, una cifra similar a una reforma tributaria. De ellos, 1,9 billones de pesos serían destinados en atención primaria en salud; 756.000 millones de pesos en fortalecimiento de la red pública; 1,5 billones en infraestructura; 121.000 millones de pesos en becas y sistemas de información a profesionales de la salud y 1,2 billones en saneamientos de hospitales públicos.

Es decir, según el derecho de petición, los gastos directos de la reforma serán 5,4 billones de pesos. Además, se invertirán 1,1 billones de pesos en infraestructura y equipamientos y 2,4 billones en capitalización de la Nueva EPS.

En 2025, el Gobierno tendrá que destinar 9,3 billones de pesos. De estos, 8,1 billones serán para gastos directos de la reforma y 1,2 billones en infraestructura y equipamiento.

A medida que pasan los años, la inyección de recursos para la reforma a la salud crece. En 2026, el Estado tendría que inyectar 12,3 billones de pesos. De estos, 11,3 billones de pesos serán invertidos en los gastos de la reforma y adicional un billón de pesos para mejoramiento de infraestructura.

En 2027 ―de acuerdo con el derecho de petición del viceministro Hernández― se tendrán que destinar 11,2 billones de pesos; en 2028, 11,9 billones de pesos; en 2029, 12,1 billones y en el 2030 la cifra llega a 11,6 billones.

Las cifras no terminan ahí. De acuerdo con el funcionario, la reforma requiere una inversión de 11,7 billones en 2031, 11,7 billones en 2032 y 12,7 billones en 2033.

En el documento que le llegó al senador Chacón, está claro “que el costo fiscal directo incluye la ampliación en la estrategia de atención primaria, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, la inversión en infraestructura y el equipamiento de los centros de atención primaria integral resolutiva en salud Capris, las becas y los sistemas de información y de saneamiento de hospitales públicos”, según el viceministro Gonzalo Hernández.

Para la Casa de Nariño, el documento fue una afrenta. Tanto, que fue lo primero que desmintió el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en su entrevista con SEMANA. “Esa plata ya la pone el gobierno colombiano desde hace varios años”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si el valor eran 113 billones en una década contestó sin titubear: “La reforma a la salud, en la práctica, sin pensar en la formalización del capital humano, esa reforma es a costo cero. Si revisamos bien las cuentas, son los mismos 80 billones que ya están en el gasto”.

SEMANA publicó un análisis sobre lo que viene tras el remezón ministerial. Lea la portada completa

Gustavo Petro: ¿se radicalizará o tratará de conciliar y recuperar su coalición? La turbulenta semana que termina es un campanazo; esto podría venir para el país

El abrupto remezón ministerial promovido por el presidente Gustavo Petro ante la negativa de los partidos de aprobar su polémica reforma a la salud marca un antes y un después en su Gobierno. Los colombianos podrían estar empezando a conocer a un mandatario más radical, dispuesto a sacar adelante sus proyectos a como dé lugar y apoyado en las calles y la presión social. “Se está sintiendo acorralado y en su ADN se vuelve más radical”, advirtió en las últimas horas el expresidente Juan Manuel Santos en varios medios de comunicación.

Petro cambió a siete de sus ministros en un inesperado revolcón que, incluso, le costó la salida a José Antonio Ocampo, de la cartera de Hacienda, considerado el polo a tierra de las políticas económicas del Gobierno. Ocampo se paró firme cada vez que hubo planes que ponían en riesgo la independencia del Banco de la República. Siempre se opuso a la emisión de billetes para solventar los problemas sociales y sacó adelante una jugosa reforma tributaria. Tampoco comulgó con poner en marcha medidas restrictivas del mercado, como control de precios o capitales. Era claro que la intención de Ocampo era quedarse un año más en el Gobierno y, de hecho, la Universidad de Columbia, en Nueva York, le había extendido su licencia.

Sin embargo, las alertas que emitió en torno a la peligrosa reforma a la salud fueron deteriorando su relación de confianza con el presidente. Algunos se atreven a decir que Ocampo selló su salida del Gobierno el pasado martes cuando SEMANA publicó un documento del Ministerio de Hacienda que advertía que la reforma a la salud costaría 113 billones de pesos en los próximos diez años. El presidente montó en cólera y desmintió la información.

Unas horas después, Petro le pidió la renuncia protocolaria a todo su gabinete. Al día siguiente, la suerte de Ocampo estaba echada. Su reemplazo, Ricardo Bonilla, quien se desempeñó como secretario de Hacienda del entonces alcalde Petro, no la tiene fácil. Deberá enfrentar una inflación que se niega a ceder y se encuentra en el 13,34 %, la más alta desde 1999, y una tasa de desempleo que en marzo fue del 10 %. Bonilla deberá capotear los grandes costos que se avizoran por las reformas laboral, pensional y de la salud, que han sumido en la incertidumbre a los empresarios y trabajadores por los posibles efectos negativos que puedan provocar. La clave de Bonilla será respetar la regla fiscal y, así como lo hizo Ocampo, tranquilizar los mercados y evitar el deterioro de la confianza.

Con la crisis de gobierno, de forma paralela, esta semana el dólar se volvió a disparar y el viernes cerró en 4.669,65. Las noticias por el lado de Ecopetrol tampoco son buenas. Tras la llegada de su nuevo presidente, Ricardo Roa, y sus primeras declaraciones, la acción de la empresa perdió esta semana 0,13 % de su valor. El viernes cerró en 2.288 pesos, 32 pesos menos que lo que valía el lunes. La devaluación del peso también fue estrepitosa: en la semana bajó 146 pesos, lo que implica una caída de 3,23 %.

Al mismo tiempo, en medio del remezón, el presidente Petro le quitó su respaldo a la “ideologizada” ministra de Salud, Carolina Corcho. La decisión tomó por sorpresa a la coalición y a la oposición e, incluso, a ella misma a tal punto que, molesta, dejó plantado al presidente en el consejo de ministros del miércoles. Al fin y al cabo, la crisis estalló por su equivocada gestión en el trámite de la reforma y por hacerles conejo a los acuerdos, según la denuncia de algunos partidos.

El reemplazo de Corcho, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien ya anunció que defiende el modelo del Seguro Social, tendrá el reto de lograr consensos en medio de la estrategia del Gobierno de negociar al menudeo con los congresistas y no con los jefes de los partidos. Sobre este punto, el expresidente César Gaviria lanzó el martes una bomba y advirtió que cualquier ofrecimiento a cambio de votos para la reforma podría convertirse en un “cohecho”, tal y como sucedió con la ‘yidispolítica’. Por eso, los congresistas que están conversando con el Gobierno a espaldas de sus partidos y directores deben saber que tienen todos los reflectores encima y que lo que hagan saldrá a la luz.

Gran parte de los análisis del nuevo gabinete coincidieron en que se trata de un equipo más afín a la izquierda. El temor de algunos es que el mandatario haya perdido los contrapesos en su propio Gobierno y, por tanto, se radicalice cada día más. De hecho, en los últimos días, Petro agitó el debate sobre temas muy espinosos y que causan tanto temor como las expropiaciones. Asimismo, invitó a los campesinos, indígenas y afros a “movilizarse”. Ni siquiera se salvaron los expresidentes. A Santos le dijo “mentiroso” por defender el actual modelo de salud y muchos atribuyen la salida del cargo del ministro del Interior, Alfonso Prada, a una represalia de Petro por considerarlo un “santista” purasangre. Prada intentó entablar acuerdos alrededor de las reformas, pero en una entrevista en El Tiempo dejó en claro que la ministra Corcho siempre fue un obstáculo porque no cumplía los compromisos.

Petro también arremetió contra el expresidente Gaviria y lo ridiculizó con una ofensiva caricatura en la que aparecía gritando, con los pantalones abajo y un bastón. El viernes, el jefe del Partido Liberal seguía firme como un roble en su posición de rechazo a la reforma a la salud y contaba con el respaldo de todos los senadores. Incluso, los representantes rebeldes ya estaban a sus pies. Pese a esto, el nombramiento del rebelde liberal Luis Fernando Velasco como ministro del Interior fue interpretado como un mensaje a Gaviria, que desde ya plantea que el Gobierno Petro va por su colectividad.

Aunque Petro no fue desobligante con Uribe, sí le dedicó varios trinos y, en uno de ellos, le dijo: “Expresidente, ¿para qué quiere que las EPS privadas manejen los dineros públicos? ¿Sí sabe que eso lleva a desatender pacientes incluso con peligro de muerte y a quebrar hospitales?”. Uribe ha seguido alertando sobre los peligros de la reforma a la salud sin caer en una pelea personal con Petro.

Concluyendo la semana, el presidente también tuvo un round con la Federación de Cafeteros. Le pidió al gremio no elegir al nuevo gerente. Sin embargo, desatendieron su llamado y los comités votaron de manera unánime por Germán Bahamón. El presidente no se aguantó y le sacó a Bahamón en cara unos trinos que escribió en el pasado en los cuales lo criticaba. Petro amenazó con hablar exclusivamente con las bases cafeteras. Ese fue un punto de honor que el presidente perdió. Lo curioso con la elección de Bahamón es que Ocampo sí estaba feliz.

Como si todo esto fuera poco en la semana más difícil para el presidente en lo que va del Gobierno, la Conferencia Internacional sobre Venezuela, a la que él tanto le apostó, pasó sin pena ni gloria. No se logró un pronunciamiento público conjunto de los países invitados. El canciller Álvaro Leyva, en solitario, tuvo que leer una declaración. Por el contrario, Petro recibió fuertes críticas por el manejo que le dio a la llegada a Bogotá del líder opositor Juan Guiadó, obligado por el Gobierno a salir del país hacia Estados Unidos. Guaidó advirtió que fue amenazado con ser deportado al régimen de Maduro en Venezuela, donde su vida y la de su familia, al igual que su libertad, corren serios peligros. “El presidente Petro demostró del lado de quién está, de la dictadura de Maduro”, le dijo Guaidó a SEMANA.

Las encuestas tampoco han estado del lado del mandatario. Según Invamer, solo el 35 % aprueba la gestión del presidente y el 57 % la rechaza. En ocho meses, la aprobación de Petro ha caído 21 puntos porcentuales y la desaprobación ha subido 37 puntos porcentuales. La prueba de fuego serán las elecciones de alcaldes y gobernadores en octubre. Si el respaldo al presidente y su gobierno sigue cayendo, la votación será un plebiscito a la gestión de Petro, que puede dejarlo muy debilitado y poner en aprietos su gobernabilidad.

¿A qué le apuesta?

La gran pregunta hoy es para dónde va el presidente, quien tiene dos opciones por delante. La primera es buscar el consenso con los partidos, recomponer la coalición y sacar adelante unas reformas más moderadas que construyan sobre lo construido y ayuden a resolver problemas sensibles para los colombianos, en vez de agravarlos. En medio de la inseguridad, que se ha recrudecido, el presidente tiene grandes retos con su iniciativa de la paz total, con la que también ha causado tanta controversia. El consenso es la palabra clave para que sus propuestas sean una realidad. Petro también puede aprovechar el innegable buen momento por el que atraviesa su relación con Estados Unidos, el principal aliado del país. El presidente Joe Biden no solo tiene simpatía por el mandatario colombiano, sino que se ve tolerante frente a los debates que plantea, como los cambios en la lucha antidrogas.

Si Petro apela a la sensatez, podrá alejar las grandes preocupaciones del Departamento de Justicia y agencias federales como la DEA y el FBI frente al trato que se les daría a los capos del narcotráfico y, en especial, a la extradición.

El segundo camino de Petro es preocupante y puede poner en riesgo la democracia. El país estaría frente a un presidente que, ante el fracaso, podría optar por una vía autoritaria y gobernar mediante decretos, dejándose arrastrar por voces de una izquierda radical que promueven una riesgosa constituyente, que, sin duda, sería un salto al vacío y reviviría el traumático fantasma de la reelección. Las palabras del expresidente Gaviria podrían convertirse, entonces, en premonitorias: “A (Petro) le va a dar trabajo entregar el poder, me da temor”. En este oscuro escenario, Petro apostaría por las calles como su tabla de salvación con el fin de presionar al Congreso y a las instituciones en un ambiente de caos y anarquía. El mandatario es un buen orador, así lo demostró en la campaña y cuando fue congresista. La protesta es su hábitat natural y es claro que lo seduce. Pero el presidente sabe que violentar la democracia lo puede llevar a una confrontación con todos los poderes públicos, al igual que con las altas cortes. De hecho, la Corte Constitucional ya le mostró los dientes al anunciar que podrá tumbar, de manera preventiva, cualquier ley que apruebe el Congreso y que se considere lesiva para el interés general.

Por su parte, la Corte Suprema toma nota cada minuto. En febrero termina el periodo del fiscal Francisco Barbosa y los magistrados tendrán que elegir su reemplazo a partir de una terna enviada por la Casa de Nariño. Varios han hecho saber que la elección ocurrirá siempre y cuando la terna sea confiable, segura y sensata para el país y la justicia. Si no es así, dicho proceso podría tardar meses y la Fiscalía podría quedar en interinidad.

De cara al mediano plazo, algo que inquieta a los colombianos es saber para dónde va el Gobierno en materia de seguridad. Pese a que se hablaba de un cambio en la cartera de Defensa, esto no ocurrió, con lo cual queda claro que el presidente está satisfecho con la gestión del ministro Iván Velásquez. En esa área, el primer mandatario debe entender que su política de seguridad estará a prueba, ya que debe sofocar la creciente violencia que azota a las regiones. Está por verse si el cese al fuego es efectivo y logra pacificar el país, teniendo en cuenta que organizaciones sociales han denunciado 219 violaciones a lo acordado entre el Gobierno y distintas estructuras criminales.

En este complejo ajedrez están los accidentados diálogos con el ELN, que pronto tendrán que empezar a mostrar resultados. En caso de que no ocurra, el presidente perderá la confianza de la opinión en esa apuesta. Las conversaciones con Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, que se inician el 16 de mayo, también se convierten en una papa caliente para el Gobierno. O negocian y se desmovilizan rápidamente, o esos diálogos serán al final un bumerán contra el presidente Petro. Los colombianos no quieren otro Caguán. Mientras tanto, es incierto en qué terminará el plan de dialogar con Iván Márquez y la Segunda Marquetalia, pues no es claro aún si los reincidentes de los diálogos de La Habana pueden tener otra oportunidad para dialogar con el Gobierno o si, por el contrario, la única alternativa que les queda es el sometimiento a la justicia. En la incertidumbre también está lo que ocurrirá con el Clan del Golfo, grupo criminal con el que ya hubo un serio tropiezo cuando el presidente rompió el cese al fuego por el paro armado en el Bajo Cauca.

La cereza del pastel es lo que el Gobierno ha pretendido hacer con la ley de sometimiento de narcos. Esta sigue siendo tan laxa que tampoco tiene mucho futuro en el Congreso. Por lo menos, mientras el fiscal Barbosa esté en el cargo, es evidente que su tránsito será casi imposible, ya que Barbosa ha llegado a decir que el Gobierno Petro quiere “legalizar toda la cadena del narcotráfico”.

El futuro de la fuerza pública también está en juego tras la barrida de más de 60 generales, el ruido sobre una baja de la moral en las tropas y los constantes señalamientos por la disminución en la operatividad. Petro está empeñado en la interdicción y ha dejado en un segundo plano la erradicación de la coca, por lo que se espera que el país muy pronto llegue a la cifra de 300.000 hectáreas sembradas o más, algo impensable. Esto se convierte en un arma de doble filo para el presidente, pues a más cocaína, más combustible para la violencia en el país.

Si bien Petro quiere posicionarse como un líder regional, tendrá que ser muy cauteloso y saber cuáles son los límites. De lo contrario, podría caer en la crisis de legitimidad que están viviendo algunos de sus colegas, como Gabriel Boric en Chile, cuya desaprobación es de más del 60 %; Pedro Castillo en Perú, quien lo perdió todo y está preso; Alberto Fernández en Argentina, hundido en la quiebra; o Nicolás Maduro, que terminó por destruir a Venezuela. Aunque la comunidad internacional trata de buscar soluciones democráticas en este último país, lo cierto es que el líder del régimen no debe vivir tranquilo. Una corte federal en Estados Unidos lo busca por narcotráfico y ofrece más de 15 millones de dólares por su captura. Entretanto, avanzan las investigaciones en su contra en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad.

Del camino que tome el presidente Petro en este temprano segundo tiempo de su Gobierno dependerá la suerte y el futuro de la nación. Por eso, el mandatario deberá pensar primero en el país más que en sí mismo. Una Colombia caótica no le sirve a él ni a nadie.