Reforma a la justicia: estos son los secretos del primer encuentro entre 35 pesos pesados del derecho

Esta semana, el ministro de Defensa, Néstor Osuna, logró dar el primer paso con su reforma a la justicia: reunió a 35 juristas y pesos pesados del derecho que hacen parte de la comisión que él conformó y que redactará las nuevas propuestas que le darán un vuelco a la justicia en Colombia.

Ocurrió este martes 16 de enero en el Club de Banqueros y Empresarios en el centro de Bogotá.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, uno de los más fuertes críticos del gobierno de Gustavo Petro, y el presidente de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, Hernando Herrera, asistieron virtualmente. Los demás lo hicieron presencialmente.

La jornada fue exclusivamente protocolaria. El ministro Osuna agradeció el hecho de que todos le hubieran cumplido la invitación que extendió vía telefónica y por medio de cartas. Posteriormente, en un breve discurso, les dijo que las propuestas que surgieran tenían el aval del Gobierno Petro. A renglón seguido, dejó claro que en la comisión no había vetos y todas las propuestas, según él, eran bienvenidas.

La reunión comenzó a las 11:00 de la mañana y se extendió hasta la 1:30 de la tarde.

Osuna escuchó a cada uno de los asistentes y planteó el cronograma. Todos tienen hasta el 2 de febrero para enviar por escrito y vía correo electrónico las propuestas de reforma a la justicia. Y el 16, a través de mesas temáticas, empezarán las discusiones que se extenderán dos meses aproximadamente.

En el Ministerio de Justicia tienen claro que la comisión no puede prolongarse después de diciembre de 2024 porque no es secreto que el matrimonio entre el Gobierno Petro y el Congreso, quien finalmente votará los proyectos de justicia, se desgasta a medida que pasan los días.

El objetivo es que después de junio esté consolidado un solo proyecto borrador o varias propuestas que se radicarán en el Legislativo que estará dedicado este primer semestre en avanzar en las reformas a la salud, pensional y laboral, las más urgentes para Gustavo Petro.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras le dijo a SEMANA que se sintió bien en el primer encuentro y aclaró que la primera reunión fue una instalación protocolaria donde cada uno expresó sus temas de interés.

Él, por ejemplo, ya tiene claras sus propuestas del 2 de febrero y están relacionadas con la descongestión judicial, el acceso a la justicia, seguridad jurídica y la administración de la Rama Judicial.

La última es una idea controvertida que generará ampolla porque busca quitarles poderes a algunas de las cortes en las elecciones de fiscal, procurador, entre otros.

“Mi interés en participar en la comisión es porque ya cursan en el Congreso dos reformas que llevamos nosotros (Cambio Radical), ambas están haciendo trámite en la Comisión Primera de la Cámara”, dijo.

Una de ellas busca hacer transparente el proceso de elección de los altos cargos de la Rama, como fiscal general de la Nación, registrador nacional del Estado Civil, auditor general de la República y procurador general. La otra pretende que el sistema judicial se modernice, regrese la dignidad de la magistratura y disminuyan los tiempos de definición de los procesos judiciales en todas las áreas.

En la comisión, donde ninguno recibe salario, todos son conscientes de la necesidad de una nueva reforma a la justicia, pero sobre el escenario no será tan sencillo ponerlos de acuerdo porque todos están en orillas distintas y tienen sus propios intereses.

Por ejemplo, la propuesta de quitarle dientes a la Rama Judicial, especialmente a las Cortes a la hora de ternar o escoger a algunas de las cabezas de los organismos de control, siempre ha sido respaldada por los gobiernos en todas sus fallidas reformas a la justicia, pese a que alegan politización de la justicia. La Administración Petro no es la excepción.

Esa iniciativa no es tan sencilla tramitarla en la nueva reforma a la justicia porque el país vive un momento crucial donde la Corte Suprema estudia la terna presentada por Gustavo Petro para elección de fiscal general integrada por Ángela Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez.

Para algunos congresistas consultados por SEMANA y quienes pidieron omitir su identidad, la estrategia de instalar una comisión que reforme la Justicia en la actualidad es un mensaje claro a la Corte Suprema de Justicia para que decida pronto el nombre de la nueva fiscal que sucederá a Francisco Barbosa, quien saldrá de su cargo el 14 de febrero.

El Gobierno Petro teme que se repita la historia que ocurrió en el mandato de Álvaro Uribe y la Corte Suprema se tome el tiempo necesario para elegir fiscal.

Si eso ocurre, en la izquierda tienen claro que el organismo investigador quedaría en manos de la vicefiscal, Martha Mancera, amiga personal de Barbosa, enemigo inocultable del jefe de Estado. Con ella al frente de la Fiscalía, los mayores escándalos del Gobierno, entre ellos los que enlodan a Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tendrían un destino poco favorable para el hijo del presidente.

Volviendo a la primera reunión convocada por Osuna, no asistieron delegados de la Corte Constitucional. En cambio sí lo hicieron representantes de la Corte Suprema, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y la JEP. La procuradora Margarita Cabello no llegó porque no fue invitada, pero sí lo hizo William Millán Monsalve, presidente del sindicato nacional de trabajadores de la Procuraduría.

Precisamente, mientras el Gobierno busca eliminar la Procuraduría –Germán Vargas Lleras también comparte la iniciativa–, Monsalve tiene una propuesta menos drástica: que la entidad acate definitivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el procurador general sea elegido de otra manera.

Busca que quien gane se someta a un examen de conocimiento. “Pretendemos que sea un consejo superior de disciplina judicial que lo integren las diferentes Cortes y que se produzca a través de un concurso”, le dijo William Millán a SEMANA. Otra idea es desaparecer las procuradurías judiciales.

El reconocido abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, ya tiene listas sus propuestas, entre ellas fortalecer la Defensoría Pública.

“Nuestros defensores y defensoras hoy son las cenicientas del sistema penal. Deben tener una estabilidad en su trabajo, ser remunerados conforme a la importancia de su trabajo y, sobre todo, son profesionales dignos, son los mejores defensores, y por eso rechazamos que se les utilice como ‘llantas de repuesto’ sentándolos a esperar por si no llega un defensor. Queremos un tratamiento digno para los defensores públicos”, explicó Bernate.

Igualmente, propone la virtualidad en la justicia penal.

“La Corte Constitucional ha dejado sin piso la virtualidad en materia penal. Esto afecta a todos los ciudadanos del país. Hay municipios que no tienen juzgados, hoy están incomunicados ciudades y municipios, y la virtualidad ha demostrado la forma en que hemos avanzado contra la impunidad. El desmonte de la virtualidad supondría una pérdida inmensa de recursos públicos, el atraso de nuestra justicia y el fortalecimiento de la impunidad. La virtualidad llegó para quedarse y estaremos haciendo todo lo necesario para que se mantenga”, dijo.

Y, por último, una colegiatura obligatoria. “Mientras médicos, contadores, radiólogos, veterinarios, enfermeros y casi todas las profesiones tienen sus colegios profesionales que les garantizan sus derechos y velan por el cumplimiento de la ética, los abogados no tienen colegios y su actuar lo vigilan jueces y magistrados. Queremos poner a Colombia a tono con el planeta y con la dignidad de la profesión y que sean los colegios quienes vigilen la profesión”, expresó.

Las propuestas de Bernate son aterrizadas y, de entrada, generaron consensos. Sin embargo, otras producen polémica y lo más probable es que no pasen.

Después de tener algunas propuestas concretas, será el Congreso quien tenga la última palabra. Y la suerte legislativa dependerá de cómo se mueva políticamente el ministro Néstor Osuna, a quien ya le hundieron una primera reforma a la justicia.