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Los temas tributarios en el Congreso requieren ser tratados con pinzas.
Bancada de Gobierno radicó el proyecto de reforma constitucional que agilizará el trámite legislativo. - Foto: león darío peláez-semana

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Reforma al Congreso: esto es lo que propone la bancada de Gustavo Petro

El proyecto de Acto Legislativo fue radicado este miércoles.

Este miércoles, varios congresistas de la bancada de Gobierno radicaron el proyecto de Acto Legislativo que agilizaría el trámite de las reformas propuestas por el presidente electo Gustavo Petro. La iniciativa pretende no solo poner a trabajar a toda máquina al Congreso de la República, sino que también busca limitar los beneficios para los legisladores.

La iniciativa fue presentada por los senadores Roy Barreras, Gustavo Bolívar e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, junto a la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde. En rueda de prensa, los legisladores explicaron que se trata de crear confianza sobre la labor parlamentaria y crear un trámite “más limpio, transparente y eficaz”.

Barreras, tal como lo dijo previo a la instalación del nuevo Congreso, reafirma que se acabará “la guachafita”. En este sentido, propuso hacer que el Legislativo trabajara más para poder dar trámite a las reformas urgentes del presidente electo.

“Aunque eso se puede hacer simplemente con voluntad política, metiendo el pie en el acelerador, el Pacto Histórico ha decidido, con los senadores y representantes que nos acompañan, que eso se vuelva norma. Que se transforme el funcionamiento del Congreso”, expresó Barreras, anticipando que sería una iniciativa polémica entre los congresistas.

En el proyecto de Acto Legislativo, la primera medida propone agregar un inciso al artículo 126 de la Constitución. En este, se adicionaría que los servidores públicos “no podrán, en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”.

Segundo, los congresistas no podrían reelegirse por más de tres periodos. Estos tres periodos serían totales, contando para el límite de periodos tanto en Senado de la República como la Cámara de Representantes.

En tercer lugar, se ampliarán los periodos del Congreso de la República, haciendo más cortos los recesos legislativos. El primer periodo de sesiones iría desde el 20 de julio hasta el 20 de diciembre y el segundo del 1 de febrero hasta el 20 de junio. Es decir, de cuatro meses de vacaciones se pasaría a un poco más de dos meses.

Según Juvinao, quien explicó ese punto dentro de la reforma, el receso actual no tiene sustento en la realidad actual.

“En la Constitución de 1991, revisando las condiciones de movilidad de ese momento, a los congresistas les tomaba días ir a ciertas regiones. No era tan fácil como hoy, ir y venir en un avión. Se dan los cuatro meses de receso bajo esa lógica”, contó.

A su vez, el proyecto también tiene en cuenta las sesiones extraordinarias: “En el curso de ellas solo podrá ocuparse en los asuntos que el Gobierno someta a su consideración, sin perjuicio de la función de control político que le es propia, la cual podrá ejercer en todo tiempo”, dice el documento.

También se tienen en cuenta más causales de pérdida de investidura para los congresistas. Una de ellas se daría por la inasistencia injustificada a seis sesiones plenarias o de comisiones constitucionales.

Al mismo tiempo, también se sancionaría los beneficios que tengan de su actividad legislativa: “Por obtener prebenda como contraprestación a su participación o no en la discusión o votación de un proyecto de ley, de acto legislativo o moción de censura”.

Una de las reformas más esperadas es la reducción del salario, el cual no podrá exceder los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. “Esta se reajustará cada año en proporción igual al aumento del salario mínimo mensual legal vigente”, agrega el documento.

Además, el salario de un congresista dejará de ser un criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de otros funcionarios públicos. Para esto, se tendrá en cuenta el salario del presidente de la República.

Este ajuste entraría en vigencia desde 2026, para el próximo Congreso, debido a que podría ser motivo de polémica entre los actuales legisladores, dificultando su aprobación.

Sin embargo, lo que sí se podría lograr es la congelación del salario actual, evitando que suba más gracias a los reajustes anuales.

Con la llamada “aplanadora” en marcha, se prevé la tan esperada aprobación de la reforma al Congreso de la República. A pesar de la posible controversia, la bancada de Gobierno no piensa negociar ninguno de los puntos propuestos.