Roy pide al procurador decidir si Angelino "acató la ley"

La polémica encendida en el país por la salud del vicepresidente Angelino Garzón no termina. Al menos por los lados de Roy Barreras, presidente del Congreso, quien promovió ante el Senado certificar si el 'vice' está en condiciones de reemplazar al presidente Juan Manuel Santos si este estuviera en incapacidad absoluta, ahora acaba de proponer que la discusión se desarrolle desde el terreno disciplinario.
 
Barreras, en carta dirigida al procurador general Alejandro Ordóñez, asegura que el Congreso cumplió con su deber al pedir dicha certificación científica en un momento inédito en el que tanto el presidente Juan Manuel Santos, como el vicepresidente Garzón, estaban en un periodo de incapacidad certificado por sus respectivos médicos.
 
El presidente del Senado, en consecuencia, dejará en manos de los organismos de control la decisión de si Angelino debe certificar sus actuales capacidades para, ante una eventualidad, manejar los destinos de la Nación.
 
Por eso, en la carta, el senador Barreras asegura que el Congreso no tiene facultades coercitivas para hacer cumplir lo estipulado en la ley, y será competencia de la
Procuraduría determinar si Angelino Garzón acató la legislación o no al acogerse a “objeciones constitucionales” para eludir el examen científico que una Junta Médica del más alto nivel, convocada por el Congreso, pretendía practicarle el pasado jueves con el fin de certificarle al parlamento colombiano si el Vicepresidente de la República tenía las capacidades para cumplir con sus funciones, una de ellas las de reemplazar al presidente en ejercicio.
 
Angelino, quien recibió a los galenos en su casa de la sede de la Vicepresidencia, aseguró que el presidente Santos no estaba incurso de una incapacidad absoluta y permanente por lo que se opuso a practicarse el examen. En ese momento aseguró que no se prestaría para un golpe al mandato del presidente Santos.
 
Para Roy Barreras, el Senado cumplió con su deber al exigir la certificación médica de Angelino, pues se acogió a la Ley Quinta del 92.
 
"Quiero decirle hoy a todos los colombianos que el Congreso de Colombia ya cumplió estrictamente con su deber y su obligación constitucional y legal, en un momento inédito de la historia institucional reciente de nuestro país y en un día específico en el que el presidente Santos entraba al quirófano y su Vicepresidente tenía una incapacidad laboral vigente expedida por los propios médicos de su EPS. El Congreso tenía la obligación de actuar ante la mínima posibilidad de riesgo institucional y apegados estrictamente a la ley, se siguió el procedimiento previsto en los artículos 26 y 326 de la ley 5 que ordena que sólo las más altas autoridades médicas del país pueden certificar el estado de salud de quien eventualmente deba asumir las complejas funciones de Jefe de Estado", dijo Barreras en un comunicado de prensa.
 
Por eso Barreras renunció a que el Congreso se preste para lo que calificó un "show mediático" el estado de salud del vicepresidente. Porque el pasado fin de semana, Angelino Garzón, y en declaraciones que concedió en Valledupar (Cesar) manifestó su intrención de someterse a un "debate político" ante el Congreso en pleno.
 
"Soy un hombre que cree en la democracia y por eso les estoy pidiendo al Senado y a la Cámara que me reciban en plenaria, que se dejen de discusiones estériles sobre si un médico me hace exámenes o no", dijo Garzón en la clausura del Foro de Derechos Humanos y DIH en la capital vallenata.
 
"Esto no es un reality; es un tema serio, de carácter constitucional", afirmó Roy Barreras al conocer las palabras de Angelino.
 
La polémica parece terminar con la carta del presidente del Congreso a la Procuraduría, aunque no se resolvió si el vicepresidente estaba en la obligación de certificar su condición de salud. En teoría esta controversia podría ser resuelta por el procurador Alejandro Ordóñez.
 
Carta del presidente del Senado al Procurador

Bogotá D.C. Octubre 8 de 2012.
 
Doctor
ALEJANDRO ORDOÑEZ
Procurador General de la Nación
Ciudad
 
Cordial saludo
 
En mi calidad de Presidente del Congreso de la República, me permito acudir a su despacho a fin de informarle sobre la actuación constitucional y legal desarrollada por esta institución el pasado martes 2 de octubre, en mi nombre, bajo la investidura de Presidente de esta Corporación, y en estricto cumplimiento de la norma, específicamente de los artículos 205 de la Constitución, 26 y 326 de la ley 5ª de 1992, al solicitar a los facultativos de la más alta calidad científica de la Academia de Medicina, la Federación Médica y del Tribunal de Ética Médica, la certificación sobre la capacidad o incapacidad física del señor Vicepresidente de la República Dr. Angelino Garzón, para ejercer sus funciones como Vicepresidente, la cual fue atendida por los presidentes de dichas instituciones médicas el pasado jueves 4 de octubre, al cumplirse la cita de evaluación médica al señor Vicepresidente en su residencia.
 
Tal y como se me informó en la carta enviada por la Academia de Medicina el pasado viernes 5 de octubre, al momento de la visita al señor Vicepresidente, el Dr. Angelino Garzón manifestó razones médico-jurídicas para negarse al consentimiento para la realización de la evaluación médica de su estado de salud, lo que imposibilitó la certificación sobre su capacidad o incapacidad física para el desarrollo de las funciones que le han sido atribuidas por el ordenamiento constitucional y legal.
 
En tal sentido y habiendo cumplido el Congreso de la República con el mandato contenido en el artículo 205 de la Constitución Política, 26 y 326 de la ley 5 de 1992 Reglamento Interno del Congreso, con una aplicación de la norma bastante benévola en el tiempo por parte de esta Corporación, y sin que para los efectos exista mecanismo legal de coerción por parte del Congreso sobre la negativa de acceder a la evaluación médica del señor Vicepresidente de la República, declarando al legislativo cumplidor del deber legal, me permito poner en su conocimiento la situación antes anotada, en su calidad de Jefe máximo del Ministerio Público, para que según corresponda en derecho, se adelanten las actuaciones correspondientes frente al control disciplinario que la Procuraduría General de la Nación estime aplicable.
 
En efecto y habiéndose cumplido la visita médica solicitada en los términos del artículo 326 de la ley 5ª de 1992 con acompañamiento de una Delegada de la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de la función de control preventivo, quien para los efectos podrá verificar el incumplimiento de la ley por parte de señor Vicepresidente de la República, al haberse negado a dar su consentimiento para el trámite de evaluación médica referida, el Congreso declara haber cumplido con su deber y a la vez haber terminado con la etapa de intervención constitucional y legal en este caso, debiéndose ahora adelantar por parte del organismo de control, el estudio y la actuación legal que corresponda frente a los hechos.
 
Agradeciendo su atención a esta comunicación, en espera de la respuesta a la presente solicitud, y deseándole éxitos en la labor que continuamente adelanta el Ministerio Público, bajo su dirección constitucional y legal, me suscribo de usted;
 
Cordialmente;
 
ROY BARRERAS
Presidente
Congreso de la República