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Hernán Cadavid Márquez Representante a la Cámara por el Centro Democrático - Foto: Guillermo Torres /Semana

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¿Sacar de la cárcel a miembros de la primera línea? Estos son los argumentos de la demanda contra el anuncio del presidente Gustavo Petro

Según el jefe de Estado, la idea es darles a los miembros de esta organización el estatus de gestores de paz.

Aún no se ha emitido, por parte del presidente Gustavo Petro, el decreto para sacar de la cárcel a miembros de la primera línea “antes de Navidad” y ya se anuncia la primera demanda que llegará contra esta decisión.

“Centenares de jóvenes que fueron detenidos en las protestas en las que se registraron desmanes en diferentes departamentos de Colombia serán liberados antes de la Noche Buena”, aseguró Petro al anunciar que emitirá un decreto para que los miembros de esta organización que se encuentran detenidos pasen a ser gestores de paz.

“Tienen derecho a pasar Navidad con sus familias”, dijo el mandatario en un acto en Pasto.

El presidente comparó lo sucedido con los jóvenes de la primera línea con lo ocurrido en la dictadura en Chile, cuando mataron a decenas de jóvenes en los estadios tras el fallecimiento de Allende, “en un estadio así como este, frío y oscuro mataron a Víctor Jara y decenas de jóvenes”.

Este anuncio, como era de esperarse, no cayó bien en la oposición, desde donde anunciaron una demanda contra este decreto.

“¿Qué sentirá la familia del joven asesinado con un cable atravesado en la vía; la familia del policía torturado, que siente el señor que le destruyeron su pequeño comercio? Gustavo Petro se equivoca al querer pagar con libertad los favores recibidos por la primera línea”, expresó el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid.

Según el congresista, la demanda que anunció se basa, fundamentalmente, en dos argumentos.

La primera es que la figura de gestores de paz se usa con miembros de grupos al margen de la ley que tienen un estatus político, como es el caso del ELN.

“La figura de gestores de paz se ha utilizado tradicionalmente para beneficiar a miembros de grupos armados al margen de la ley, no personas que incurren en delitos comunes como secuestro, homicidio, extorsión, lesiones personales y tortura, entre otros, como están procesados los miembros de la primera línea”, indicó el representante.

El otro elemento que tendrá en cuenta la eventual demanda es que fue un fiscal ante un juez de la República el que llevó a estos detenidos a la cárcel, por lo que el decreto tendrá que tener esta circunstancia, pues de lo contrario se estaría entrando en un choque con la justicia.

“No puede Gustavo Petro someter las leyes de la República para cumplirle caprichos personales y compromisos políticos a los sectores que lo ayudaron en las calles, en las movilizaciones y en el llamado estallido social, que terminó siendo una manifestación política a favor del hoy presidente”, concluyó Cadavid.

“Todo lo que esté a nuestro alcance lo haremos, pero este país no lo cedemos al hampa. A nadie llevan a la cárcel por protestar pacíficamente”, manifestó Cadavid.

Vale la pena recordar que el 28 de abril de 2021, Colombia vivió un estallido social con decenas de protestas y marchas a lo largo del territorio nacional de colombianos que no estaban de acuerdo con las políticas del gobierno del entonces presidente Iván Duque.

El paro se extendió por cerca de dos meses y los actos de violencia fueron el pan de cada día de una Colombia que se vio sumida en el temor y en la represión violenta.

De acuerdo con un informe realizado por Indepaz, se reportaron un total de 1832 detenciones ilegales en el marco de las protestas, la gran mayoría de ellas de jóvenes, incluso muchos de ellos menores de edad.

También se reportaron un total de 75 asesinatos, de los cuales, 44 fueron con presunta autoría de la fuerza pública, retrata el informe.

Tras las protestas y las investigaciones realizadas por el Ministerio de Defensa, muchos de los detenidos, miembros de la llamada primera línea, fueron imputados con delitos como concierto para delinquir, agresión a servidor público y porte y fabricación de sustancias peligrosas.