Con quién se está negociando

El gobierno se sentará esta semana en Santa Fe de Ralito, un polvoriento caserío incrustado en las sabanas de Córdoba, en una mesa de negociación con 10 de los hombres más poderosos del país: los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su presencia en la mesa tiene una explicación formal: son los miembros de su estado mayor. Pero en realidad estarán ahí sentados por una razón que va a la médula del conflicto: cada uno de ellos es amo y señor en un pedazo de Colombia. Salvatore Mancuso en Córdoba, 'Ernesto Báez' en el sur de Bolívar, Miguel Arroyave en el piedemonte llanero o 'Jorge 40' en la Sierra Nevada. La figura más visible de este grupo de 10 hombres, cuyas historias se han convertido en leyenda en varias regiones del país, es Salvatore Mancuso, un corpulento ganadero costeño descendiente de italianos y que no llega a los 40 años. Luego de la muerte de Carlos Castaño, el carismático y locuaz líder de las autodefensas durante la última década, la opinión ya reconoce a Mancuso como la persona que habla en representación de más de 20.000 combatientes armados dispersos en todo el territorio. Pero realmente ¿frente a quién se está? ¿Quiénes son hoy 'los paras'? ¿Sabe el gobierno a quién se enfrenta en la mesa? ¿Son las AUC un puñado de hombres que se armaron cansados de que el Estado no los protegiera del acoso de la guerrilla? ¿Son capos de la droga con traje camuflado y ejércitos privados que quieren evitar ser extraditados y no pagar cárcel? ¿Son acaso simples delincuentes con aparatos militares que han visto una oportunidad para lavar sus dineros mal habidos? O, ¿son acaso todas las anteriores?

En efecto, quienes se sentarán en la mesa esta semana tienen algo de autodefensa, algo de narco y algo de delincuente. Los primeros, los más genuinos -o los menos contaminados-, mantienen un discurso ideológico contrainsurgente y han capitalizado políticamente la falta de presencia del Estado. Aunque sus motivaciones tienen un espíritu de autoprotección, este tipo de autodefensa nació atada al cordón umbilical del narcotráfico. El otro sector se puede bautizar como el 'narcoparamilitar'. Tiene hoy bastante representación en la mesa de negociación y está liderado por antiguos lugartenientes de los carteles de la droga -especialmente de Medellín- que con la muerte de los grandes capos coparon sus espacios y se quedaron con el negocio del narcotráfico. Herederos de un modelo al estilo Pablo Escobar o el 'Mexicano', montaron estructuras militares que los llevaron rápidamente a confluir con las autodefensas. El mejor representante de este sector es Adolfo Paz, conocido como 'Don Berna', quien pasó de ser jefe de escoltas de los hermanos Galeano a feroz enemigo de Pablo Escobar. En menos de ocho años, Paz logró acumular mucho poder pero, a diferencia de Escobar, no le declaró una guerra al Estado. El tercer sector de las AUC es el del crimen organizado. Son bandas muy sofisticadas que trafican droga, roban combustible, extorsionan, y cuyos millonarios dividendos les permitieron comprar una franquicia de las autodefensas con la esperanza de resolver sus problemas jurídicos en la mesa de negociación.

Este cuadro de los paramilitares ya lo conoce el país. Se ha revelado su metamorfosis, se han publicado sus andanzas, se ha denunciado la lumpenización de varios de sus brazos armados y se ha hecho eco de sus pugnas internas. El problema de fondo frente a la negociación que se avecina no es de dónde vienen estos hombres, ni qué tan sórdido es su pasado, sino para dónde van. La respuesta a esta pregunta está atravesada por un tema que va a ser crucial en la mesa: el narcotráfico.

Tan fundamental es este tema en la negociación que arranca el martes, que dos de las figuras más emblemáticas de las AUC y que lucharon para que el narcotráfico no se carcomiera la estructura de las autodefensas fueron recientemente asesinados: Carlos Castaño y Rodrigo Franco (alias 'Doble Cero'). No porque Castaño o Franco tuvieran escrúpulos frente al tema de la droga. Por el contrario, ambos militaron en el grupo de 'Los Pepes', fueron estratégicos en la muerte de Pablo Escobar y mantuvieron estrechas alianzas con poderosos carteles durante muchos años. El propio Castaño fue en algún momento un pistolero de los mafiosos. Pero Castaño y Franco en los últimos años comprendieron que el narcotráfico estaba cambiando la naturaleza misma de las AUC. "Las autodefensas se convirtieron en una nube oscura donde se ocultan la corrupción nacional, el narcotráfico, las anarquías y los feudos locales, y otras actitudes criminales como el hurto del petróleo, el mercenarismo", había dicho Castaño pocos meses antes de ser asesinado.

Las palabras de Castaño desnudan una realidad cada vez más latente: el narcotráfico dejó de ser un medio rentable para financiar una guerra contrainsurgente y se convirtió en un fin para acumular capital. Su muerte, muy posiblemente a manos de sus propios socios y compañeros de armas, cerró una era de las autodefensas. La era en la cual las autodefensas eran eminentemente contraguerrilleras, se erigían como un sustituto del Estado y tenían de eje de su agenda política era la seguridad de las regiones, aun si había que imponerla a punta de plomo y terror.

Con Castaño el paramilitarismo tenía una cara: un aparato militar con unidad de mando y un discurso político. Hoy, esa cara es más difusa y cambia según se le mire. Por eso surge un interrogante que va al corazón de la incipiente negociación: ¿están los paras tratando de convertir el narcotráfico en su agenda política o son los narcos quienes mimetizados en el estatus político de los paramilitares buscan una negociación con el gobierno?

En cualquier caso el tema del narcotráfico está sobre la mesa y el gobierno debe destapar sus cartas al respecto. Las agendas de todos los actores de la negociación están medianamente claras. Pero no está claro qué ofrece y qué pide cada parte. ¿Cuáles son sus apuestas?

Los paramilitares han sido enfáticos en lo que buscan. Ni cárcel ni extradición. Y seguramente buscarán jubilarse para disfrutar las riquezas que han acumulado en la ilegalidad, al tiempo que tratarán de conservar algún control político en sus regiones de influencia. A cambio ofrecen: desarme, erradicación de cultivos ilícitos y alguna reparación a las víctimas. Frente a esto último, Mancuso ha hablado de entregar tierras.

El gobierno busca, en lo militar, disminuir la intensidad del conflicto. Esto significa en plata blanca quitarle hombres a la guerra. Desde tropa hasta mariscales de campo. En lo político aspira a que una negociación exitosa le dé más legimitidad dentro y fuera del país, y poder reivindicar así la salida negociada, tan desprestigiada después del Caguán. Y en lo táctico, le permite concentrar sus esfuerzos militares en un solo enemigo: las Farc.

Estados Unidos, el tercer actor, virtual pero preponderante en la negociación, quiere acabar con el narcotráfico y con los territorios que sean caldo de cultivo para un terrorismo que pueda amenazar su seguridad nacional. A ellos, de la negociación con los paramilitares les interesa obtener rutas, contactos, corredores y enlaces del narcotráfico. Para ello tienen el garrote de la extradición: sin duda el peor castigo pero en un eventual incentivo para el final del acuerdo.

Más allá de lo que busquen cada uno de los protagonistas alrededor de la negociación hay una pregunta que se debe hacer el país: ¿qué es una buena negociación con los paramilitares?

Una buena negociación es sin duda, la que resuelve el problema. La deseable en este caso es aquella que le ponga fin al paramilitarismo. Y ponerle punto final a este flagelo no es sólo desmovilizar a miles de hombres con sus respectivos fusiles. Se trata de acabar con su poder económico y político. Se trata, por ejemplo, de que no sigan manejando los hilos del poder regional con sus pistolas humeantes en la nuca de los gobernantes locales. Una buena negociación implica entonces el desmonte de las estructuras paramilitares y de narcotráfico, entrega de bienes y asumir la responsabilidad por los daños causados.

La pregunta es si se está frente a este tipo de negociación. Claramente no. Primero porque la que se avecina es una negociación parcial. Por fuera de la mesa quedan 3.000 hombres armados, más o menos 20 por ciento del total, comandados por el 'Alemán' en Urabá y Chocó, 'Martín Llanos' en el Meta y Ramón Isaza en el Magdalena Medio, entre otros. Y estos señores de la guerra seguramente coparán los espacios que dejen los que negocien. Esto nos conduce al segundo punto: que la guerra en Colombia es una guerra de falta de Estado. Y donde no hay Estado se multiplicarán los ejércitos privados para defenderse de los coletazos de la guerrilla o, en su defecto, como una manera de consolidar un poder local y perpetuarse en él. Cualquier negociación debe venir entonces acompañada de una legitimidad del Estado. Y esto no quiere decir sólo seguridad, es decir más ejército, sino instituciones democráticas y libertades civiles para las zonas liberadas del yugo paramilitar. Pero también quiere decir una opción de vida para los combatientes reinsertados.

Lo que no puede pasar con esta negociación es que los paramilitares que negocien terminen de terratenientes protegidos por sus ex lugartenientes. O peor aún, que la negociación termine en el desmonte de su estructura militar, sin abandonar las redes criminales que les sirven para acumular riqueza y controlar la vida política y social. "Lo que no va a aceptar esta sociedad es que queden libres, con plata, con poder político y económico, con legitimidad política y que sigan traqueteando", dice un analista. Y en ello un papel clave será el de la OEA, que verifica el proceso pero que hasta el momento no parece tener suficiente claridad sobre lo que le espera.

¿Quiere decir esto que se está frente a una mala negociación? No necesariamente. La guerra y la paz no pueden mirarse bajo la óptica maniquea de victoria-claudicación. Lograr el desarme de 13.000 hombres es de por sí una enorme ganancia para el país, incluso si es parcial. Si bien esa desmovilización no garantiza el fin del paramilitarismo, sí puede mitigar su auge y ponerlo en desventaja militar, táctica y política. Así ocurrió cuando a principios de los 90 el M-19 y otras guerrillas abandonaron las armas. No fue el fin de la guerrilla en Colombia pero sí el principio de un aislamiento. Adicionalmente, la mesa le brinda al gobierno la oportunidad de demostrar que sí tiene una estrategia para recuperar la legitimidad en las zonas donde los paramilitares han sido amos y señores durante años. Es sin duda mejor una negociación parcial que no tener ninguna.

Por lo pronto, la negociación es conveniente para ambas partes. Para las autodefensas, porque tienen un reconocimiento como actor político. Incluso a sabiendas de que casi todos los jefes paramilitares sentados en la mesa están procesados en Estados Unidos por narcotráfico y que por lo menos siete de ellos están solicitados en extradición. En adelante pueden ganar legitimidad, están en una zona geográfica protegida por el Estado y tienen la garantía jurídica de que no van a ser capturados. A cambio han entregado muy poco: un cese de hostilidades violado cientos de veces y la desmovilización de más de cerca de 900 combatientes del Bloque Cacique Nutibara, en Medellín, envuelta en una nube de controversia.

Y para el gobierno también es conveniente ya que allana el camino de la solución negociada y le permite mostrarle al país que esta administración no es sólo la de la mano dura sino la del corazón grande. Más aún cuando los tambores de la reelección empezaron a sonar y el Presidente necesita mostrarle al país que no sólo saber hacer la guerra sino que también tiene voluntad de paz. Pero lo que no puede permitirse el gobierno es que Santa Fe de Ralito sea ahora un sitio donde los jefes paramilitares están protegidos, la guerra sigue sangrienta, el narcotráfico continúa boyante y no hay agenda ni tiempos para la negociación. Se estaría no frente a otro Caguán sino ante a otra Catedral.

Este martes, cuando el comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo estreche la mano de Salvatore Mancuso, tiene que saber que tarde o temprano, deberá desenredar, cara a cara con los 10 hombres fuertes de las autodefensas, el nudo gordiano de la guerra colombiana que es el narcotráfico. Ese día, el gobierno debe tener muy claro, pensando en el interés nacional, qué ofrece y qué exige en este sensible tema. Y ese día quizá sea la primera vez que el gobierno colombiano esté cogiendo el tema del narcotráfico por los cuernos.