Los secretos de la Corte

El famoso cambio del 'articulito' sobre la reelección les tomó a los magistrados de la Corte Constitucional más de 100 horas de debate. Sólo la discusión del Estatuto Antiterrorista y del Referendo -los otros dos proyectos bandera del gobierno de Uribe- les había exigido tanto tiempo. El proceso partió con una decisión clave: no acumular las demandas contra el acto legislativo sino repartir las 10 que habían llegado entre todos los magistrados. Así cada uno tendría la oportunidad de estudiar a fondo el tema y ninguno se volvía vulnerable a las presiones. Había una inquietud: de todas las demandas, dos parecían más completas y agudas que las demás y sobre ellas a la postre giró el grueso del debate. De una, interpuesta por la ciudadana Blanca Enciso, las malas lenguas decían que había sido redactada por el senador Darío Martínez, un desilusionado del uribismo y uno de los más conocedores del reglamento del Congreso. La otra era la escrita por Jaime Castro, Juan Camilo Restrepo y Pedro Medellín. Cuando el presidente de la Corte, Manuel José Cepeda, sacó de la bolsa negra de terciopelo las balotas con los números de cada magistrado y estas dos sentencias correspondieron a Rodrigo Escobar Gil y a Córdoba Triviño, volvió la tranquilidad. Escobar Gil es un abogado conservador y el aliado más incondicional del gobierno de Álvaro Uribe en la Corte. Córdoba Triviño, ex vicefiscal y ex defensor del Pueblo, es considerado un magistrado muy independiente políticamente y con un récord de haber votado en contra de los principales proyectos gubernamentales. El equilibrio político estaba garantizado. Los magistrados también acordaron asegurar la confidencialidad del trámite. Se inventaron un mecanismo medieval: entregar personalmente en sobre 'lacrado' la ponencia a cada uno de los demás magistrados, de tal forma que ni siquiera la secretaria general de la Corte tuviera acceso a ella. El día fijado para presentar las ponencias fue el 19 de septiembre de 2005. Ese día, sólo seis de los magistrados destaparon sus cartas, pues Clara Inés Vargas, Marco Gerardo Monroy y Humberto Sierra descartaron sus demandas. Jaime Araújo, Alfredo Beltrán y Jaime Córdoba abogaron a favor de tumbar la reelección. Álvaro Tafur se declaró a favor de la inexequibilidad parcial del acto legislativo, y Manuel José Cepeda propuso declarar constitucional la reelección, pero devolver la reforma al Congreso para que subsanara irregularidades en el trámite. Es decir que por lo menos cinco votos podrían impedir la reelección de Uribe. Y faltaba el de Clara Inés Vargas. La reelección arrancó herida. Las ponencias iniciales de los magistrados, sumadas al concepto del Procurador contra la reelección, provocaron nerviosismo en el Palacio de Nariño y la consiguiente reacción desmesurada del ministro del Interior, Sabas Pretelt, quien en declaraciones al periódico El Tiempo se fue lanza en ristre contra la Corte. Los magistrados, indignados, convocaron una sesión extraordinaria para redactar uno de los documentos más duros de la historia en las relaciones entre la justicia y el gobierno. "El Presidente será nuestro único interlocutor", afirmaron en el comunicado. Luego arrancaron el debate. La resurrección La situación dio un giro dramático el primer día de deliberación. La magistrada Clara Inés Vargas, de quien todos presumían que estaría en contra de la reelección por sus fallos anteriores sobre vicios de procedimiento, hizo un contundente alegato a favor de la reelección. Hasta el referendo, ella había votado con Araújo y Beltrán. Sin embargo, las relaciones se habían agriado después de que ella, como presidente de la Corte en ese entonces, abriera la votación sin la presencia de Araújo, quien se había retirado en una pataleta. Y de Beltrán se había alejado después de que se publicaron varias versiones sobre de su salvamento que ignoraban que ella había votado con él. A Vargas se sumaron Humberto Sierra, quien siempre ha defendido que la Corte no tiene por qué evaluar la competencia del Congreso para reformar la Carta, y Marco Gerardo Monroy, quien, como se preveía, aprobó el acto legislativo. Con los tres magistrados 'incógnita' a favor de la reforma, la correlación de fuerzas dio un vuelco a favor de la reelección. A partir de ahí el debate tomó vuelo. Se decidió discutir primero si el cambio introducido por la reelección implicaba una transformación tan profunda del sistema de gobierno que en la práctica terminaba sustituyendo la Constitución. Durante el debate sorprendió Jaime Córdoba Triviño. Este había sido ponente del fallo contra el Estatuto Antiterrorista y en ese caso había sostenido que darle facultades judiciales al Ejército sustituía la Constitución. Por eso los magistrados daban por descontado que mantendría esa opinión en este caso. Más aun cuando arrancó hablando de los inconvenientes que podía traer la reelección. Pero concluyó que aunque no le convendría al país, el cambio era ajustado a la Constitución. Habiendo perdido un aliado, Beltrán y Araújo se emplearon a fondo con una extensa intervención para convencer a sus colegas de por qué la reelección inmediata alteraba la naturaleza del Estado actual. Fue en vano. Los magistrados desecharon 7-2 el vicio de competencia. A las dos semanas de haber iniciado el debate, ya la mitad de la reelección se había salvado. Venía lo más difícil: el debate sobre los vicios de procedimiento y, en particular, sobre el trámite de los impedimentos de los 70 congresistas que se declararon inhabilitados para votar porque el gobierno les había dado puestos a parientes suyos en la administración. Todos sabían que si por algo se podía caer la reelección era por este punto, y en efecto, la discusión alcanzó su máximo clímax. De una u otra manera, todos los magistrados -salvo Escobar y Monroy Cabra- reconocían que habían existido irregularidades durante el trámite. La pregunta era si bastaban para tumbar la reelección. Cepeda, por ejemplo, alegó en su ponencia que los impedimentos debían ser tramitados por la comisión de ética del Congreso o por una subcomisión creada para el efecto. Como los congresistas se habían 'habilitado' entre sí, él proponía devolver la reforma al Congreso para subsanarlo. Córdoba consideraba que se debían aplicar los principios procesales judiciales para evitar el 'carrusel de la felicidad' en el que los unos se perdonan a los otros, pero convenció a Cepeda de que no debían apelar a la comisión de ética. El argumento de Tafur Galvis terminó de persuadir al presidente de la Corte: la Constitución dice que los congresistas están obligados a votar y que sólo el presidente de las cámaras puede excusarlos cuando manifiestan un conflicto de intereses, cosa que en este caso no sucedió. Los magistrados revisaron la jurisprudencia del Consejo de Estado, la práctica parlamentaria, el derecho comparado y lo que habían dicho en su momento los demás congresistas, y encontraron que nada apuntaba a la comisión de ética. Humberto Sierra aportó un concepto demoledor. Les propuso aplicar la doctrina de conflicto de interés por beneficio político personal defendido por uno de los magistrados para ver qué artículos de la Constitución quedarían inmodificables. Descubrieron que un poco menos de la mitad de la Carta quedaría petrificada: para comenzar, todos los cambios sobre el régimen electoral y sobre el Congreso afectarían de una forma u otra a los congresistas que tendrían que declararse inhabilitados. Sierra también preguntó: ¿por qué debían declararse inhabilitados los beneficiados políticamente con la reelección y no los perjudicados, por ejemplo los de la oposición? Cuando Cepeda hizo explícito que para él ya no hay vicios sino meros errores de conducción del debate, los magistrados disidentes supieron que la tenían perdida. Sólo faltaba Tafur. Tafur consideraba que el acto legislativo era inconstitucional porque no se habían dado las garantías suficientes de debate. Los demandantes alegaban que en la primera vuelta se había votado el acto legislativo sin permitir la participación de la bancada de oposición. Liberales y miembros del Polo se habían salido del recinto con tapabocas porque no había televisión. Existía, además, la constancia de un senador, Héctor Arango, de que no lo habían dejado hablar. Araújo y Beltrán pidieron entonces la revisión de los audios y videos de las sesiones del Congreso para examinar entre todos y en detalle el episodio de los tapabocas. Si los dos magistrados buscaban así inclinar el fallo en contra de la reelección, consiguieron el efecto contrario. Vargas había hecho una revisión minuciosa de las transcripciones de los debates en las gacetas y había descubierto varias 'evidencias' que salvarían la reelección. La secuencia de los hechos era la siguiente: el representante J. J. Vives explica que se salen del recinto porque su objetivo es explicarles a los colombianos su rechazo a la reelección, no a sus colegas que ya conocen desde hace rato su posición (deja claro que han tenido suficiente oportunidad de debatir). El presidente de la Cámara declara un receso para buscar la televisión y media hora después, reanuda la sesión sin cámaras y votan la ley de habeas corpus y el mecanismo de búsqueda urgente de desaparecidos (queda claro que los que se salieron tuvieron tiempo suficiente para volver). El presidente pregunta si alguien más quiere intervenir. Telésforo Pedraza, de la oposición, pide la palabra y solicita que la votación sea nominal. Luego Plinio Olano dice que ya no quiere intervenir. Acosta concluye: "Quedó claro que nadie quiere intervenir, que se retiraron las personas que iban a intervenir" y proceden a votar. Al examinar la constancia de Arango, la mayoría de los magistrados se convenció de que este representante había pedido la palabra para explicar por qué siendo liberal había decidido no ponerse el tapabocas y por qué pensando que Uribe Vélez es "el mejor hombre que tiene el país", votaba en contra de la reelección. Era una constancia sobre su dilema personal, no sobre el acto legislativo. Pero una prueba más terminó de convencer a Tafur y a Cepeda. Escobar los puso a oír un audio del final de la votación, que no quedó registrado en las gacetas, en el que se oye a Alonso Acosta gritándole a Vives: "Ajá, doctor Vives, agradable verlo en la barras". Con esto, seis de los magistrados concluyeron que los que se salieron dejaron de participar en el debate por su propia voluntad porque por lo menos algunos permanecieron en el recinto. Córdoba, Araújo y Beltrán mantuvieron su voto en contra. Creían que estos vicios demostraban la falta de transparencia de todo el procedimiento. Esto sucedió el martes 11. La reelección pasaba. Al día siguiente, discutieron los vicios en la conciliación y concluyeron con la misma correlación de 6-3. El jueves 13, Escobar Gil propuso votar de una vez. "¿Es que acaso tiene afán de que se resuelva la reelección para que el gobierno le remunere el voto?", le preguntó el magistrado Jaime Araújo. Todos quedaron de una sola pieza. Entonces, Monroy, que rara vez habla o se exalta, dijo: "Señor presidente, esa afirmación es inaceptable". Fueron cinco segundos eternos de silencio. Rodrigo Escobar, calmado, pidió registrar en las actas que denunciaría penalmente y pediría que le abrieran una investigación disciplinaria a Araújo. En ese momento, Beltrán, que había pedido la palabra antes del incidente, hizo un ademán de hablar y Cepeda inmediatamente le dio la palabra. Habló durante una hora y la sesión se enfrió. Algunos magistrados propusieron sesionar de manera extraordinaria el viernes 14, con el fin de llegar a una conclusión. La tensión que reinaba en el ambiente no daba para más esperas, máxime cuando ya la decisión parecía tomada. Pero Araújo dijo que tenía que firmar una escritura por la mañana y tenía una cita médica por la tarde. Aunque Córdoba y Cepeda habían cancelado viajes al exterior para poder sesionar el viernes, Araújo no cedió. Entonces aplazaron la votación final para el 18, puesto que el lunes era puente. Cuando se reunieron el martes, recibieron la noticia de la recusación contra Sierra y Monroy. Como el decreto que regula las deliberaciones de la Corte dice que sólo puede recusar el que demanda una ley o el Procurador, pensaron que evacuarían el tema rápidamente, pues el señor Mauro Torres, que recusaba a los magistrados, no había demandado la reelección. Esa había sido la tesis acogida por unanimidad cuando recusaron a Araújo cuatro meses atrás por declaraciones que había hecho contra el presidente Uribe. No obstante, Araújo dijo que no compartía esa tesis y solicitó que se verificara si Torres era coadyuvante de una demanda. En efecto, lo era. Entonces Sierra tuvo que abandonar la sala mientras discutían si el hecho de que tuviera doble nacionalidad (también es italiano) afectaba su imparcialidad. Araújo fue el único que consideró que un 'extranjero' no podía decidir sobre el futuro Presidente. Fue derrotado 8 a 1. Luego discutieron si la edad de Monroy equivalía a la edad de retiro forzoso que lo inhabilitaba para ser magistrado. Araújo fue nuevamente derrotado. Superada la recusación, debatieron si el gobierno había tenido una participación indebida en el trámite. Durante más de una hora Beltrán y Araújo recordaron las intervenciones de Fernando Londoño cuando era ministro, la salida de Noemí Sanín por la reelección de Uribe, la forma como el gobierno intervino en el trámite con nombramientos de parientes de congresistas, el cambio de voto de Yidis y Teodolindo para demostrar que era una reforma en interés propio del Presidente. Córdoba estuvo de acuerdo con el análisis, pero dijo que esos argumentos eran de tipo político y que no podían ser objeto de control por parte de la Corte. Así la última votación fue 7-2. Con esta última votación quedó salvada la reelección. Sólo faltaba anunciarla al público. Lo hizo Cepeda con el comunicado más largo de la historia: 31 páginas sólo entendibles por los estudiantes de derecho. Sin embargo, a todo el mundo le quedó claro que había dicho que sí. Era lo único que le importaba a la mayoría de los colombianos.