Grandes preguntas rondan el asesinato, el pasado 23 de marzo, de Manuel Antonio Ruiz, reclamante de tierras de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Urabá chocoano. Él iba a ser el guía del Incoder en un recorrido para fijar los linderos de Los Pisingos, un área que fue despojada por paramilitares de Carlos Castaño en 1996 y que después quedó en manos de empresas de palma y bananeros. Para evitarlo, sus asesinos le tendieron una trampa: le enviaron un mensaje de texto que decía que era el ganador de 3 millones de pesos. Para ser efectivo el pago, debía viajar hasta Mutatá y recargar unos celulares. A la salida del pueblo, desconocidos lo interceptaron y se lo llevaron. Según la Defensoría del Pueblo, él y su hijo de 15 años fueron torturados y sus cuerpos lanzados al río. No bastará con encontrar a los responsables de estos crímenes. Habrá que evitar que más líderes como Manuel mueran para creer que en Colombia la restitución de tierras es una realidad.
