OPINIÓN ONLINE
Secretarías de Educación dedicadas a los favores y no a mejorar la educación
Los avances de la educación básica y media en acceso y cobertura son notables. También algo hemos avanzado en gestión administrativa, pero falta fortalecer la gestión para la educación y para la calidad.
Uno de los problemas más graves de la educación en Colombia es la escasa importancia que otorgamos a la gestión administrativa y educativa de las secretarías de educación y de los colegios oficiales. Los resultados de la gestión de estas secretarias como en cualquier organización pública o privada dependen de quién está al frente y del equipo directivo.
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Las secretarías de educación son organizaciones descomunales en tamaño y responsabilidades, sólo menciono que ellas manejan más de 25 billones de pesos que Colombia invierte en educación básica y media, por año, sumando los recursos nacionales, territoriales y de regalías. Además, estas secretarías administran una planta de 360.000 funcionarios (320.000 docentes oficiales, más 40.000 personas de apoyo en los colegios y en dichas entidades), así como las 45.000 sedes educativas oficiales, y el acceso y la permanencia de 8.3 millones de estudiantes de los colegios oficiales, sin olvidar la alimentación, el transporte escolar, el mantenimiento y construcción de infraestructura y demás dotaciones escolares. En conclusión, son muy importantes estas secretarias de educación para el desarrollo de la educación del país.
Sin embargo, en Colombia casi que cualquier profesional con 2 años o más de experiencia puede ser secretario de educación y quien llegue a serlo depende de los gobernadores o alcaldes. No se hace concurso público de méritos, ni se necesita formación ni experiencia en el sector educativo. Lo anterior lo califico como un infortunio para el país, la educación, los niños, los docentes y los padres de familia. En la mayoría de los casos estas secretarías son apetecidas y entregadas a grupos políticos regionales o locales quienes deciden nombrar directivos sin experiencia ni vínculos previos con el sector educativo. Una vez posesionados, estos secretarios tendrán que empezar a visitar y a conocer los colegios y el sistema educativo oficial y privado; con seguridad abordarán las preguntas fáciles (imagínense las complicadas): ¿qué es Sistema general de participaciones? ¿Cómo llegan los recursos nacionales a la entidad? Y, más grave, ¿qué es pedagogía? ¿Qué llaman calidad en educación? ¿Eso es igual que resultados en pruebas SABER?
De igual forma, el Ministerio de Educación nacional, MEN, citará a los secretarios de educación y hará la respectiva capacitación de 2 días sobre los planes y programas nacionales en educación. En ese momento (primer mes de nombrados) empezará el calvario para ellos (los más interesados) aprender a manejar el sector, los sistemas de información y a responder los cientos de solicitudes del MEN, de las entidades nacionales, de las organizaciones de control, de alcaldías o gobernaciones y de las comunidades. Para el momento en que ellos logren asimilar las particularidades de la gestión del sector educativo habrán pasado 2 años o más de gestión. Ya algunos de los secretarios habrán salido o se irán pronto de sus cargos, y los secretarios que continúan arrancarán a administrar el sector con un mayor conocimiento, demasiado tarde, pues al finalizar el tercer año las entidades territoriales entrarán de nuevo al modo proceso electoral.
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También suele ocurrir que alcaldes y gobernadores nombran como secretarios de educación a rectores o maestros en ejercicio, a dirigentes regionales o locales de los sindicatos educativos, quienes tienen formación en pedagogía, pero no en gestión educativa y menos en administración pública.
Cada 4 años el país cuenta con unos secretarios de educación que no saben de educación, ellos se dedicarán a lo que toca, a hacer toda clase de favores de tipo clientelar. Los secretarios, para sólo mencionar un caso, pueden trasladar docentes, coordinadores, rectores y personal de apoyo. Nadie se imagina cuánto aprecia un político y un docente la ayuda con un traslado de un municipio a otro, de un colegio ubicado en un barrio marginal a uno bien situado, o del sector rural al urbano. También, en esta cadena de favores, los secretarios pueden nombrar docentes y personal de apoyo en provisionalidad, más del 50% del personal de apoyo y administrativo se encuentra en provisionalidad y nadie parece tener interés en realizar los concursos meritocráticos. Así mismo, los secretarios pueden ayudar a conseguir un cupo escolar en los mejores colegios oficiales de sus entidades territoriales, o entregar un mayor número de cupos a financiar por el Estado en colegios en concesión o contratados, favor que también aprecian padres de familia, concesionarios, dueños de los colegios y los políticos que intermedian.
Entiendo que los males anteriores no se solucionan con un concurso de méritos o con un prohombre de la gestión educativa, pero con seguridad avanzaremos en la dirección correcta cuando como sociedad decidamos que la educación, su calidad y su gestión importan, así como la felicidad de los estudiantes. Para empezar, podemos establecer unos requisitos mínimos sobre quién puede ser Ministro o Secretario de educación, por ejemplo, exigir que quien ejerza uno de estos cargos para ser nombrado debe tener mínimo título de maestría en educación y experiencia en el sector educativo o social.
A propósito, los sistemas de información del sector educativo son un desastre y no son abiertos al público, tal vez exceptuando los de educación superior, porque estos se construyeron en el ICFES cuando esta entidad administraba la denominada educación terciaria. Invito a que miren las páginas web del MEN y encontrarán que las estadísticas de la educación básica corresponden a 3 años atrás, igual sucede con las páginas de las secretarías, DANE va hasta el 2015. Tampoco existen en la mayoría de las secretarias sistemas abiertos de traslados o nombramientos en provisionalidad y menos un sistema que permita que ciudadanos e investigadores conozcan los costos promedio de la alimentación y el transporte escolar por entidades territorial certificada, o el de las dotaciones. Por aquí también podemos empezar: información actualizada, en tiempo real, para mejorar participación, control ciudadano y gestión.
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