También caerá

No es la primera vez que el tema del censo electoral se toma el debate político. Ya es cuento viejo que en Colombia los muertos votan. Y no son pocas las veces que se ha tratado de depurar, sin éxito. En 1986, el entonces ministro del Interior, Jaime Castro, expidió el Código Electoral, que incluía una fórmula para actualizar el censo electoral, pero al pasar de los años el número volvió a crecer.

Y si bien es cierto que es necesario contar con un censo actualizado, es desmedida la nueva iniciativa del propio Jaime Castro y el gobierno, que busca incluir en el censo únicamente a los ciudadanos que votaron en la última elección, a quienes tienen su cédula recién expedida y a todo aquel que se inscriba. En medio de un año electoral, más de 15 millones de colombianos quedarían excluidos del censo de un solo plumazo. En Bolívar, la situación es dramática, pues tuvieron una elección atípica en octubre y en esta solo participó el 10 por ciento de los ciudadanos. Con esta medida, el 90 por ciento restante quedaría excluido del censo.

Expertos constitucionalistas consultados por SEMANA aseguran que este artículo viola los derechos de los ciudadanos -en especial de los abstencionistas- y pone barreras a la participación de la ciudadanía. En Colombia el voto es voluntario y, además, según una sentencia de la Corte Constitucional en 2004, abstenerse es un derecho. Por otro lado, también es posible que el artículo se caiga por vicios de procedimiento, pues no cumplió el trámite de rigor en el Capitolio.

Según la Gaceta del Congreso, el artículo apareció en la ponencia para la plenaria de Cámara y fue aprobado sin ser debatido en comisión. En el Senado, su trámite también fluyó y, antes de Navidad, la reforma fue aprobada. Por estas razones, los opositores de la medida afirman que es imposible que el artículo supere el examen de forma y fondo.

Quienes apoyan la idea, como el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, argumentan que se reducirían los costos electorales en materia logística y de papelería. Sin embargo, opositores de la medida afirman que las inscripciones masivas que implica también generarían altos costos fiscales. Actualmente, solo hay dinero para inscribir a dos millones y medio de colombianos.

Por otra parte, el gobierno y sus aliados objetan también que el censo "inflado" es un instrumento para fraude electoral y que los mecanismos de participación ciudadana, como los referendos, las consultas populares y las revocatorias de mandato -ha habido más de cien intentos-, no funcionan en Colombia porque es imposible llegar al umbral. Sin embargo, también hay voces que afirman que es peligroso recortar el censo porque podría dar para abusos de los mecanismos. "Será más fácil convocar al pueblo para pasar una reforma constitucional que llamar al Congreso", afirma un conocedor del tema.

El gobierno no contaba con la controversia que se generaría por este artículo. Pero en pocos días la medida ha desatado rumores con consecuencias imprevisibles. Que los uribistas están detrás para promover una eventual reelección del expresidente Uribe o que fue una movida para callar la voz del Polo Democrático son algunos de los que han tomado fuerza. Son susceptibilidades exageradas, propias de la interpretación conspirativa que despiertan este tipo de medidas, pero que indican que se está jugando con candela. Y que, en materia de reglas de juego electoral, conviene ir con prudencia.

Tampoco se esperaban las respuestas del registrador Sánchez, quien puede demostrar al día de hoy que el censo está actualizado gracias al proceso de renovación de cédulas y a las últimas depuraciones. Según él, el censo real es el número de personas que reclamaron la nueva cédula: casi 30 millones de ciudadanos activos. De este, solo se debería excluir a las Fuerzas Armadas y a los condenados, que no pueden votar. En otras palabras, no habría que depurar el censo.

Más allá de los argumentos, lo cierto es que es inconveniente presentar este tipo de medidas en medio de coyunturas electorales y con un procedimiento que tiene toda la apariencia de un auténtico mico que, por consiguiente, impidió un debate a fondo. El exministro del Interior Humberto de la Calle dice que "como el tema se ha politizado hasta el punto de que el Polo Democrático piensa que es una jugada uribista para liquidarlo, lo mejor es aplazar le vigencia de la medida". A todas luces, el debate sobre el tamaño adecuado del censo es fundamental, pero el momento adecuado no es en vísperas de unas elecciones.