Un elefante en la corte

No es nuevo que un animal protagonice un proceso judicial. Desde el siglo XIV se conocen casos como el de un cerdo en Francia al que la justicia condenó a la pena de muerte tras comerse a un bebé. En 1916, en Estados Unidos, Mary, una elefanta de un circo, fue ejecutada por matar a su cruel entrenador. En los últimos tiempos los casos de animales que protagonizan litigios en los estrados judiciales han aumentado, pero ahora ellos ya no ocupan la silla de los acusados, sino la de las víctimas.

El elefante Happy, el protagonista del caso más reciente, llegó de Tailandia hace 25 años al zoológico del Bronx, en Nueva York, a compartir cautiverio con Sammy. En 2006 su compañero murió de falla renal, por lo que el animal quedó sumido en una profunda tristeza a pesar de los esfuerzos del zoológico. Para liberarlo de esa pena, el grupo Nonhumans Rights Project, liderado por el abogado Steven Wise, interpuso a su favor una acción de habeas corpus, una de las herramientas legales más antiguas para proteger la libertad de las personas. Wise argumenta que un individuo de su especie, caracterizada por crear estrechos lazos sociales con sus semejantes, no debe vivir en un zoológico, y busca que lo transfieran a un santuario en California con más espacio, donde estará en la compañía de otros elefantes.

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Para muchos el pleito es absurdo. Consideran que esos esfuerzos deberían servir para proteger humanos y no animales, a los que la mayoría de los códigos civiles consideran cosas o propiedades. También argumentan que otorgarles derechos atenta contra el concepto mismo de ser humano. “Con este nuevo paradigma, la gente podría inclinarse no solo a mirar a los animales más inteligentes como humanos, sino a los humanos menos inteligentes como animales”, dice el profesor de derecho Richard Cupp a la revista The Atlantic. Richard Epstein, su colega de la Universidad de Nueva York, teme que la gente extienda estos derechos a aquellos que se usan para el consumo humano. “Matamos millones de animales al día para comer. Si se les otorgan derechos, estaríamos cometiendo otro holocausto”.

Pero el movimiento de abogados y ambientalistas, entre los que se encuentran la activista Jane Goodall, piensa que no solo los humanos merecen que la sociedad reconozca y proteja sus derechos fundamentales; y que, aunque no son personas, tampoco pueden considerarse cosas. Darles derechos, dicen, no los iguala a un ser humano. “No buscamos que un oso vaya a la universidad o que esté inscrito en el programa Familias en Acción, sino que viva en su medio natural, sin estrés y sin sufrir vejámenes”, dice Luis Domingo Gómez, abogado que lideró un caso similar en Colombia.

Se trata de Chucho, el oso de anteojos de 24 años trasladado de una reserva en Manizales a un zoológico en Barranquilla, lo que Gómez consideró una crueldad con el animal, que pertenece a una especie en vías de extinción. “Era como si después de gozar de libertad a uno lo encerraran por viejo”, dice. Gómez también acudió al mecanismo de habeas corpus para lograr la libertad del oso.

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La Corte Suprema de Justicia le otorgó a Chucho el derecho a que lo devuelvan a la reserva natural La Planada, pero el zoológico interpuso una acción de tutela que actualmente revisa la Corte Constitucional. A pesar de ese traspié, Gómez siente vientos de victoria porque algunos magistrados han manifestado la necesidad de unificar los conceptos en el tema. En Colombia la ley protege los animales y los considera seres sintientes, pero aún hay un déficit de mecanismos para hacer cumplir esa norma. “Es posible que una acción popular para proteger a un perro maltratado funcione en Bogotá, pero no en todo el país”, dice el abogado.

Casos como ese se han presentado en muchos países. En 2005, en Brasil, un grupo pro derechos de los animales entabló una acción judicial para reconocerle el habeas corpus a Suiza, una chimpancé cautiva en un zoológico, pero murió antes de que la corte fallara el caso. En Argentina, un grupo demandó para que la chimpancé Sandra gozara de libertad, pero la justicia negó la aspiración por considerar que no se trataba de un humano. Desde 2013, el grupo de Wise ha entablado pleitos a nombre de cuatro chimpancés en Nueva York y de tres elefantes en

Connecticut y los ha perdido. Hasta ahora solo ha tenido éxito el proceso de Cecilia, una chimpancé en Mendoza (Argentina) a la que en 2016 le concedieron el habeas corpus, por lo que pasó del zoológico de esa ciudad a un santuario en Brasil. A pesar de las derrotas, los activistas han logrado con estos pleitos que los jueces tomen el asunto en serio.

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Por eso, la coyuntura del caso de Happy representa un momento único para reflexionar sobre el estado de la ley y los animales. Hasta hace relativamente poco la crueldad contra los animales era apenas una contravención menor en el mundo, pero el terreno podría estar abonado para que el juez decida a favor del elefante. Según un sondeo realizado por Gallup en 2015, una gran mayoría de estadounidenses se preocupa por el maltrato animal y algunos juristas en su país ya empiezan a considerar equivocado no extender el habeas corpus a los animales.

En el caso del chimpancé actor Tommy, víctima de abusos, un juez norteamericano consideró erróneo negarle el derecho, basado en el argumento de que esos animales no son personas y no tienen conciencia para asistir a un juicio ni asumir la responsabilidad por sus acciones. “Lo mismo podría decirse de los niños o de los pacientes en estado de coma, y aun así nadie considera impropio buscar el ‘habeas corpus’ en defensa de sus derechos”, dicen.

Además, cada vez más expertos comparten la noción de que no solo los humanos son sujetos de derechos. De hecho, las compañías lo son ante la ley y, recientemente, también los ríos y las reservas forestales. En Nueva Zelanda la justicia le concedió el estatus de persona jurídica al río Whanganui, algo similar a lo que sucedió en el estado de Uttarakhand, en India, con los ríos Ganges y Yamuna. En Colombia el Amazonas y el Atrato también tienen personería jurídica.

En India la ley considera algunos cetáceos, como los delfines, seres no humanos con derechos. La Unión Europea, India, Colombia, Taiwán, algunos estados de Brasil y California prohibieron usar animales para hacer pruebas de cosméticos. En Nueva York e Illinois abolieron los elefantes en los circos, mientras que las corridas de toros son cada vez más escasas en el mundo.

Los defensores de los derechos de los animales han ido más lejos aún al entablar litigios por razones diferentes a protegerlos. Sucedió con Naruto, el macaco de Indonesia que se tomó una selfi cuando el fotógrafo David Slater desatendió su cámara. El movimiento conocido como PETA, por su sigla en inglés, entabló un pleito para defender los derechos de autor del primate. Aunque la moción no prosperó, el proceso duró tres años y le dio la vuelta al mundo.

El aumento de estas demandas, según los expertos, se debe a que la ciencia ha podido establecer que los animales sienten, tienen emociones y comportamientos parecidos a los humanos y algunos compartirían con el Homo sapiens ciertos rasgos de inteligencia. De hecho, Happy ya había sido famoso por ser el primer elefante en pasar una prueba de autoconciencia en un experimento en 2016. Durante la prueba el elefante no se involucró en comportamientos sociales con su imagen, o sea que no confundió su reflejo con otros animales de su especie: se reconoció en el espejo. Al hacerlo logró una hazaña que casi ningún animal –ni siquiera un bebé humano– logra.

Según Gómez, la ley siempre va más lentamente que la realidad, pero poco a poco su causa ha avanzado. Por eso es de esperarse que estos casos aumenten. “Las Cortes en el futuro serán más receptivas”, dice. Si tiene razón, no tendrá nada de raro ver abogados que representan desde macacos hasta gallinas en los estrados judiciales.