La Fiscalía General de la Nación reportó esta mañana de miércoles, 3 de junio, que una mujer señalada de mantener a más de 300 perros en precarias condiciones fue judicializada por presunto maltrato animal.
Asegura que el refugio recibía donaciones y aportes materiales para la manutención de los perros, pero, aún así, las condiciones del lugar eran precarias para los caninos.
“Un hogar de protección canina ubicado entre las veredas Vático y Eseas, en Carmen de Carupa (Cundinamarca), que recibía donaciones y aportes materiales para la manutención de perros recuperados por estar en situación de abandono o que enfrentaban riesgo inminente en la calle, se habría convertido en realidad en un lugar de hacinamiento y que brindaba precarias condiciones de protección”, informó la Fiscalía.
En tal sentido, el ente acusador indicó que un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó a María Constanza García Aguirre, dueña del albergue, el delito de maltrato animal. Sin embargo, la mujer no aceptó el cargo.
La Fiscalía recordó que, antes de judicializar a García Aguirre, se llevaron a cabo visitas al albergue de manera coordinada con la Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC), en las cuales efectivamente constataron que que en el inmueble alcanzaron a albergar en encierro a más de 300 perros en condiciones que comprometían su salud y bienestar.
Por lo tanto, algunos de los animales presentaron problemas de desnutrición, así como enfermedades y lesiones que comprometen sus vidas.
“Durante una visita hecha el 12 de agosto de 2022, se encontraron animales sin acceso suficiente a alimento y agua, y en un entorno que no contaba con la estructura ni los recursos que garantizaran la protección eficiente. Esto generó afectaciones a la integridad física de los caninos, algunos presentaban cuadros de desnutrición, enfermedades y lesiones”, concluyó.