Las pensiones, pese a ser uno de los temas más sensibles para los ciudadanos, no escapan a las críticas por haberse convertido en un eje de la contienda política en plena carrera por la presidencia.
El sistema fue reformado, pero la ley pensional está suspendida y depende de la decisión que tome la Corte Constitucional, lo que motivó la crítica del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien durante el Congreso de Asofondos le habló directo al alto tribunal para pedirle que deje a un lado lo que llamó “dilación de la reforma pensional”.
Por el lado de los fondos privados, que se sienten afectados con el paquete de decretos que está expidiendo el Ejecutivo, aun con la medida de suspensión que determinó la Corte, la preocupación sigue siendo el creciente déficit, pues el sistema pensional está sumido en un dilema: pocos cotizantes activos y muchos más colombianos envejeciendo y viviendo más años, mientras se reduce la tenencia de hijos.
La estadística que puso en el debate el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, constató ese desafío que, hasta ahora, poco o nada ha sido atendido, lo que hará que se requiera una nueva reforma al sistema de aseguramiento en la vejez. “Se necesitan casi ocho cotizantes para financiar una pensión mínima y hoy solo hay cuatro. En 25 años solo habrá dos. El resto de recursos tendrá que ser financiado con impuestos”, dijo el directivo gremial, que además agregó que la única manera de financiar de forma eficiente las pensiones es con el modelo de ahorro individual. Se necesitarán 190 puntos del PIB para financiar las pensiones, lo que algunas voces catalogan como “una bomba atómica”.
En contraste, desde el Gobierno, que parece estar en una disputa con los privados por el control de los ahorros pensionales, argumentan su pedido en el derecho que implica llegar a la vejez y tener alguna protección, según manifestó Sanguino.
El superfinanciero, César Ferrari, se sumó a esas filas, al asegurar que “algo está pasando”, porque los fondos privados manejan ahorros de más de 550 billones de pesos, lo que representa el 30 por ciento del PIB, por lo que se preguntó: “¿Por qué con tanto dinero el país no ha construido fábricas para generar empleos?”.
Los decretos que se desgajan de la ley de reforma pensional están en el foco del debate sobre las pensiones. De hecho, en pleno congreso de Asofondos se hizo realidad uno que venía en capilla desde tiempo atrás, generando fuertes controversias, porque permite el traslado de cerca de 25 billones de pesos provenientes de los ahorros de cotizantes que querían pasarse desde las AFP a Colpensiones.
Juan David Correa, presidente de Protección, expuso los argumentos que tiene para rechazar el decreto que, entre otras cosas, los obligaría a girar el dinero en menos de 30 días –antes de las elecciones– y estaría en contra de la ley pensional que el mismo Gobierno aprobó en el Congreso de la República. “Es un traslado imposible, porque la ley es clara: esos recursos deben permanecer en los fondos privados hasta que las personas que se cambiaron de régimen cumplan la edad de jubilación”, dijo el directivo.
Contrario a ello, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, sostuvo que los fondos están en mora de liberar los recursos, pues, hasta el momento, la entidad pública ha tenido que asumir el pago de mesadas de las personas que vienen de los fondos privados y ya se pensionaron. “Se han trasladado más de 109.000 personas, aprovechando la ventana de oportunidades que quedó vigente de la reforma pensional y 24.800 ya fueron pensionados; aun así, no hemos recibido los recursos, me los deben, son 5,5 billones de pesos”, dijo.
Velasco afirma que el argumento que usa el Gobierno para reclamar los recursos de los trasladados, que es el de la necesidad de financiar las pensiones de los que llegan, se cae de su propio peso.
“De los trasladados, hay 100.000 personas que siguen estando en la etapa contributiva y aportan 650.000 millones de pesos al año. Además, después de cubrir los costos, Colpensiones recibe 561.000 millones anuales por esos traslados. Eso supera, y sobra, para pagar las mesadas, que demandan 450.000 millones de pesos anuales”.
La controversia alrededor del decreto de traslado de los 25 billones de pesos motivó la convocatoria de un encuentro de todos los implicados la próxima semana.