SEMANA: ¿En qué consiste el acuerdo de comercio recíproco que se está negociando entre Colombia y Estados Unidos?
MARÍA CLAUDIA LACOUTURE: El ART (Agreement on Reciprocal Trade, en español, Acuerdo sobre Comercio Recíproco) busca acordar entre los gobiernos, condiciones para mejorar la relación comercial y resolver asuntos específicos entre ambos países. Los precedentes muestran que puede incluir aranceles, trámites aduaneros, requisitos sanitarios, comercio digital, inversión y cadenas de suministro. Su alcance depende de cada negociación.
Es importante resaltar que desde AmCham hablamos como organización empresarial, no representamos a ninguno de los dos gobiernos ni participamos en la negociación. Nuestra lectura se basa en información pública. Para Colombia, vemos una oportunidad de resolver obstáculos comerciales y mejorar las condiciones para exportar, producir e invertir; los compromisos concretos deberán conocerse en el texto acordado.
SEMANA: ¿En qué queda el TLC? ¿Qué cambia y qué se mantiene?
M.C.L.: El TLC sigue vigente y continúa siendo el marco jurídico de la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos. El ART podría coexistir como un acuerdo adicional para resolver obstáculos específicos, desarrollar compromisos existentes o incorporar otros nuevos. Celebrar un nuevo acuerdo no implica, por sí solo, reemplazar el anterior.
Por ejemplo, podrían mantenerse las preferencias y las reglas de origen del TLC mientras se acuerdan medidas adicionales para simplificar trámites aduaneros o fortalecer las cadenas de suministro. Para ello, el texto debe precisar cómo se relacionan ambos instrumentos y asegurar la coherencia de sus obligaciones. Lo que cambie dependerá del texto final. Si incorpora nuevas obligaciones o modifica las existentes, deberán cumplirse los procedimientos jurídicos correspondientes.
SEMANA: ¿Qué sectores entran y en qué condiciones se está negociando?
M.C.L.: Todavía no contamos con un texto público que permita identificar compromisos sectoriales definitivos. Sí conocemos asuntos señalados por USTR en su informe de barreras comerciales: procedimientos aduaneros, requisitos para vehículos y alimentos, contratación pública, propiedad intelectual y servicios digitales, entre otros. Son observaciones de la autoridad estadounidense; no equivalen a concesiones aceptadas por Colombia.
Desde la perspectiva empresarial, interesa que cualquier compromiso facilite el comercio, tenga condiciones de cumplimiento claras y considere las capacidades y necesidades de los sectores involucrados. La oportunidad debe evaluarse tanto para quienes exportan como para quienes importan insumos y producen en Colombia.
SEMANA: ¿Qué beneficios tendría Colombia y qué sectores podrían estar amenazados?
M.C.L.: Se podría pensar en un eventual disminución o alivio del recargo del 12,5 %, el cual mejoraría las condiciones de competencia de las exportaciones afectadas. Hay que resaltar que de nuestra canasta exportadora el 20,8 % se encuentra con arancel del 12,5 %, mientras que el 72,4 % entra al mercado de Estados Unidos con 0 %. Hay que considerar, que también habría oportunidades si se simplifican trámites y se reducen costos de operar entre ambos mercados. Ese resultado requiere una decisión formal estadounidense; la firma de un acuerdo no permite darlo por hecho.
Sin el texto, sería prematuro señalar sectores amenazados. Sí deben evaluarse cuidadosamente los cambios en acceso agropecuario, requisitos sanitarios, datos y abastecimiento desde terceros países. Los precedentes incluyen compromisos sustantivos en estas materias. La respuesta empresarial es pedir evaluación de impactos, transiciones viables y beneficios concretos que justifiquen los ajustes.
SEMANA: ¿Cuál es la posición de Estados Unidos frente al acuerdo con Colombia?
M.C.L.: La información oficial muestra disposición a avanzar y resolver asuntos comerciales pendientes. El comunicado de MinComercio del 20 de agosto recoge ese interés y el reconocimiento de avances en temas de larga data. Esa señal favorece el diálogo, aunque no permite anticipar condiciones ni resultados.
Los documentos de USTR muestran, además, interés en compromisos verificables. En trabajo forzoso, su evaluación contempla tanto la prohibición de importar esos bienes como su aplicación efectiva. Por eso, la implementación del decreto colombiano será relevante para el diálogo técnico.
SEMANA: ¿Colombia entraría a formar parte de un grupo con qué características?
M.C.L.: Se sumaría a una serie de acuerdos bilaterales con economías muy distintas. USTR publica diez ART: Malasia, Camboya, El Salvador, Guatemala, Argentina, Bangladés, Taiwán, Indonesia, Ecuador y Jordania. Algunos socios ya tenían TLC con Estados Unidos y otros no; tampoco todos asumieron los mismos compromisos.
Hay temas que se repiten: acceso a mercados, regulación, comercio digital, trabajo y seguridad de las cadenas de suministro. Sin embargo, compartir esos temas no significa recibir idéntico tratamiento. Cada país negocia desde sus intereses, su estructura productiva y sus obligaciones vigentes.
SEMANA: ¿En qué se diferenciaría el acuerdo colombiano de los otros diez?
M.C.L.: La diferencia concreta solo podrá establecerse cuando conozcamos el texto. Colombia parte de un TLC vigente y de una relación comercial desarrollada, con asuntos pendientes propios.
Los ejemplos muestran por qué no conviene trasladar automáticamente resultados: Guatemala incluyó medidas para agilizar el despacho de mercancías de bajo riesgo; Ecuador previó cupos de importación sin arancel para ciertos productos agrícolas estadounidenses; y El Salvador incorporó compromisos sobre servicios digitales y transferencia de datos.
Para Colombia, la evaluación debe centrarse en qué obstáculos se resuelven, qué beneficios se obtienen y qué obligaciones y costos de adaptación se asumen.
SEMANA: ¿El acuerdo toca temas de protección a la inversión?
M.C.L.: No sería correcto descartarlo antes de conocer el texto. Algunos precedentes contienen compromisos expresos: el acuerdo con Argentina incluye disposiciones para facilitar inversión estadounidense en minerales críticos, energía e infraestructura. Colombia ya cuenta con reglas de protección a la inversión en el capítulo 10 del TLC. Habrá que establecer si el ART las complementa o incorpora obligaciones adicionales.
SEMANA: El ministro habló de una “semana definitiva”. ¿Qué significa y qué se está discutiendo?
M.C.L.: Corresponde al Gobierno nacional precisar el alcance de esa expresión y comunicar los avances de las conversaciones. Desde AmCham valoramos la continuidad del diálogo y esperamos que permita acercar posiciones y abrir nuevas oportunidades para el comercio y la inversión entre ambos países.
SEMANA: ¿Cuál es el cronograma para sacar adelante el acuerdo?
M.C.L.: Corresponde a los gobiernos definir y comunicar el cronograma. La experiencia de otros acuerdos no permite anticipar una fecha exacta para Colombia, pero sí identificar las etapas: concluir la negociación, firmar el acuerdo, cumplir y notificar los procedimientos internos aplicables y avanzar hacia su entrada en vigor, según las condiciones pactadas. Así lo contemplan, con plazos distintos, los acuerdos con Guatemala y Jordania.
Desde AmCham esperamos que el proceso avance con agilidad y solidez jurídica, para que las empresas puedan planear con reglas claras y conocer cuándo serían efectivos los compromisos y eventuales beneficios.