En medio del debate alrededor del proyecto de ley de rescate económico que presentó el Gobierno al Congreso para ajustar las cuentas vía reducción de gastos, venta de activos y nuevos tributos, distintos sectores están haciendo propuestas frente a esta iniciativa.
La Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) propuso al Gobierno Nacional establecer una senda gradual de al menos 20 años para el incremento del impuesto al carbono, con el propósito de proteger la competitividad de la industria, fortalecer la seguridad energética y facilitar la modernización tecnológica de los sectores productivos.
Fenalcarbón advierte que los incrementos tributarios previstos podrían llevar el impuesto a aproximadamente 119.000 pesos por tonelada de carbón en 2027 y superar los 212.000 pesos en 2029, calculados con la UVT de 2026, un valor que podría equivaler a cerca del 70% del precio del carbón en boca de mina. “Esta carga representaría una presión adicional sobre los costos de generación eléctrica y de industrias como la siderúrgica, cementera y coquizadora”, anticipa el gremio.
Ante este escenario, Fenalcarbón plantea una política tributaria que combine gradualidad, competitividad y sostenibilidad ambiental, mediante mecanismos de protección para la generación térmica y las industrias intensivas en energía, así como incentivos para la incorporación de tecnologías más eficientes y la disminución de emisiones, recalcando que el proyecto actual reduce del 50% al 25% la posibilidad de compensar el impuesto, castigando la inversión ambiental real.
“Colombia necesita una política energética que garantice abastecimiento confiable, precios competitivos y sostenibilidad. El país debe aprovechar inteligentemente sus recursos energéticos, fortalecer su capacidad de generación y asegurar condiciones que permitan a la industria competir y crecer. La seguridad energética no puede convertirse en un costo adicional para la economía, sino en una ventaja para el desarrollo nacional”, afirmó Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón.
El gremio considera que esta discusión es especialmente relevante ante la menor disponibilidad de gas natural nacional, la creciente necesidad de importaciones y la volatilidad de los mercados internacionales de energía. En este contexto, preservar la capacidad de generación eléctrica y el aprovechamiento de los recursos energéticos del país resulta estratégico para garantizar la confiabilidad del sistema y respaldar la actividad industrial.
“Más que frenar los objetivos ambientales, proponemos construir una ruta que permita avanzar en la reducción de emisiones sin comprometer la seguridad energética ni el crecimiento económico. Colombia tiene la oportunidad de hacer compatibles la sostenibilidad, la soberanía energética y la competitividad”, concluyó Cante.